Desde su nacimiento, Argentina ha sido un país abierto a la inmigración, su población así lo atestigua: es el resultado del encuentro entre pueblos originarios, descendientes de colonos españoles y millones de personas llegadas, mayoritariamente, desde Europa y América Latina. Aunque la Constitución nacional aún invita a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, el presidente Javier Milei ha hecho suya la bandera antiinmigración que agitan otros líderes de la ultraderecha global, como Donald Trump. Su Gobierno ha catalogado la cuestión migratoria como un problema de seguridad, asociando extranjería con delincuencia o terrorismo, y ha comenzado a cerrar la puerta de ingreso con un régimen cada vez más restrictivo y regresivo para los migrantes. No para todos, claro, porque a la vez ha propiciado vías de acceso especial para personas extranjeras que traigan su dinero al país.

Seguir leyendo