Los “héroes” de Javier Milei, aquellos que han logrado mantener sus ahorros a salvo de “las garras del Estado”, tendrán una nueva oportunidad para ingresar sus dólares al sistema sin sufrir penalidades. El ministro de Economía, Luis Caputo, envió al Congreso un proyecto que amplía la llamada ley de inocencia fiscal aprobada a fines del año pasado, pero que no ha dado hasta el momento los resultados de recaudación esperados. Para ampliar el universo de potenciales contribuyentes alcanzados, el Gobierno pretende eliminar los topes patrimoniales existentes para adherir a este régimen de excepción y, para convencer a los desconfiados, ofrecer nuevas garantías que blindan a los contribuyentes hacia adelante.

“Es para dejar a los ciudadanos mucho más tranquilos de que, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, van a estar perfectamente cubiertos”, explicó Caputo al presentar la reforma, que fue diseñada a partir de los puntos débiles que detectaron distintos asesores impositivos al aplicar la ley vigente.

De acuerdo con una estimación del Banco Central de la República Argentina, en el país hay alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema, contra los 40.000 millones de dólares que están depositados en bancos. Según la mirada de Caputo, esta situación fue generada por las distorsiones que la economía argentina viene arrastrando y la presión que ejerció el Estado sobre los ciudadanos, que los habría obligado a resguardarse en circuitos alternativos. “Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio, porque los dólares pierden valor”, aseguró el ministro, y sumó que “a nivel país tampoco sirve, porque necesitamos que la economía crezca, recaudar más”.

La Ley 27.799 es, en realidad, una modificación del Régimen Penal Tributario, pero fue bautizada informalmente por el Gobierno como “ley de inocencia fiscal”. Aprobada a fines del año pasado, junto con el presupuesto 2026, se reglamentó y entró en vigencia durante los primeros meses de este año. La norma consta, por un lado, de una reforma penal tributaria que elevó de manera sustancial los montos mínimos para configurar delitos de evasión (y desactivó, así, cientos de procedimientos judiciales en curso). Por otro lado, creó un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Es un régimen optativo que otorga una serie de beneficios. Por un lado, el contribuyente realiza una declaración jurada muy simple y sintética donde no incluye movimientos patrimoniales o justificaciones de sus consumos o de su nivel de vida. En segundo lugar, si se paga correctamente el impuesto a partir de ese momento, genera un “bloqueo fiscal” hacia atrás: se presume que se ha pagado de manera correcta en los años previos y no se revisa. Tercero, aquellas personas que tienen dólares no declarados, pueden ingresarlos al sistema sin ningún costo impositivo y sin consecuencias fiscales, siempre que el dinero provenga de operaciones o actividades lícitas (algo que le corresponde evaluar a la Unidad de Información Financiera si es que recibe el reporte de una operación sospechosa).

Uno de los principales cambios anunciados es la eliminación de límite económico que actualmente deja fuera de la posibilidad de blanquear a los contribuyentes que tengan ingresos totales de hasta 1.000 millones de pesos anuales (unos 830.000 dólares al tipo de cambio actual) y patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos (alrededor de 8,3 millones de dólares).

A diferencia de otros regímenes de excepción impulsados anteriormente, este no excluye a funcionarios públicos ni a sus familiares, algo que generó polémica cuando se conoció que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni adhirió al régimen en medio de una tormenta política por las sospechas de enriquecimiento ilícito. La posibilidad de que los funcionarios políticos blanqueen dinero y deban dar menos explicaciones sobre sus finanzas fue ratificada en el nuevo proyecto y podrían hacerlo sin importar cuán altos sean sus ingresos o su patrimonio.

En su redacción inicial, la ley propuesta establecía que si la diferencia entre lo declarado por el contribuyente y lo verificado por la administración superaba el 15%, se perdían automáticamente todos los beneficios del régimen. Tras las objeciones planteadas por especialistas, ese criterio fue modificado. Para 2025, sólo se considerará “significativa” una discrepancia superior a cinco millones de pesos (unos 3.350 dólares). Además, quienes registren esa diferencia tendrán la posibilidad de regularizarla sin ser excluidos del régimen simplificado.

Alrededor de 330.000 contribuyentes ya hicieron uso de este régimen de beneficios, aunque no todos presentaron ya su declaración jurada: alrededor de 100.000 iniciaron la gestión pero no la confirmaron. “Si no depositan los dólares del colchón es porque están muy mal asesorados”, insistió el ministro Caputo, que aclaró que la modificación no altera el objetivo original de la norma: “Sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros el acceso libre al sistema bancario, sin ninguna penalidad”, dijo.

Pese a las objeciones morales que podría despertar —después de todo, un blanqueo castiga a quienes cumplieron con sus obligaciones y beneficia a quienes no—, en las últimas dos décadas cada nuevo presidente argentino echó mano de alguna versión de esta herramienta para intentar recaudar. En 2008, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se exteriorizaron alrededor de 4.300 millones de dólares (a los que se sumaron otros 900 millones mediante un instrumento financiero que permitía volcar esos dólares a la compra de inmuebles, los Cedin) y con Mauricio Macri, en 2016, se “sinceraron” otros 116.700 millones, un récord a nivel mundial. Milei lanzó en 2024 un blanqueo de capitales que recaudó alrededor de 55.000 millones de dólares, al que sumó luego esta iniciativa, una especie de amnistía fiscal permanente.