La tentación de militarizar la seguridad pública para sofocar el crimen organizado se extiende como una constante por América Latina, aun cuando sus resultados a largo plazo generen profundos cuestionamientos. Ante el alarmante avance de la extorsión, el narcotráfico y el sicariato, distintos gobiernos de la región han recurrido a las Fuerzas Armadas para patrullar las calles, asumir la gestión de las cárceles o sostener estados de excepción prolongados.
