El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) sancionó a la fiscal de Instrucción y Familia de 2° Nominación de Bell Ville, Isabel Reyna, al acreditarse un patrón sistemático de maltrato laboral, hostigamiento y expresiones discriminatorias contra su personal y pares. Le impuso una multa de cincuenta (50) Jus y le recomendó buscar espacios profesionales para abordar sus dificultades de trato interpersonal.
Gritos, «ninguneo» y un ambiente de terror
La investigación administrativa, iniciada tras una denuncia del gremio de empleados judiciales (Agepj), reconstruyó un clima de trabajo signado por la angustia y el temor. Según los testimonios validados por el tribunal, la fiscal dispensaba un trato «inapropiado, abusivo e indecoroso» que incluía gritos diarios, exigencias desmedidas y la quita de la palabra a quienes consideraba que la habían «traicionado».
Uno de los puntos del expediente detalla cómo la magistrada exponía en público la salud de sus dependientes. Se acreditó que, al enterarse de que una empleada estaba bajo tratamiento psiquiátrico debido al estrés laboral, la fiscal la llamó «empleada dopada» frente al resto del equipo y sugirió que «lo peor que podría haber hecho era medicarse».
Discriminación y frases polémicas sobre víctimas
El fallo del TSJ también dio por probados múltiples hechos de discriminación racial, homofobia y gordofobia. Testigos relataron que la fiscal utilizaba términos como «negros» de forma despectiva y apodaba a colegas como «gordo hediondo» o «Pepa Pig».
Según el sumario, ante casos de abusos sexuales infantiles, la fiscal habría llegado a decir: “a los niños los vamos a torturar en la cámara Gesell hasta que digan la palabra pene o vagina”, manifestando un desprecio absoluto por los protocolos de no revictimización. También se le atribuye haber maltratado a la madre de una joven que se había suicidado, diciéndole que su hija «tenía derecho a morirse».
Condenado por drogas y robo, cuando salió de prisión fue becario municipal y empleado de Senaf
Éxodo de personal y la defensa de la fiscal
La gravedad de la situación quedó reflejada en la rotación constante de personal: en el periodo investigado, ocho empleados solicitaron el traslado para huir del maltrato. Un juez de la sede de Bell Ville testificó que los pedidos de pase eran unánimes en su fundamento: «es difícil trabajar en esa Fiscalía».
En su defensa, la fiscal Reyna —quien cuenta con 35 años de trayectoria— negó los cargos, calificó su estilo como «directo» y atribuyó los testimonios a una supuesta «traición» o complot de sus subalternos. Sin embargo, el TSJ consideró que las pruebas eran «profusas» y «contundentes».
Si bien las conductas fueron calificadas como «comportamientos y prácticas inaceptables» que contravienen convenios internacionales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el Tribunal Superior optó por una multa económica de 50 Jus en lugar de una sanción mayor, considerando como atenuante que la funcionaria no registraba antecedentes disciplinarios previos. Además, le ordenó procurar un ámbito profesional para evitar que estas inconductas vuelvan a repetirse, bajo apercibimiento de nuevas actuaciones.
