Ante la posibilidad de que en el próximo año electoral reaparezcan propuestas como el congelamiento de tarifas, Diego Achilli, industrial PyME de Tres de Febrero, sostuvo que el desafío consiste en encontrar un equilibrio que permita a trabajadores, empresas y consumidores sostener sus ingresos y afrontar sus gastos cotidianos.

«Necesitamos que la gente, yo sinceramente siempre lo miro con los que laburan con nosotros, la gente que trabaja conmigo tiene que poder vivir, tiene que poder pagar el alquiler, tiene que poder pagar la luz», afirmó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Achilli cuestionó un escenario en el que, a su entender, la mayoría de la sociedad termina perdiendo mientras unos pocos sectores resultan beneficiados.

El impacto de las tarifas sobre la producción

En ese sentido, planteó que las políticas económicas deberían prestar mayor atención al ciudadano y no concentrarse exclusivamente en los indicadores macroeconómicos.

«Me parece que tenemos que dar un poquito más de apertura, darle un poquito más a la gente, pensar más en el ciudadano, más que en la macro, porque si no, la macro me parece que es un montón de micros unidas», sostuvo.

El empresario consideró que el objetivo debería ser construir un sistema en el que una mayor parte de la población pueda mejorar sus condiciones de vida, sin regresar a esquemas que terminen generando desequilibrios en el futuro.

Leonardo Alberto, licenciado en Economía y contador, puso el foco en el comportamiento de los servicios y explicó que, por sus características, la demanda de algunos de ellos es difícil de reducir frente a un aumento de precios.

Como ejemplo, señaló que una familia no puede simplemente dejar de utilizar determinados servicios esenciales para compensar una suba tarifaria. A partir de esa característica, sostuvo que el Gobierno también tiene capacidad para determinar qué sectores de la economía resultan favorecidos o perjudicados por la estructura de precios.

Según explicó, los aumentos sostenidos de tarifas pueden afectar a sectores productivos que generan valor agregado, pero que ven reducido su margen de rentabilidad debido al incremento de sus costos.

Alberto planteó que el Estado debería analizar el efecto distributivo de esas decisiones y encontrar un equilibrio entre la libertad de mercado y la necesidad de evitar aumentos que puedan afectar de manera desproporcionada a determinadas actividades.

Las expectativas y el discurso oficial

Otro de los ejes de la discusión fue la forma en que el Gobierno comunica sus objetivos en materia de inflación. Fernando Meaños planteó si existe el riesgo de que las autoridades generen expectativas demasiado elevadas al presentar como inminentes resultados que, en realidad, podrían requerir varios años.

Federico Glustein, economista y consultor económico, sostuvo que la construcción de expectativas forma parte del discurso de cualquier gobierno, que busca transmitir una perspectiva de mejora hacia el futuro.

Sin embargo, reconoció que existe un límite: cuando las expectativas se alejan demasiado de la situación concreta de las familias y las empresas, pueden terminar jugando en contra.

«Ahí también está la economía real que es de lo que venimos hablando, de cuánto impacto la economía real viene pasando y la verdad es que diría que el 90% de todo el relato se viene cayendo con la economía real», afirmó Glustein.

«Si llegué para bajar la inflación y tengo 30, 35%, para mí es un fracaso»

Achilli fue aún más crítico al analizar la distancia entre los objetivos anunciados y la percepción de quienes producen y venden en la economía cotidiana.

El empresario cuestionó que pueda hablarse de una inflación controlada si los precios continúan aumentando a un ritmo que, combinado con un dólar estable, encarece los productos medidos en moneda estadounidense y dificulta su comercialización.

«Si yo llegué para bajar la inflación y tengo 30, 35% de inflación en dólares, porque el dólar está clavado y las cosas todos los días, este vaso, si vale mil pesos y cada vez vale más en dólares y yo no se lo puedo vender a nadie», explicó.

Con una comparación directa, sostuvo que los resultados deberían evaluarse en función de las metas originales. «Si estaba en 8, te digo, che, golazo, bien, cumplimos el objetivo, la verdad que con 35, no sé si el objetivo se cumplió», afirmó.

Para Achilli, la evaluación de la política económica no puede quedar limitada a los indicadores generales, sino que debe contemplar la capacidad concreta de las empresas para vender sus productos y sostener su actividad.

Un proceso que puede llevar entre 18 y 24 meses

Damián Quirós, CEO y fundador de Q, coincidió en que los tiempos constituyen un factor central a la hora de evaluar los resultados de las políticas económicas.

«El tiempo es un factor fundamental y sobre todo con la inflación que lo ves de forma inmediata, lo que estamos analizando ahora es el mes pasado, ya pasó», explicó.

Quirós señaló que existe un rezago de entre 18 y 24 meses en los efectos de determinadas medidas, lo que genera una tensión entre la expectativa de resultados rápidos y los tiempos necesarios para que los cambios estructurales impacten sobre la economía.

«Va a llevar tiempo, la cuestión es qué es lo que se está haciendo alrededor, sobre todo con la macro, para que esa condición de inflación siga atendiendo la baja», sostuvo.

El empresario destacó que las reformas y cambios normativos que impulsa el Gobierno buscan, entre otros objetivos, generar condiciones para aumentar el empleo, reducir el gasto público y, eventualmente, avanzar hacia una disminución de impuestos. Sin embargo, remarcó que los efectos de esas transformaciones no son inmediatos.

El desafío de sostener el rumbo

La discusión dejó planteada una tensión central para el escenario económico y político de los próximos años: cómo sostener el proceso de normalización macroeconómica sin que sus costos recaigan de manera excesiva sobre las familias y las pequeñas empresas.

Mientras los economistas remarcan la importancia de darle tiempo a las reformas para que produzcan resultados, desde el sector PyME reclaman que ese proceso tenga en cuenta la realidad cotidiana de quienes deben pagar salarios, servicios, alquileres y costos de producción.

El punto de coincidencia aparece, así, en la necesidad de evitar tanto un regreso a políticas que generen nuevos desequilibrios como una normalización que pierda de vista la economía real. La clave, según los protagonistas del debate, estará en encontrar un equilibrio que permita reducir la inflación y, al mismo tiempo, recuperar la capacidad de consumo, producción e inversión.