La desaparición de una adolescente de 13 años terminó por destapar una trama de explotación sexual infantil que sacude a una pequeña localidad del norte de Córdoba y salpica a políticos provinciales. En el centro de la trama, la justicia descubrió que tres adolescentes tenían implantados chips anticonceptivos desde los 11 años.

Hasta ahora hay 11 detenidos por el caso, acusados de grooming y abuso sexual. Entre los detenidos se encuentra José Aníbal Villareal, que figuraba como asesor del legislador por Río Seco, Ernesto Ramón Flores, enrolado al partido del gobernador Martín Llaryora. El legislador de Hacemos por Córdoba pidió la baja de Villareal el 31 de julio último, cuando fue detenido.

La fiscal del caso, Analía Cepede, no vinculó a Flores con el caso pero dijo que tiene acreditado que Villareal utilizó un campo del legislador: «Está acreditado que utilizaba lugares… de otras personas. No está acreditado que sea con autorización”, aclaró en diálogo con Cadena 3.

Todo comenzó a fines de julio con la denuncia por la desaparición de una menor de edad, en Villa María de Río Seco, una localidad de 7.000 habitantes al norte de Córdoba. A través de la geolocalización de su teléfono celular, la Justicia encontró a la chica días después en la localidad Sumampa, al sur de la provincia de Santiago del Estero y a unos 80 kilómetros de su casa.

Cuando la policía llegó la encontraron junto con otra adolescente y un hombre de 60 años, por lo que la Justicia decidió abrir también allí una causa para determinar si se trataba de una red de explotación sexual infantil.

El análisis del teléfono de la menor destapó una serie de conversaciones con distintos hombres adultos -la mayoría remiseros y conductores de aplicaciones- de Villa María de Río Seco, y permitió identificar a una tercera víctima.

La investigación descubrió un ambiente de «extrema vulnerabilidad», como lo definió la fiscal de instrucción de Deán Funes, que este grupo de hombres explotó para abusar de las niñas. Algunos hombres habían contactado a las chicas vía redes sociales para pedirle fotos de contenido sexual; mientras otros directamente organizaban encuentros.

Por eso, del grupo de 11 hombres hasta ahora imputados algunos están acusados de grooming y otros de abuso sexual con acceso carnal. Como pago, las adolescentes recibían como pago cosas básicas como gaseosas y sándwiches, contó la fiscal Cepede.

“Se nota que es bastante casera la modalidad de captación”, le dijo Cepede a TN. La fiscalía sospecha que algunos de los hombres tenían contacto y compartían información de las niñas entre sí pero todavía no pudieron acreditar la existencia de una red o estructura organizada para captar y explotar menores de edad.

Las primeras pesquisas se produjeron a fines de julio, en aquel momento se secuestraron seis teléfonos celulares, un auto, y se detuvieron a siete hombres, incluido Villareal. En los siguientes procedimientos se arrestaron a cuatro adultos más y la fiscal no descarta que el número pueda aumentar.

Según Cadena 3, la Justicia también investiga cómo las menores -que habían dejado la escuela- pudieron estar en contacto con tantos hombres adultos sin ser advertido por su entorno familiar. Se cree que los hechos habrían comenzado al menos cinco meses atrás pero no se descarta que podrían ser de más larga data.

Pero la causa tomó un giro más oscuro durante las evaluaciones médicas y psicológicas de las menores, cuando se descubrió que tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos. “Las mismas refirieron justamente esto, de que tenían instalado este chip sexual… y las tres lo mencionaron como que estaba instalado hace al menos dos años a la fecha”, le dijo Cepede a Cadena 3.

Las víctimas hoy tienen entre 13 y 14 años, por lo que de acuerdo a la investigación judicial tenían entre 11 y 12 cuando les pusieron los chips.

“Que vaya un menor de esa edad sin un adulto responsable, sin explicar por qué se lo va a insertar… también nos genera un estado de duda”, dijo la fiscal, que abrió una línea de investigación aparte para determinar la responsabilidad de quienes hayan colocado los implantes y cómo se realizó el procedimiento. Lás jóvenes contaron que fue en un establecimiento santario de Villa María de Río Seco, probablemente un dispensario, que ya fue identificado por la fiscalía.

Actualmente, las adolescentes se encuentran en Villa María de Río Seco, contenidas por una psicóloga y una asistente social, junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) y el Centro Integrador Comunitario de la zona.

La Secretaría Administrativa de la Legislatura Unicameral de Córdoba emitió una nueva resolución, que se conoce tras el arresto del asesor parlamentario José Aníbal Villarreal, para que todos los contratados del cuerpo presenten certificados de antecedentes provincial, nacional y los actualicen cada seis meses.

La detención de un asesor de un diputado oficialista impactó duramente en la Unicameral donde el bloque peronista dijo que había sido apartado antes de su arresto y la oposición elevó un pedido de informes sobre los mecanismos de control para contratar asesores.