El caso por el doble crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumn, las turistas francesas que fueron abusadas y asesinadas en Salta en 2011, volvió a dar un giro después de que el Ministerio Público Fiscal salteño pidiera la nulidad del sobreseimiento de Walter Lasi, padre de Gustavo Lasi, el único condenado por los asesinatos que tiene el caso.
La presentación alcanza las decisiones judiciales dictadas entre julio de 2012 y mayo de 2013, cuando Lasi padre quedó desvinculado del expediente. Ahora, la Unidad Fiscal -creada para revisar la causa- sostiene que aquellas resoluciones estuvieron afectadas por «graves irregularidades» y solicitaron que sean revisadas para que pueda continuar la investigación sobre su eventual responsabilidad penal.
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Uno de los ejes centrales del planteo apunta a la doctrina de la arbitrariedad, figura que considera que una resolución judicial no tendría una fundamentación razonable o aplica criterios contradictorios al analizar las pruebas.
Según la Fiscalía, durante la investigación se valoraron de manera diferente elementos probatorios similares respecto de distintos imputados. Entre ellos se mencionó evidencia genética, la proximidad al lugar del hecho, la existencia de armas y contradicciones en declaraciones. Mientras esos indicios fueron considerados incriminantes para los imputados Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera, habrían recibido una interpretación favorable en el caso de Walter Lasi.
Vilte Laxi fue absuelto en el juicio realizado en 2014 y, aunque Vera también tuvo un fallo favorable, en 2016 el Tribunal de Impugnación lo revocó, lo condenó a prisión perpetua y estuvo detenido hasta que la Corte Suprema de Justicia dejó esta decisión sin efecto.
Para los investigadores, esa arbitrariedad «produjo resoluciones con fundamentación aparente, afectando el debido proceso y las facultades del Ministerio Público Fiscal, impidiendo que la eventual responsabilidad penal de Walter Lasi pudiera ser determinada en un juicio».
La presentación también considera que se debe aplicar la doctrina de la «cosa juzgada írrita», una herramienta excepcional que permite revisar resoluciones definitivas cuando existen indicios de que fueron dictadas en el marco de un proceso afectado por irregularidades. Puntualmente, buscan analizar el sobreseimiento del padre de Lasi, firme hace más de una década.
Además, los fiscales indicaron que para resolver la situación procesal de los imputados, se valoró evidencias sobre la que «ya existían advertencias de que podrían haber sido plantadas para desviar la investigación», y la declaración de «uno de los acusados que había denunciado apremios» por parte de policías durante el procedimiento de su detención.
La investigación en Francia
Otro de los aspectos más relevantes que resalta el planteo es el trabajo de cooperación con las autoridades judiciales francesas, una línea de investigación que cobró impulso luego de que la Justicia de ese país abriera una causa vinculada al caso a partir de la denuncia impulsada por Jean-Michel Bouvier, padre de Cassendre.
En ese marco se realizaron nuevas pericias en Francia, entre ellas una prueba genética en el Laboratorio de la Gendarmería Nacional de París. Según informó la Unidad Fiscal, los resultados volvieron a determinar la existencia del perfil autosómico de Gustavo Lasi en el cuerpo de las víctimas y, al mismo tiempo, «no descartan la participación» de su padre.
El Ministerio Público Fiscal también destacó que, bajo determinados parámetros, el Código Penal francés y principios del Derecho Internacional permiten -bajos ciertos parámetros- que las autoridades judiciales de ese país avancen en investigaciones vinculadas con delitos cometidos contra ciudadanos franceses, aun cuando los hechos hayan ocurrido fuera de su territorio.
Por el momento, el planteo no implica una imputación ni una condena contra Walter Lasi. El objetivo de la Fiscalía es que se dejen sin efecto las resoluciones para que su situación vuelva a ser analizada en el marco de una investigación que, quince años después del crimen, continúa abierta en dos países.
Piden que dos policías vayan a juicio
En paralelo a la situación de Lasi, el fiscal penal Pablo Paz -que forma parte de la Unidad Fiscal junto a María Luján Sodero y Daniel Espilocín- solicitó que sean sometidos a juicio dos expolicías de la Brigada de Investigaciones, Walter Omar Mamani y Juan de Dios Solano. A ambos se los acusa de haber falsificado actas durante un allanamiento donde supuestamente habrían encontrado proyectiles.
El primero de ellos está imputado como presunto autor del delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real por dos hechos, mientras que el segundo fue señalado como coautor. La Fiscalía sostiene que participaron en el procedimiento en el que habría aparecido un revólver calibre .22 que posteriormente adquirió relevancia dentro de la causa de las ciudadanas francesas.
Cassandre y Houria habían venido a Argentina para participar de un congreso y después decidieron viajar a Salta para conocer el norte del país. Fueron halladas asesinadas a balazos el 29 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, tras haber sido reportadas como desaparecidas dos semanas antes.
La pericia balística del arma en cuestión determinó que había sido disparada. Si bien no se encontró correspondencia con una bala extraída del cuerpo de una de las jóvenes, sí se estableció una correspondencia de identificación balística mediata con proyectiles secuestrados en la Quebrada.
FP cp
