El director general de Instagram, Adam Mosseri, defendió este martes ante un tribunal de California que las medidas de protección de los usuarios menores de edad implementadas por su plataforma han mejorado con el tiempo, aunque reconoció que su efecto ha sido limitado. La suya fue la primera declaración de un alto cargo de Meta, la empresa matriz de Facebook o Instagram, en el proceso abierto por la demanda de 29 estados de EE UU contra la compañía que dirige Mark Zuckerberg, que también deberá testificar estos días.

Mosseri reconoció que, aunque Instagram ha reforzado la protección a los menores con medidas de control parental o restricciones que limitan temporalmente el uso de la aplicación por parte de los adolescentes, no ha cambiado demasiado la frecuencia de uso de la plataforma por parte de los menores ni cuánto tiempo pasan en ella. “No existen soluciones mágicas para problemas como este”, dijo.

Los estados acusan a Meta de infringir la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, que prohíbe la recopilación de datos de menores sin el consentimiento de sus padres. También la acusan de engañar a los consumidores al promocionar la seguridad de sus plataformas, a pesar de que al mismo tiempo sus directivos eran conscientes de los riesgos que suponía la plataforma para los jóvenes, riesgos que habían debatido y estudiado internamente. En consecuencia, desarrollaron productos adictivos, que han llevado a algunos jóvenes a tener problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, y que en algunos casos hasta han llevado al suicidio.

El abogado de la acusación presentó ayer un documento interno de Meta en el que se decía que las herramientas de seguridad para adolescentes de la empresa no resultan “eficaces para reducir determinados comportamientos”. Preguntado sobre si eso le sorprendía, Mosseri respondió que no.

Además de Mosseri, que está citado en el juzgado otra vez este miércoles, también declaró Francesco Fogu, director de diseño de producto de Instagram. Fogu admitió que las medidas implementadas por Instagram, como el modo noche o la función Tomarse un descanso, que manda avisos visuales para que pares de usar la aplicación cuando llevas 10, 20 o 30 minutos de navegación, se implantaron como opcionales (es decir, el usuario elige si las activa o no), pese a que la compañía sabía que hubieran sido mucho más efectivas si fueran automáticas. También reconoció que, de haberlas implantado por defecto, posiblemente hubiera caído el número de usuarios.

Si Meta es declarada culpable, deberá pagar compensaciones por valor de 200.000 millones de dólares (unos 171.000 millones de euros) e introducir cambios en el diseño de sus aplicaciones para hacerlas más seguras de cara a los menores. De ahí que muchos analistas consideren que este juicio es clave para el futuro de las redes sociales: si Meta se ve obligada a cambiar sus productos, eso tendría un efecto arrastre en el resto de plataformas.

Perder este juicio sería un revés tan grande para Meta que, según avanza Bloomberg, la compañía y los fiscales generales de los estados que han demandado a la compañía estarían explorando un acuerdo extrajudicial. Eso se puede interpretar como una forma de reconocer que Meta no está segura de ganar. Lo mismo que pasó con Anthropic el año pasado, cuando aceptó compensar con 1.500 millones de dólares a un grupo de escritores que demandaron a la desarrolladora de sistemas de inteligencia artificial por haber usado sus obras sin pedir permiso.

La batalla legal contra las redes

El caso que se está juzgando estos días en Oakland forma parte de la cascada de demandas interpuestas por familias, instituciones educativas y fiscales generales de varios estados en las que sostienen que las plataformas de Meta pueden causar una adicción en los menores similar a la de las máquinas tragaperras o el tabaco.

Meta, por su parte, ha negado que haya evidencia científica que confirme que sus plataformas causan adicción. También se acoge a una normativa federal que protege a las empresas de cualquier responsabilidad sobre los contenidos que cuelguen en redes los usuarios.

A principios de mes, un tribunal de Nuevo México impuso a la compañía una multa de 567 millones de dólares, que se dedicarán a financiar instituciones que velan por la salud mental de los menores. Esa resolución, que Meta anunció que iba a recurrir, exige también por primera vez cambios concretos a una tecnológica, y argumenta que, igual que sucede con las empresas que contaminan, cuyas externalidades negativas no perjudican a una serie de individuos, sino a toda la sociedad, las plataformas deben hacerse cargo de los daños que ocasionan a la ciudadanía, no solo a los usuarios de las redes.