Las dos mujeres que denunciaron haber sido agredidas sexualmente por Julio Iglesias en 2021 en las residencias caribeñas del cantante, en Bahamas y en República Dominicana, han presentado una querella este jueves ante la Audiencia Nacional, según han anunciado ellas mismas. En ella solicitan nuevamente a la justicia española que investigue las violaciones que sufrieron por parte del artista en las propiedades donde trabajaban y residían, y que incluían vejaciones que, según afirmaron, ocurrían durante varios momentos del día e, incluso, de madrugada.

Esta última acción judicial se presenta meses después de que la Fiscalía archivara la denuncia por falta de competencia. El ministerio público había señalado que España no era “competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes” con el país.

Según una nota de prensa, la querella de Rebeca y Laura ―nombres que fueron asignados a las extrabajadoras domésticas para resguardar sus identidades― insiste en que el cantante aprovechó su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de ambas para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, “en un clima de intimidación constante”. De acuerdo con el texto presentado, Iglesias las habría sometido “a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas” e impuesto “condiciones laborales forzadas y degradantes”. Poco después de que se publicara la denuncia de las extrabajadoras, el artista negó las acusaciones de acoso y agresión sexual e hizo públicos supuestos mensajes de las mujeres para tratar de desacreditarlas.

Según la organización Women’s Link, que ha acompañado a las dos denunciantes desde que el caso se dio a conocer a principios de enero, estos hechos podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

Además, las exempleadas solicitan acceder a medidas de protección específicas mientras dure su búsqueda de justicia. “Se debe garantizar que puedan acceder a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad. Es fundamental”, ha señalado Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link. “Las mujeres que denuncian y alegan hechos relacionados con violencias de género, incluyendo la violencia sexual y las dinámicas de abuso de poder que la sostienen, necesitan del compromiso de los Estados con sus búsquedas de justicia”, ha agregado la directiva de la organización de derechos humanos.

La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia española será la encargada de revisar la información puesta en su conocimiento para determinar si inicia una nueva investigación.