Las muertes de dos niños, ocurridas el viernes 4 de septiembre en Córdoba y Alta Gracia tras sendos ataques de perros peligrosos, volvieron a poner en escena el riesgo de tener este tipo de animales y obligaron a repasar los hechos registrados en la provincia durante 2026. En lo que va del año se conocieron 12 ataques, de los cuales cuatro fueron fatales, con víctimas de 4 años o menos en todos los casos.
Frente a este escenario, el Bloque Legislativo de Encuentro Vecinal Córdoba anunció que volverá a impulsar en la Unicameral provincial el proyecto de ley que prohíbe la cría, reproducción, venta y tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos. La iniciativa, presentada por primera vez en febrero de 2024 por el legislador Rodrigo Agrelo, lleva dos años y siete meses dando vueltas sin sanción: llegó a tratarse en comisión, pero la mayoría de los legisladores rechazó avanzar con ella.
El espacio vecinalista fundamenta el reclamo en una seguidilla de ataques que no se detuvo desde entonces. En lo que va de 2026 ya se registraron varios episodios graves en la provincia, con al menos cuatro chicos muertos, incluidos dos nenes de dos años fallecidos el mismo día. En 2025 la lista sumó la muerte de una beba de un año en San Francisco, y todavía sigue en curso el juicio por la muerte de Trinidad Ballesteros. «Esto no es fatalidad: es falta de ley», sostuvo el Bloque Legislativo de Encuentro Vecinal Córdoba en el comunicado, y agregó: «las tragedias se pueden evitar».
Qué establece el proyecto
El artículo 1 del texto prohíbe en todo el territorio provincial la cría, reproducción, el tráfico oneroso o gratuito y la tenencia de perros potencialmente peligrosos, aunque exceptúa a quienes ya tenían un animal antes de la entrada en vigencia de la norma. El artículo 2 define qué razas quedan alcanzadas: rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, pampa argentino, filabrasileño, american staffordshire, staffordshire bull terrier, mastiff, bullmastiff, doberman, dogo de Burdeos, mastín napolitano, bull terrier, presa canario y akita inu, además de sus cruzas y otras razas que determine la Policía Ambiental en base a criterios científicos.
La incorporación de un artículo 89 Bis al Código de Convivencia provincial, con sanciones de hasta seis días de trabajo comunitario, multa de hasta 12 Unidades de Multa o arresto de hasta seis días para quienes críen, reproduzcan, trafiquen o tengan estos perros.
El secuestro definitivo y la castración obligatoria de los animales, que no podrán ser sacrificados y quedarán a disposición de la Policía Ambiental.
La creación de un Registro Provincial de Perros Potencialmente Peligrosos.
Excepciones para las fuerzas armadas y de seguridad, y requisitos estrictos —mayoría de edad, inscripción registral, certificado psicofísico, castración obligatoria dentro de los 90 días, cerramientos de seguridad y uso de correa y bozal canasta— para quienes ya tenían un ejemplar antes de la ley.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos, el legislador Rodrigo Agrelo plantea que la norma busca «evitar la multiplicación» de estas razas y avanzar «hacia la desaparición» de ellas mediante un control severo sobre los ejemplares existentes. Agrelo reconoce que la iniciativa podría generar resistencia, pero sostiene: «tenemos la firme convicción de que el Bien Común, la seguridad, la vida y la integridad física de los habitantes de esta provincia deben ser protegidos con todo el rigor de la norma».
El texto cita a la Organización Mundial de la Salud sobre el impacto sanitario de las mordeduras de animales y menciona antecedentes de derecho comparado, como la prohibición de la raza XL Bully en Gran Bretaña y regulaciones similares en distintos países europeos. También hace referencia a fallos judiciales cordobeses en los que perros de estas razas fueron considerados «armas impropias» como agravante en causas penales, y a un informe veterinario según el cual, entre 2019 y 2020, hubo 13 muertes por ataques de perros en la Argentina, la mayoría vinculadas a razas molosas y con antecedentes de agresividad previos.
