Uno de los problemas recurrentes en países como Argentina es la dificultad para alcanzar acuerdos políticos que permitan avanzar con temas de agenda pública en materia de legislación, e iniciativas que demandan dichos consensos. Las causas han de ser muchas, y de diversa índole, pero es claro que el diseño de las estructuras de gobierno juega un rol importante en esa persistente disfuncionalidad. Tal vez sea momento de explorar modelos alternativos exitosos y quizás rescatar ideas que ayuden a salir del atolladero.
El caso de Suiza es bien interesante. Tiene un sistema de gobierno atípico para los estándares del mundo occidental. La Confederación Suiza, como se la denomina oficialmente, se compone de 26 cantones. Son los estados miembros de la confederación. Entre los más conocidos se encuentran Zurich, Vaud, Berna o Zug. La autonomía de los cantones es amplia. Cada uno tiene su propia constitución, con autoridades ejecutiva, legislativa y judicial, e incluso una policía local. Disponen además de atribuciones para fijar y recaudar de manera autónoma sus propios impuestos, lo cual genera una competencia fiscal entre los cantones para atraer tanto a ciudadanos como a empresas.
El Consejo Federal
Pero es a nivel federal donde vemos lo más revolucionario del sistema suizo. A diferencia de la mayoría de las democracias occidentales, la Confederación Suiza no tiene un presidente o primer ministro con poder unipersonal.
Esto no les gusta a los autoritarios
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El poder ejecutivo reside en cambio en un Consejo Federal, un órgano colegiado formado por 7 (siete) miembros, de diferentes partidos, todos ellos con igual rango y autoridad. El Consejo dirige la administración federal, prepara proyectos de ley, ejecuta las decisiones del Parlamento y representa al país en el exterior.
Las decisiones se toman de forma colectiva, por unanimidad o mayoría. Y una vez adoptada una resolución, todos los consejeros la defienden públicamente, aun si en términos personales o por razones de pertenencia partidaria no la comparten. Este principio de colegialidad es clave para la estabilidad política suiza.
El Parlamento elige al Consejo Federal
Los siete miembros del Consejo Federal son elegidos cada cuatro años luego de las elecciones parlamentarias federales, por la Asamblea Federal Unida, es decir, por los 200 diputados del Consejo Nacional y los 46 del Consejo de los Estados.El proceso de votación es secreto y por mayoría absoluta. Asiento por asiento, empezando por los consejeros en funciones según su antigüedad, dado que no hay límites a la reelección. Si bien no es obligatorio ser parlamentario ni pertenecer a un partido para ser elegible, desde 1959 rige una convención no escrita conocida como la “fórmula mágica” (Zauberformel).
Según esta práctica, los asientos del Consejo se distribuyen aproximadamente de acuerdo con la fuerza electoral de los partidos: dos para cada uno de los tres más grandes y uno para el cuarto.Aun así, en las dos primeras vueltas puede recibir votos cualquier ciudadano suizo con derecho de sufragio (mayores de 18 años) que haya manifestado su intención de postularse. A partir de la tercera votación solo continúan quienes ya han obtenido votos. Si nadie alcanza la mayoría absoluta, se elimina al candidato con menos apoyos y se repite la votación hasta que alguien resulte elegido.Los consejeros federales permanecen en el cargo hasta que renuncian, o si excepcionalmenteno son reelegidos.
Elección del presidente y vicepresidente del Consejo
Cada año, la Asamblea Federal Unida (las dos cámaras del Parlamento reunidas) elige a uno de los siete miembros como presidente del Consejo Federal y a otro como vicepresidente, aunque es casi una formalidad. El mecanismo es genial y funciona en la práctica como una escalera. El cargo de presidente rota según la antigüedad en el Consejo y dura solo un año. El consejero que ejercía como vicepresidente hasta ese momento se convierte en el nuevo presidente.
Y el cargo de vicepresidente pasa al consejero con mayor antigüedad acumulada, excluyéndose al presidente saliente. Si hubiera nuevos miembros recién incorporados, se sitúan al final de la fila de espera institucional, y no pueden optar a la vicepresidencia ni a la presidencia hasta que los consejeros veteranos hayan completado sus respectivos turnos presidenciales.
Este diseño asegura que quienes acceden a las posiciones más encumbradas tengan ya años de experiencia en el Consejo, al tiempo que se evitan cambios drásticos que afecten la estabilidad del gobierno.
Funciones del Consejo Federal
El presidente dirige las reuniones del Consejo y asume funciones de representación, pero no tiene más poder que sus colegas. Cada uno de los consejeros encabeza a su vez un departamento de la administración (equivalente a un ministerio):‘Asuntos Exteriores’, ‘Interior’, ‘Justicia y Policía’; ‘Defensa, Protección Civil y Deportes’; ‘Finanzas’; ‘Economía, Educación e Investigación’, y ‘Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones’. Ese reparto no lo decide el Parlamento.
Lo hace el propio Consejo Federal de forma colegiada, en general después de una elección. El criterio que prima es también el de antigüedad: el miembro con más años en el Consejo elige primero el departamento de su preferencia, luego lo hace el siguiente, y así sucesivamente. Si no hay acuerdo, se vota, pero una vez asignado, el consejero está obligado a aceptarlo. El Consejo puede redistribuir los departamentos en cualquier momento.
Estabilidad y Continuidad
Un Gobierno así conformado no depende de una coalición endeble y fragmentada, ni puede ser derribado por una moción de censura. Los partidos mayoritarios están representados en el Consejo. El resultado es un ejecutivo que integra izquierda, centro y derecha, y que refleja la diversidad lingüística, regional y política del país.
Esta construcción, ha sido diseñada y perfeccionada para favorecer la convivencia y la estabilidad. Los aspectos positivos son muchos. Las fuerzas políticas se ven obligadas a dialogar y llegar a acuerdos. Las decisiones se debaten y se toman con un amplio consenso que suele representar el sentir de la gran mayoría de ciudadanos.
Hay continuidad en el tiempo de las iniciativas políticas. No emergen personalismos que concentren poder excesivo, ni se producen vacíos de poder, lo cual hace que el gobierno pueda afrontar con fortaleza las eventuales crisis.
Finalmente, es un sistema que se complementa muy bien con el espíritu de ‘democracia directa’ que existe en el país, y que permite en los hechos a los ciudadanos proponer nuevas leyes mediante iniciativa popular, o impulsar referéndums para frenar o ratificar otras. Todo lo cual ha contribuido a hacer de Suiza uno de los países más ricos y desarrollados del mundo. El sistema no es perfecto, pero luce mucho mejor que casi todo lo que conocemos. Y como puede constatarse, funciona.
