El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se pronunció sobre las exigencias presupuestarias que implica la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil. Tras la promulgación de la Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en todo el país, el mandatario advirtió que la aplicación del marco normativo requiere inversiones en infraestructura que la provincia actualmente no está en condiciones de financiar de forma inmediata.
«Estamos hablando de infraestructura para centros de detención de menores. Hay que darle una infraestructura totalmente nueva y vamos a tener que buscar una solución», manifestó el jefe del Ejecutivo correntino.
En ese sentido, reveló que desde su gestión se proyecta la construcción de un espacio específico para el alojamiento de los adolescentes imputados, aunque remarcó las limitaciones de recursos en el contexto económico actual. «Estamos terminando el proyecto para un centro de detención de menores, pero por el momento no existen fondos para ello», aclaró a radio Dos.
Articulación con el Poder Judicial e impacto del narcomenudeo
A fin de coordinar la implementación operativa de la Ley 27.801, Juan Pablo Valdés confirmó que tiene agendada una reunión de trabajo con autoridades del Poder Judicial. El encuentro servirá para diagramar el abordaje de las causas juveniles bajo los lineamientos de la justicia restaurativa y punitiva que establece la norma nacional.
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Asimismo, la agenda institucional incluirá el seguimiento del régimen de narcomenudeo, una problemática sobre la cual la Justicia provincial comenzó a sustanciar sus primeros procesos. De acuerdo con el mandatario, el avance de las investigaciones contra la venta minorista de estupefacientes demandará a mediano plazo la ampliación de la capacidad edilicia y de plazas del sistema penitenciario de Corrientes.
