La Defensoría del Pueblo de Catamarca inició presentaciones ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) para que se intime a Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y otras plataformas digitales a implementar medidas que limiten el uso compulsivo de sus servicios entre menores de edad en Argentina. Esto a partir de la preocupación por el impacto de las redes sociales en el ámbito educativo, y en especial luego de los preocupantes resultados de las pruebas PISA 2025.

El organismo reclama que las empresas desactiven mecanismos de diseño que, según advierte, favorecen la permanencia prolongada frente a las pantallas, como el «scroll» infinito, las notificaciones constantes y los algoritmos de recomendación. Además, alertó sobre la recopilación de datos personales de menores y sostuvo que las autoridades cuentan con herramientas legales para intervenir sin necesidad de esperar una nueva regulación del Congreso.

El planteo toma como antecedente un acuerdo propuesto en California con Meta, impulsado por una coalición de 51 fiscales generales de Estados Unidos, que contempla restricciones como límites diarios de uso, bloqueos nocturnos, reducción de notificaciones durante el horario escolar, opciones de contenido no personalizado y medidas para retirar a menores de 13 años.

«Las plataformas operan como una sustancia adictiva en el bolsillo de cada adolescente. Si en Estados Unidos, tras la presión de 51 fiscales, Meta tuvo que aceptar que su diseño genera picos de dopamina e implementar límites estrictos, en Argentina exigimos exactamente lo mismo. Nuestros niños no valen menos. Tienen que recomponer este daño», sentenció el Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera.

En este sentido, Mera remarcó: «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estas corporaciones usan a nuestros jóvenes para probar algoritmos. La presentación que hacemos busca intimar a las plataformas digitales a que apaguen hoy mismo esta maquinaria que fomenta una verdadera ludopatía digital en nuestros chicos».

La Defensoría vinculó el reclamo con los resultados de las pruebas PISA 2025, que registraron los peores desempeños de Argentina en aprendizaje desde 2006 y una caída simultánea en las tres áreas evaluadas.

«Las consecuencias de este diseño ya son visibles y cuantificables en las aulas argentinas. Según los resultados de las pruebas PISA 2025, el país tuvo sus peores resultados en aprendizaje desde 2006 y cayó por primera vez en las tres áreas evaluadas de forma simultánea», indicaron en un comunicado.

Además, desde la Defensoría plantearon que «el informe hace especial foco en el nivel de distracción digital: el 55% de los estudiantes argentinos afirmó que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos durante las clases, prácticamente duplicando el promedio internacional (28%)».

Mera sostuvo que el uso excesivo de dispositivos tiene un impacto directo sobre el desempeño escolar y también advirtió sobre el avance de la inteligencia artificial. «La falta de rendimiento de los alumnos en su trayecto escolar está directamente vinculada con el mal uso y sobreuso de las plataformas digitales. En eso hay que encender una alarma de mayor alerta aún con la Inteligencia Artificial», afirmó.

A su vez, el informe PISA señala que en las escuelas argentinas donde está prohibido utilizar celulares la distracción digital se reduce en un 19%. Para la Defensoría, ese dato refuerza la necesidad de avanzar con restricciones sobre el uso de dispositivos y redes sociales dentro de las instituciones educativas.

En esta misma línea, el Defensor del Pueblo de Catamarca indicó que «la Defensoría se encuentra trabajando activamente en la construcción de una ley nacional integral en conjunto con asociaciones de la sociedad civil y legisladores nacionales».

«Existen varias iniciativas debatiéndose en el Congreso y otras tantas impulsadas por la sociedad civil. Estamos trabajando para unificar una herramienta legal sólida, pero el daño a la salud mental y a la educación de los chicos ocurre minuto a minuto», subrayó.

Y concluyó: «Hasta que tengamos una ley, los organismos competentes deben actuar. No hay que esperar que el Congreso regule para frenar esto. Las herramientas legales ya existen, y buscamos intimar a las plataformas para que las cumplan hoy mismo».