Faltaban dos horas para que el pesquero Tres Hermanos llegara al puerto de Manta cuando los militares estadounidenses lo interceptaron. Los 14 tripulantes estaban contentos aquella jornada. Después de varios meses de mala pesca, regresaban con la bodega llena. “Traíamos buena pesca”, recuerda Junior Posligua, el capitán del barco, de 28 años. Habían pasado dos semanas lanzando líneas con anzuelos cerca de las Galápagos. En la bodega llevaban 24 picudos, 15 atunes, 15 peces espada y 170 tollos.

Cuando los militares subieron a la embarcación, Posligua les dijo que podían revisarla. “Les intentamos abrir la bodega, pero dos militares se subieron sobre la tapa y dijeron que no”, relata. Después los esposaron por la espalda, les cubrieron los ojos y los oídos y los trasladaron a un buque estadounidense. “Yo pensé que nos iban a matar”, cuenta.

Los sentaron en el piso y algunos tripulantes fueron separados para ser interrogados, asegura Posligua. Según su relato, a unos los mojaron con una manguera a presión y a otros los introdujeron en un balde con hielo. También les tomaron fotografías y huellas dactilares y registraron sus pertenencias. Después de varias horas de interrogatorio, fueron liberados. Los dejaron en sus lanchas auxiliares y emprendieron el camino hacia Manta. A lo lejos vieron una columna de humo negro: habían hundido el Tres Hermanos.

Los pescadores volvieron a tierra con el miedo de haber vivido una escena que, hasta entonces, solo habían visto en películas.

El 28 de agosto, cuando el Tres Hermanos fue interceptado y destruido por fuerzas estadounidenses, dio inicio a una nueva fase de la ofensiva antidrogas de Washington, esta vez en el Pacífico oriental. Desde entonces, otras cinco embarcaciones ecuatorianas han sido interceptadas y destruidas en operaciones que Estados Unidos vincula con la estructura logística de Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana que Washington considera terrorista.

La versión estadounidense es que estos barcos no eran simples pesqueros. Según el Comando Sur, funcionaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible para embarcaciones rápidas utilizadas para transportar cocaína hacia México para posteriormente enviarla a Estados Unidos. El Gobierno de Daniel Noboa respalda esa versión y sostiene que las operaciones forman parte de la cooperación entre ambos países contra el narcotráfico.

Los pescadores, en cambio, cuentan otra historia.

El 2 de septiembre fue interceptado el Conquista 2. Al día siguiente ocurrió lo mismo con el OM2. Los videos enviados por los tripulantes a sus familiares muestran helicópteros sobrevolando las embarcaciones y militares aproximándose en lanchas rápidas. En una de las grabaciones, uno de los pescadores mantiene una videollamada con su familia hasta que los militares abordan el barco.

Los tripulantes fueron retirados de las embarcaciones, sometidos a interrogatorios en el buque militar y trasladados por la Armada ecuatoriana hasta Manta. Los familiares pasaron varias horas sin saber dónde estaban y la incertidumbre alimentó la protesta. En la Capitanía del puerto de Manta, familiares reclamaron por información y negaron que sus allegados tuvieran vínculos con el narcotráfico.

La respuesta del Gobierno ecuatoriano llegó de la mano del ministro del Interior, John Reimberg. “Esto no es un tema a la ligera o a la primera que se ve algo sospechoso se actúa”, afirmó. Según el ministro, las embarcaciones servían para abastecer a lanchas rápidas cargadas de droga que después se dirigían hacia México.

Pero el problema para el Gobierno llegó cuando los pescadores fueron puestos a disposición de la justicia ecuatoriana.

En una primera audiencia, un juez declaró ilegal la detención de los primeros 28 tripulantes del Conquista 2 y el OM2 y ordenó su libertad al no encontrar elementos suficientes para configurar un delito. Días después, la situación cambió para otros pescadores: 32 tripulantes del María Candelaria, del Conquista 2 y del OM2 quedaron procesados por presunta asociación ilícita.

Para Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos, que lleva la causa de los pescadores, la diferencia entre unos casos y otros está en la presión pública que expuso la contradicción en la que, a su criterio, incurrieron las autoridades. “Lo que presumimos es que, para no poner en duda la profesionalidad del ministro Reimberg, se les abrió un expediente judicial a los pescadores”, señala Bastias. “El proceso fue abierto con un parte policial que indicaba que la Armada del Ecuador tuvo información de que había personas náufragas en altamar, sin evidencias”, añade.

La organización cuestionó que las autoridades no estén cumpliendo con el procedimiento procesal y que las embarcaciones fueron destruidas antes de que se hayan convertido en evidencia dentro de una investigación judicial. “Si están acusando a una embarcación de que está llevando gasolina hacia otra, ¿para qué destruyes la embarcación?”, sostiene. La destrucción de los barcos —señala— dificulta determinar qué ocurrió realmente en altamar y obtener elementos que puedan ser utilizados en un proceso penal.

Pero la controversia de lo que está ocurriendo frente a las costas de Ecuador no comenzó en agosto.

Entre enero y marzo, al menos tres embarcaciones pesqueras que habían zarpado desde los mismos puertos en la provincia de Manabí fueron atacadas en circunstancias que durante meses permanecieron sin explicación pública. Los pescadores del Francisca Duarte II y del Don Maca denunciaron haber sido atacados con drones y posteriormente retenidos por hombres armados que hablaban inglés. Ambos grupos fueron entregados a autoridades de El Salvador y después deportados a Ecuador.

El caso más grave es el del Fiorella. Ocho de sus diez tripulantes continúan desaparecidos meses después de que la embarcación fuera atacada. Sus familias siguen reclamando información sobre lo ocurrido.

La sucesión de casos ha convertido al Pacífico ecuatoriano en un nuevo escenario de la guerra contra el narcotráfico. Washington sostiene que está golpeando una red que utiliza empresas y embarcaciones pesqueras como fachada. Quito ha respaldado la cooperación con Estados Unidos. Pero, para los pescadores, se trata de supervivencia y de continuar en el único oficio que han hecho por generaciones, incluso en medio del creciente contexto de violencia que atraviesa Ecuador.

El 20 de agosto, el Departamento del Tesoro estadounidense había dado un paso previo cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 15 personas y empresas con sede en Ecuador y bloqueó diez embarcaciones. Según Washington, la red utilizaba empresas pesqueras para transferir cocaína desde Sudamérica hacia México mediante lanchas rápidas.

La ofensiva marítima ha seguido creciendo. Entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre, las autoridades registraron las intervenciones de al menos seis embarcaciones vinculadas a Manta: Tres Hermanos, Conquista 2, OM2, María Candelaria, Montecristi y Don Rufo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió durante su visita al país la estrategia de Washington contra el narcotráfico y aseguró que Estados Unidos no tiene la “intención de matar pescadores” e insistió en que las seis embarcaciones hundidas eran sospechosas de estar vinculadas al grupo criminal Los Choneros, considerado como una banda terrorista. “El riesgo más grande que existe es que estos grupos sigan operando”, dijo Rubio.

Junior Posligua sabe que tendrá que volver al mar. Aunque todavía está en shock y necesita hablar de lo que ocurrió aquel día, la pesca sigue siendo su única manera de ganarse la vida. “Tenemos que salir a trabajar porque las deudas no esperan, pero da miedo”, dice.