José esperó nueve horas sentado frente a un computador por su audiencia virtual ante un juez de inmigración. Tiene 11 años y, con él, en la pantalla sumaban 25 niños. Él era el de menor edad en esta audiencia preliminar masiva, una herramienta más que está usando el Gobierno de Donald Trump desde mayo de 2026 —según abogados y organizaciones— para acelerar el proceso de deportación de un mayor número de migrantes al mismo tiempo. En este caso, de niños.

Él y su padre llegaron a las 7:30 de la mañana de un día de julio a la casa de una activista que les asistió para ingresar al sistema de una corte federal en la costa este de Estados Unidos. Ella es quien cuenta esta historia de forma anónima, cambiando el nombre del niño y sin proporcionar su ubicación por temor de afectar los casos migratorios de toda la familia. Una abogada de inmigración vinculada al caso de José verificó el testimonio.

“A las dos de la tarde, me decía: ‘Ay, señora, ya llevamos seis horas y media aquí’. Bromeaba con eso, no se quejaba. Se portó como un verdadero campeón”, relata la activista en una videollamada. Por orden del juez, él debía permanecer visible en la pantalla, como el resto de niños, algunos de ellos menores no acompañados que asistieron a su audiencia desde albergues del Gobierno.

En el caso de José, la activista le buscaba comida y, en un punto, al verlo cansado apoyar la cabeza sobre la mesa, le buscó una almohada para que se recostara. En la computadora, otro de los niños ya se había quedado dormido con la cabeza tumbada sobre su mano derecha.

El grupo fue dividido entre quienes tenían representación legal —la mitad de los menores— y quienes no, y sus casos fueron revisados en ese mismo orden. Su audiencia fue la penúltima del día, comenzó a las cuatro de la tarde. Duró 15 minutos. El juez le preguntó si tenía abogado. Él respondió que no. Que quién lo acompañaba. Y él dijo que su padre. Le explicó el proceso que enfrentaría, le dio indicaciones y decidió darle unos días más para conseguir representación legal y evidencias que sustentaran su caso de asilo.

“Es un menor. Ni siquiera entendía de qué se trataba todo eso”, señala la activista.

Desde finales de mayo, el Centro Nacional de Justicia al Inmigrante comenzó a observar en cortes de Chicago e Indianápolis audiencias preliminares —la primera— en las que 30 o hasta 100 personas eran citadas al mismo tiempo, y muchas de ellas asistían sin abogado. En algunos casos, los abogados vieron a jueces entregar a los migrantes formularios que, de completarse, podrían acelerar o alterar el rumbo de sus procesos de deportación.

En el caso de los niños que acaban de salir de un albergue —como José— o que están en custodia federal, los activistas advierten que las consecuencias para aquellos sin abogado pueden ser peores.

“Las consecuencias son devastadoras”

José y su hermana de 15 años llegaron con su mamá a la frontera sur de Estados Unidos en mayo de 2025. Querían volver a estar con su padre, que había migrado a Estados Unidos años antes. Pero al llegar fueron detenidos y la madre fue deportada de inmediato. A los niños los llevaron a un albergue de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) a cientos de kilómetros de distancia de su papá. La activista recuerda claramente la conversación de los hermanos en el carro cuando los buscó en el aeropuerto junto al padre, una vez que este pudo recuperar la custodia de ambos.

“Desde el asiento trasero del auto, la niña decía: ‘Ay, papá, ¿puedes creer que ya llevábamos un año ahí (en el albergue)?’. Y el niño se volteó hacia ella y la corrigió: ‘Perdón, hermana, 364 días’. Alguien se pasó los días contando”, recuenta la activista.

Hasta entonces, el padre solo había podido conversar con ellos brevemente cada día y por separado: estaban en distintas alas del albergue, según su género.

Los hijos volvieron a abrazar al padre ese día gracias a la asistencia legal de abogados pro bono de una de las casi 100 organizaciones que por años han recibido fondos federales para la representación de menores migrantes. Fueron ellos quienes presentaron una petición de habeas corpus que los dejó en libertad.

Pero a partir del 31 de julio, el Gobierno cortó el financiamiento a estas organizaciones de defensa pro bono luego de que se negaron a compartir los datos de los niños migrantes a quienes representaban a cambio de mantener los contratos. Miles de menores, desde bebés hasta niños, ahora están en riesgo de perder esta asistencia en sus procesos de inmigración.

En una rueda de prensa el 1 de septiembre, algunas de esas organizaciones narraron otros casos para mostrar los efectos. Un niño de un año se presentó sin abogado el 18 de agosto en su audiencia migratoria en Arizona: el juez le ordenó que introdujera su petición de asilo. En otra corte en Los Ángeles, el 6 de agosto, otro niño sin representación legal pidió su salida voluntaria, pero una de las abogadas pro bono, que por años ha representado a niños migrantes, estaba en la sala. Intervino y logró que se le permitiera continuar con su caso.

“Cinco días después, un niño en Texas no tuvo tanta suerte. No había ningún abogado en la sala y él desistió de sus peticiones migratorias sin verdaderamente entender lo que estaba aceptando”, contó Bilal Askaryar, director de comunicaciones del Centro para Justicia Acacia, la organización sin fines de lucro que recibió por años los fondos gubernamentales para la representación de menores y los asignó a estas instituciones. “En solo cuatro semanas las consecuencias han sido devastadoras”.

En Chicago, Laura Smith, directora ejecutiva de Children’s Legal Center, denunció en la misma conferencia de prensa que entre julio y agosto siete de los niños que representaban —víctimas de secuestros, testigos del asesinato de sus padres en sus países de origen o abandonados por ellos— fueron deportados sin el debido proceso. El caso prueba la intención del Gobierno de también acelerar la deportación de niños migrantes.

“Son niños que huyeron a EE UU buscando protección de horrores que ningún niño debería vivir”, dijo. “Son siete niños que tienen aplicaciones pendientes o aprobadas bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que este Gobierno está tomando medidas para devolver a estos niños a sus agresores, a sus traficantes y a un país donde no tienen a un adulto que cuide de ellos (…) Estas políticas ponen en peligro la seguridad de los menores y vulneran la legislación destinada a protegerlos”.

Tras el fin del contrato de la ORR con Acacia, no está claro cómo es que el Gobierno federal está garantizando la representación de los menores en cortes de inmigración. EL PAÍS consultó a la Oficina sobre este tema, pero no recibió respuesta. Para el 31 de agosto de 2026, la ORR tenía a 1.882 menores bajo su custodia, según datos publicados en su página web.

Entre las casi 100 organizaciones que perdieron el financiamiento gubernamental, algunas han cerrado sus programas de defensa para menores; otras siguen defendiendo a los niños que ya eran clientes, pero no están aceptando casos nuevos.

Justo eso último está ocurriendo con José. La abogada pro bono que introdujo su petición de habeas corpus lo refirió a otra de las organizaciones en julio. Pero no han podido tomar su caso por falta de presupuesto.

Una red de acompañantes

No es la primera vez que la activista que cuenta la historia de José ayuda a una familia migrante. Tras la elección presidencial de 2024, ella, junto a un grupo de unas 14 personas, comenzó a explicar a sus comunidades sus derechos, cómo mantenerse seguros y organizar seminarios gratuitos con abogados para que orientaran a las familias.

Cuando las detenciones arreciaron, cuando el Gobierno comenzó a adelantar las citas de decenas de migrantes y las familias fueron separadas o deportadas, se multiplicó el trabajo. “Es como un tsunami de malas noticias para ellos desde muchos ángulos. Es un tsunami de crueldad para gente que ha hecho todo bien”, dice.

También trasladan y acompañan a familias a sus citas de presentación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), les ayudan a recuperar sus autos abandonados en plena calle tras el arresto de uno de sus miembros o las pertenencias en sus apartamentos, y graban en video los operativos. “Si yo estuviera en sus zapatos, me gustaría que alguien me agarrara la mano”.

Esa mañana de verano, la activista ayudó al padre de José a entrar en la audiencia virtual y los acompañó pacientemente durante esas nueve horas. A medida que transcurría el día, el padre de este niño migrante fue actualizando a su jefe sobre el avance de la audiencia. Perdió un día completo de trabajo.

Al conocer la historia de este niño migrante, la activista asegura que dejó de pensar en ella misma, en sus necesidades o preocupaciones, y se concentró en brindarle un espacio seguro, agradable. “El Gobierno ya está haciendo todo lo que puede para que seguir la ley sea un proceso miserable”.

Cuando terminó la audiencia, casi a las 5:00 de la tarde, la activista los llevó de vuelta a casa: “Simplemente haces todo lo que está físicamente a tu alcance para mejorar por un día la situación de un niño”.