Los abogados de Cristina Kirchner, condenada por administración fraudulenta y detenida desde hace un año, anunciaron este martes que hallaron “nueva prueba” que demostraría la inocencia de quien presidió Argentina entre 2007 y 2015. La información que presentaron detalla cómo se distribuyeron los fondos destinados a obra pública que, de acuerdo con la sentencia firme de la causa conocida como Vialidad, fueron dirigidos a beneficiar al empresario Lázaro Báez, cercano a la presidenta. Según el informe pericial revelado, cuyos datos afloraron en otro juicio hoy en desarrollo, solo el 1% de los fondos fueron asignados a las empresas de Báez. “La sentencia fue absolutamente injusta y se condenó a una persona inocente”, sostuvo el abogado Carlos Beraldi.

Los defensores de Kirchner comunicaron que sumarán el informe al recurso ya elevado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En ese ámbito internacional aspiran a revertir una condena de seis años de prisión para la expresidenta y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Luego, aseguraron, pedirán la revisión del caso ante la justicia argentina.

La presentación fue realizada en una conferencia de prensa por Beraldi junto a los nuevos abogados de Kirchner, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Al iniciar su exposición, Beraldi relató que el 6 de agosto pasado, en el marco del juicio conocido como Cuadernos —donde también es acusada Kirchner por corrupción, junto a exfuncionarios y empresarios— la fiscalía convocó como testigo a un técnico que se desempeña en la Dirección de Vialidad. El funcionario, dijo Beraldi, aportó datos clave para la causa en que la expresidenta fue condenada.

El fallo por el que Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia, la declaró culpable de perjudicar al Estado argentino en unos 500 millones de dólares mediante la concesión irregular de 51 obras públicas viales a un empresario cercano a su familia, Lázaro Báez, en la provincia patagónica de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo. De acuerdo con los jueces, el también condenado Báez fue beneficiado con sobreprecios, ampliación de plazos y un tratamiento diferencial con pagos anticipados. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la expresidenta”, señalaron los magistrados. Los presuntos ilícitos en las relaciones comerciales de Báez y la familia Kirchner son materia de otro juicio que aún no comenzó.

La conducta central que se le imputó a Kirchner fue la firma de un decreto para facilitar los pagos de las obras cuestionadas. Al decreto 54/2009, todavía vigente, la fiscalía lo definió como el “instrumento para la maniobra criminal”. La norma modificó un fideicomiso ya existente y “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento” a la Dirección de Vialidad, desde donde se administraban las obras en un “contexto de opacidad”.

La base de datos revelada ahora detalla “cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso por el que habían acusado a Cristina”, planteó el abogado Beraldi. “¿Qué encontramos? Que se hizo una inversión de 2.000 millones de dólares. A Lázaro Báez se le había asignado menos del 1% entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015. La información demuestra que lo que se había dicho en la sentencia es falso”, añadió.

El abogado Valim explicó después que, con los nuevos datos hallados, el economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda realizó una auditoría de los fondos destinados a obras viales. El estudio determinó que el Grupo Austral, propiedad de Báez, recibió solo el 0,85% de los recursos, unos 18,6 millones de dólares. “Estos datos ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible. Son datos del órgano de Vialidad, que demuestran que ese grupo empresarial tuvo una participación mínima”, señaló Valim, quien fue abogado del presidente de Brasil, Lula da Silva. De acuerdo con el informe, “el principal destinatario” de los fondos entre 2009 y 2015 fue IECSA S.A., una compañía que entonces pertenecía Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019). Para Valim, “esta prueba marca un giro decisivo en el caso y muestra que no hay ningún fundamento fáctico para la condena. Se creó una mentira para condenar a Cristina”.

La defensa de la expresidenta ya había intentado incorporar estos y otros datos en la causa Vialidad, pero no había conseguido hacerlo y por eso, entre otros señalamientos, acusó a los jueces de parcialidad. La inclusión de estas pruebas en el marco de otro juicio les permite ahora sumarlas a sus reclamos. La expectativa de Kirchner es que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas acepte tratar su planteo en su próxima reunión, prevista entre fines de octubre y principios de noviembre. Luego, sus abogados pedirán la revisión de la condena a los tribunales argentinos. El año que viene hay elecciones presidenciales en el país y Kirchner aspira a estar en condiciones de competir, para ser candidata o para terciar en la definición de los candidatos del peronismo que enfrentarán a la ultraderecha de Javier Milei. Con una medida cautelar que levante su inhabilitación para ejercer cargos públicos, le bastaría.