Por exceso o por defecto, la oferta de la vacuna del Covid de Pfizer quedó en diferentes oportunidades un poco a contramano de la demanda sanitaria argentina. Primero, en plena pandemia llegó tarde porque el kirchnerismo eligió priorizar contratos con otros laboratorios. Ahora, según pudo averiguar Clarín, todavía falta recibir casi 8 millones de dosis del contrato original con vencimiento el año próximo, en un momento en que el consumo del inmunizante está en franco retroceso.

Según datos del Registro Federal de Salud Nominalizado (Nomivac), desde octubre pasado hasta el presente fueron aplicadas apenas 271.311 dosis de Pfizer, vacuna que el Estado nacional brinda de manera gratuita a la población ante un virus que sigue circulando, mutando y contagiando, con mayor riesgo para las personas que padecen comorbilidades, además de los niños pequeños y los adultos mayores.

La medición desde octubre no es caprichosa. Según datos que recabó Clarín, durante ese mes de 2025 fueron recibidos los últimos lotes de vacunas del laboratorio estadounidense por un total cercano al millón de dosis. Si se tiene en cuenta la cifra de personas vacunadas en el periodo, alrededor del 70 por ciento de esas dosis no se utilizó. Hay que tener en cuenta que el plazo de vencimiento del fármaco previsto por la FDA norteamericana es de 12 meses.

Los contratos originales del kirchnerismo con Pfizer se firmaron recién a partir del segundo semestre de 2021, cuando la pandemia ya había provocado estragos. El primer contrato es del 16 de agosto de 2021, por 20.080.710 dosis (a 12 dólares la unidad), y el segundo, del 18 de enero de 2022, por 18.501.160 dosis (a 12,50 dólares la unidad). Como se dijo, a esta altura resta recibir cerca de 8 millones de dosis por un valor total a pagar de casi 100 millones de dólares.

Ya hubo varias enmiendas al contrato, entre 2023 y 2024, para postergar los plazos de entrega por la baja demanda de la vacuna. En noviembre de 2027 vence el último plazo previsto y las posibilidades que se abren serían dos: volver a postergar esa fecha si fuera posible, tal como se ha venido haciendo hasta ahora, o dar un golpe de timón en busca de un plan B.

Como se sabe desde la época de la pandemia, los contratos entre el Estado y los laboratorios son confidenciales, motivo por el cual es difícil que las partes involucradas brinden detalles. Clarín pudo saber, de dos fuentes vinculadas con Pfizer e independientes entre sí, que actualmente existiría predisposición de la compañía a evaluar la posibilidad de modificar la hoja de ruta original.

La lógica sería que debido a que resulta muy improbable -por no decir imposible- que los argentinos demanden la cantidad de vacunas que todavía quedan pendientes de entrega, se considere la alternativa de ofrecer por la misma cantidad de dinero otros medicamentos que sean mejor aprovechados por la población. Y que de esa manera semejante presupuesto no quede mayormente dilapidado.

Según las fuentes consultadas, ya habría habido conversaciones preliminares a nivel técnico entre el Gobierno y la filial local de la multinacional. En ese marco incluso se habría mencionado un menú de fármacos posibles para reemplazar las vacunas del Covid. O al menos una parte, ya que el Estado debería seguir teniendo stock de dosis para la gente que las demande.

En el marco de la confidencialidad que exige el contrato, las fuentes del Gobierno y de la farmacéutica no confirmaron oficialmente esta información. Ante la pregunta concreta sobre si se negocia algún cambio en este sentido, desde el Gobierno se limitaron a responder: “No hay movimiento ni modificaciones”. Desde el laboratorio, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Mientras reina el hermetismo, es esperable que una declaración al respecto se comunique sólo si la gestión progresa y alcanza resultados concretos. Es decir, cuando lo que hoy surge como chance de racionalizar el uso de los recursos menguantes de las arcas estatales quede eventualmente plasmado. De ser así, la parábola de la vacuna de Pfizer, que en 2020 comenzó con diatribas políticas contra el laboratorio por supuestas exigencias contractuales insólitas (glaciares y otros reclamos de garantías), tal vez concluya ya lejos de la emergencia sanitaria en algo que a priori parece ser una opción más sensata.