El colombiano Julián Palacios Obregón pasó 650 días en detención migratoria en Estados Unidos. La mayoría de ese tiempo, enfermo. Un mes después de ser transferido al Centro de Procesamiento del Noroeste, en Tacoma, Estado de Washington, comenzó a vomitar y a tener diarreas con incontinencia fecal que le obligaron a usar pañales. Y aunque le recetaron antibióticos que mejoraban temporalmente los síntomas causados por la bacteria Helicobacter pylori, la responsable, siempre retrocedía: seguía expuesto al consumo de un agua blanquecina y de alimentos que con frecuencia recuerda crudos o malolientes.

“Antes de que yo llegara al centro de detención no estaba enfermo, no tenía ningún problema de salud”, dijo este activista de 27 años en una videollamada con EL PAÍS en agosto desde el centro del ICE.

Julián Palacios es uno entre cientos que enferman al entrar en custodia migratoria o cuyas condiciones preexistentes empeoran por la deficiente atención médica en estas instalaciones. El problema es generalizado. Tanto, que en junio cientos de detenidos en al menos 33 estados del país alegaron en demandas federales distintos niveles de negligencia médica en los centros del ICE. Incluyeron casos en los que no recibieron sus medicamentos, en que sus solicitudes quedaron sin respuesta, en que sus infecciones se agravaron, y algunos incluso sufrieron colapsos o convulsiones por el retraso en la respuesta de los funcionarios.

La situación se ha agravado porque el gobierno del presidente Donald Trump sigue presionando a sus agentes federales para continuar el ritmo imparable de arrestos. Los centros de detención se han ido llenando de inmigrantes y algunos incluso han excedido su capacidad instalada, según reportes oficiales. Como resultado, desde enero de 2025 más de 50 personas bajo custodia de la agencia han fallecido, según las propias cifras que reporta el ICE. Algunos con condiciones médicas consultados por EL PAÍS han asegurado que prefieren desistir de sus casos migratorios por miedo a que sus enfermedades empeoren y puedan morir.

Desesperado por ganar su libertad, Palacios Obregón se representó a sí mismo ante las cortes. Pidió dos veces su libertad por habeas corpus ante tribunales federales y cinco veces más por razones humanitarias ante el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Quería acceder a una colonoscopia que un gastroenterólogo había recomendado desde mayo de 2025 para evaluar algún otro diagnóstico y posibles tratamientos. Pero por errores del personal del centro de detención para prepararlo a tiempo para el procedimiento, ya había perdido tres citas: la última se reprogramó para el 31 de agosto, el mismo día de su audiencia con un juez de inmigración.

Palacios temía que su enfermedad pudiera convertirse en un cáncer, hasta que una corte de distrito lo respaldó y le otorgó su libertad el 11 de septiembre de 2026.

“El Tribunal concluye que los reiterados intentos fallidos del Gobierno para proporcionar al peticionario un tratamiento adecuado —incluida una colonoscopia diagnóstica— han hecho que la atención recibida sea tan deficiente que su reclusión adquiere un carácter punitivo, en violación del debido proceso”, se lee en la orden de la Corte del Distrito Oeste de Washington.

El activista contó en la videollamada, que el personal médico del centro le hizo exámenes, le recetó antibióticos y en una ocasión hasta lo trasladaron a un hospital. Pero en situaciones de emergencia “no priorizan los casos”; y en el día a día, incumplieron las órdenes médicas de su propio personal sobre su dieta —sin tomate o picante— y el acceso permanente a las duchas. Cree que en los últimos seis meses de detención el personal de salud fue “negligente” al no proveer medicamentos para atacar a la bacteria, y al no presionar al sistema para que cumpliera con sus indicaciones y con las citas requeridas para evaluaciones especializadas.

Días antes de la liberación de Palacios, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había asegurado a EL PAÍS que cualquier alegación de que no había recibido cuidado médico apropiado era “falsa”. Se referían a los mismos servicios que Palacios mencionó, pero no al incumplimiento de requerimientos básicos para que el joven pudiera acudir a su colonoscopia.

La jueza Kimberly K. Evanson —que conocía desde hace meses el caso— escribió en su orden de liberación que lo que vivió Palacios era comparable con el “castigo cruel” que funcionarios penitenciarios infligen a presos condenados en cárceles criminales cuando “ignoran deliberadamente una necesidad médica grave (…) Las condiciones son excesivas en relación con los fines de la detención migratoria”.

Esa misma era la sensación que tenía Julián Palacios: “Las personas que han cometido crímenes tienen más derechos en este momento que nosotros”.

Su caso fue presentado en junio de 2026 por la organización de derechos humanos Global Rights Advocacy ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas. Alertaron de que su detención era “cada vez más punitiva, a medida que él resiste la presión para renunciar a sus derechos y mientras padece afecciones médicas que ponen su vida en peligro”.

“Es una cosa totalmente inhumana”

Cuando Palacios conversó con EL PAÍS en agosto, tenía una semana confinado 23 horas al día en una celda en el área de segregación en solitario, de dos por tres metros, sin que alguien le hubiera explicado las razones. Después de esa conversación, lo dejaron 11 días más en ese espacio.

“Es una cosa totalmente inhumana”, dijo. Y aunque le insistió a los guardias sobre su incontinencia fecal, sólo tenía acceso seguro a las duchas los lunes, miércoles y viernes, igual que cualquiera de los detenidos en el área. Esto fue confirmado a EL PAÍS por un vocero del DHS, que explicó que darse baños adicionales por necesidades higiénicas “debía ser aprobado”.

Las limitaciones en la respuesta médica las sintió incluso en momentos de emergencias. Palacios contó que en ocasiones el malestar prolongado le llevó a vomitar con sangre, con dolores de estómago a nivel máximo en una escala del uno al 10. “Son dolores en los que se necesita atención médica para, aunque sea, calmar el dolor. No hay la posibilidad de ir inmediatamente al médico, porque lo único que te dicen es que esperes al día siguiente, que hagamos una cita”.

Tener esa cita con el médico del centro llegó a tomarle cinco días o una semana. Algunas veces ni lo llamaban.

Además de lo que sufrió, en ese tiempo vio a compañeros detenidos con situaciones médicas que se complicaron. Como el hombre con diabetes a quien se le infectó una herida en un pie y comenzó a supurar pus. Después de una protesta de Palacios y sus compañeros para que lo atendieran, lo llevaron a revisión: 20 días después volvió del hospital, pero le habían amputado el pie.

Distintos reportes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington han denunciado por casi una década casos de violencia sexual en la instalación de Tacoma, así como condiciones insalubres en la cocina, mal estado de los alimentos (a veces con lombrices o crudos), negligencia médica y uso excesivo del confinamiento en solitario, de esposas y de medidas de retaliación tras las huelgas. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger los derechos de sus detenidos.

Un futuro de “incertidumbre”

Julián Palacios fue recluido en el centro del ICE en Tacoma el 2 de diciembre de 2024, confirmó a EL PAÍS un vocero del DHS. “Llegó al puerto de entrada en Sumas [en el estado Washington] solicitando admisión” al país bajo la figura del asilo. El DHS explicó que en agosto de 2025 un juez emitió una orden de deportación, aunque prohibió su expulsión a Colombia. Meses después, en febrero de 2026, le ofrecieron ser deportado a un tercer país, contó Palacios: sus opciones eran México y Nicaragua. “Me negué”.

Su caso de asilo fue reabierto y ahora, en libertad, él tendrá que defenderse de una posible deportación a Canadá. No puede regresar a Colombia, porque allí ha recibido disparos y fue secuestrado en una ocasión por su activismo en contra de la corrupción. Tampoco puede volver a Canadá, donde obtuvo estatus de residente, porque ―asegura― su vivienda en la ciudad de Grande Prairie, en Alberta, fue vandalizada y escribieron en la fachada, en español, la palabra “sapo” (en América Latina se usa como insulto contra quienes hablan de más o denuncian). Él cree que lo hicieron colombianos que le ubicaron en Canadá.

EL PAÍS constató los distintos incidentes que sufrió el colombiano al revisar las evidencias incluidas en su expediente migratorio: incluyen reportes policiales y de fiscalías, así como fotografías de sus heridas y de las evidencias en cada caso.

Tras ser liberado el 12 de septiembre, no sabe cuándo tendrá la próxima audiencia con un juez de inmigración, pero este viernes se presentó ante su oficial de deportación con mucha incertidumbre. “Tengo miedo de una posible redetención. Tengo miedo de lo que pueda pasarme en el futuro”, dijo en una videollamada con EL PAÍS, sentado en la casa de su hermano en Washington.

Sus condiciones médicas no han mejorado. Su familia le ayuda a organizar los recaudos para pedir una cita en un hospital. Celebra que ahora si se siente mal, su hermano le lleva a la emergencia. También que no tiene que pedirle permiso a nadie para asearse, para comer o para, simplemente, sentarse en un parque a respirar.

Julián Palacios está feliz: después de casi dos años pudo volver a abrazar a su madre, que está de visita, y a su hermano y sobrinos. “Me parecía que lo que vivía era un sueño”.

Hace una semana, cuando salió en libertad, descansó y asistió a una fiesta de recaudación de la organización Global Rights Advocacy, que le ha apoyado en la preparación de la defensa de su caso. Lo sintió como la celebración de su regreso a la libertad.

Pero Julián también siente tristeza. Son pocos días los que han pasado desde que salió de Tacoma: “No se me olvida todo lo que viví y me da más tristeza al pensar que mis amigos quedaron ahí, encerrados en condiciones deplorables. Es una felicidad incompleta”.