Wilber Garcés Pérez ha pasado más de 24 horas de dolor. En su espalda todavía está la bala que le disparó un agente migratorio el domingo al mediodía en una calle de Austin, Texas. En el hospital donde lo atendieron no se la retiraron. Y en el centro de detención Pearsall, adonde lo trasladaron, le dieron un analgésico en la madrugada. Lo contó en una llamada telefónica este lunes durante una rueda de prensa.

“Estoy mal, tengo la bala ahí todavía. No he recibido la ayuda necesaria de los médicos”, dijo al teléfono y su voz se proyectó en los micrófonos de medios de comunicación. “Tengo mucho dolor porque el disparo me fracturó mi clavícula y en el hospital al que me llevaron, no me quisieron sacar la bala porque estuvo cerca de pegarme en la columna vertebral”.

Garcés, un venezolano de 28 años, iba en su Toyota Corolla azul a entregar un pedido de la app DoorDash el domingo. De pronto, fue interceptado en una avenida por una camioneta que, hasta ese momento, no se identificó como de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No le habían encendido luces. Más adelante, el auto se le atravesó bruscamente. Pensó que chocarían. “Ahí se baja el oficial, me dice que es agente de inmigración y que le dé mis documentos”, contó.

El venezolano no pensaba huir. El oficial le pidió bajar del vehículo y él solo le pidió que le dejara estacionar su auto en algún parqueadero en lugar de dejarlo atravesado en la avenida. “Él me dice: ‘No’. Le dije: ‘No lo voy a dejar aquí’”. Cuando el venezolano dio una vuelta para estacionarlo, comenzó la persecución, los agentes chocaron auto con auto. Después vino el disparo.

Garcés sintió la bala en la espalda. El oficial de migración, aseguró, en lugar de ayudarle, se metió en el vehículo “a la fuerza”, lo apagó “y me dejó ahí dentro. No me ayudó”, recontó. “Le estaba diciendo que me dolía demasiado, que no me podía mover. Estaba prácticamente desmayado”. Luego, llegó la ambulancia.

“Me querían sacar rápido del hospital”

Cuando Garcés llegó al hospital, pensó que sería sometido a una cirugía para extraerle la bala en su espalda. El personal médico le informó que le harían todos los exámenes. Pero las señales cambiaron radicalmente de repente: “Entró un doctor y me dijo que no se hará cirugía porque estaban apurados para que me dieran de alta para llevarme, para traerme aquí”. El migrante le respondió, incrédulo: “¿Cómo me va a dejar la bala ahí?“.

EL PAÍS consultó al Centro Médico Dell Seton, adonde fue trasladado, por el tratamiento que el venezolano recibió, por su condición al recibir el alta médica y por la premura para que se fuera. No ha habido respuesta. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que, para el momento en que lo trasladaron al centro del ICE en Pearsall, se encontraba estable.

Mientras tanto, la esposa de Garcés, Elizdar, fuera del hospital intentaba obtener información sobre su estado de salud. Su abogada Kate Lincoln Goldfinch denunció que no recibieron información y que incluso las habían echado de la propiedad. A las 4:30 de la tarde, un abogado del hospital les dijo que el venezolano había sido trasladado por el ICE a un centro de detención.

Con esas noticias, Elizdar no durmió la noche del domingo para el lunes. Hasta entonces no sabía cómo se encontraba su esposo. El lunes le confirmaron a la abogada que lo habían llevado a dos horas de distancia.

Garcés, ya en el centro del ICE, siguió quejándose de dolor. Contó que en la madrugada le dieron un ibuprofeno y que más tarde lo trasladaron a la enfermería, donde no había camas disponibles.

Una orden de deportación en ausencia

El ICE, la agencia más visible de la maquinaria antiinmigrante del presidente Donald Trump, dijo en un comunicado enviado a EL PAÍS que la división de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones comandan la pesquisa sobre “el agente involucrado en un tiroteo contra un migrante indocumentado de Venezuela”.

Román Palomares, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), exigió este lunes al Congreso crear un cuerpo independiente del DHS que investigue cada uno de los incidentes en que el ICE hace uso excesivo de la fuerza. “Una placa no es un escudo”, reclamó. “El DHS y el ICE han perdido la confianza de los estadounidenses”.

La historia de Garcés trajo a la conferencia de prensa los nombres de más personas que han sido heridas o que han fallecido por las tácticas violentas de los agentes migratorios en distintas ciudades del país. Como Alex Pretti y Renee Good, dos estadounidenses fallecidos por disparos de agentes migratorios en enero en Minneapolis. O el colombiano Johan Durán, también herido de bala por funcionarios en julio, en Biddeford, Maine; falleció. Y luego, el del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir una bala en el torso, aunque no era el objetivo de la persecución de ese 7 de julio en Houston.

El vocero de la agencia federal justificó el operativo al alegar que Garcés ingresó de forma irregular a Estados Unidos durante el Gobierno de Joe Biden y que tenía una orden final de deportación. Lincoln contrastó la versión oficial al precisar este lunes que Garcés fue admitido al país en 2024 bajo el programa CBP One −que autorizó la entrada legal de miles de inmigrantes a través de citas− y que había solicitado asilo.

Explicó que el migrante había informado a la corte de inmigración sobre su cambio de residencia, pero que una de las notificaciones de comparecencia la enviaron a su vieja casa: “Él no sabía que tenía una audiencia, no se presentó y le ordenaron deportación en ausencia, algo muy común porque la corte comete muchos errores con estas notificaciones”.

El congresista de Austin, Greg Casar, exigió al ICE no deportar a Garcés, porque al hacerlo, estarían removiendo del país al único testigo de lo ocurrido el domingo. Esta noche, Austin tendrá su segunda noche de protestas, esta vez en varios puntos de la ciudad. En la esquina donde Garcés fue detenido aún se siente el olor a gases lacrimógenos. Una muchedumbre decoraba el lugar a modo de memorial “para que no se olvide que aquí pasó algo”, dijo a El País Vladimir Herrera, uno de los organizadores.

La abogada, igual que el resto de los voceros en la rueda de prensa −desde activistas a congresistas−, condenó la violencia del operativo. “No hay ninguna justificación para haberle disparado detrás del cuello”.

La llamada de Garcés con los medios de comunicación se terminó inesperadamente.