En plena discusión paritaria con el gobierno de Axel Kicillof y a pocas horas de que se anunciara que “por el momento” no haría una oferta de mejora salarial para el sector, los docentes anunciaron una huelga para este jueves 1° de octubre. Pero el reclamo de los educadores agrupados en el Frente Gremial no es por aumento de haberes: es para terminar con “la violencia contra los maestros y profesores”.

La medida fue convocada por FEB, SUTEBA, UDOCBA y AMET y busca visibilizar la necesidad de fortalecer la prevención y el abordaje de las agresiones en las escuelas. Pero tiene una asociación directa con la decisión de las autoridades provinciales de poner en suspenso la discusión por una recomposición de los haberes.

Los gremios de trabajadores de la educación tienen estancada la discusión por sus ingresos con Kicillof, pero paran en los casi 12.000 centros de enseñanza estatales para reclamar por hechos violentos que, afirman, golpean a los trabajadores de las aulas.

Además, la medida de fuerza se anunció pocas horas después que la Legislatura convirtió en ley un proyecto que endurece las sanciones penales contra quienes agredan, hostiguen o maltraten a docentes, trabajadores de la salud y agentes de servicios públicos esenciales.

Era una iniciativa presentada y aprobada por el Senado que se votó este martes en la quinta sesión ordinaria de Diputados.

“Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñen” es el eslogan de la protesta que mañana impactará sobre casi 3 millones de niños y adolescentes que concurren a establecimientos estatales de la Provincia.

Unas horas antes, Liliana Olivera, presidenta de la FEB, había expresado que “la recomposición salarial que estamos solicitando debe darse de forma inmediata” y exigió “que no se dilaten más los tiempos de una propuesta».

«Los plazos se agotan y se hace imperioso discutir una verdadera mejora en los bolsillos”, dijo la dirigente.

Pocas horas después se anunció la medida de fuerza pero, según la dirigencia, va en contra la “violencia”.

Las autoridades provinciales reabrieron la mesa paritaria la semana pasada. Fue un encuentro breve: el gobierno no pudo hacer una oferta. Los gremios (estatales y docentes) se fueron con las carpetas vacías de propuestas para exhibir ante sus afiliados.

Fue un encuentro que deriva del último acuerdo de julio, cuando la Provincia otorgó una suba acumulada del 7%, distribuida en un 5% en julio y un 2% en agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de junio. Ese entendimiento contemplaba una nueva instancia de discusión durante septiembre.

En las últimas horas se desencadenó una serie de protestas contra la Provincia: el paro de mañana del Frente Gremial; un paro y movilización de ATE, para el 7 de octubre, con marcha a la Legislatura (no a Gobernación) y el anticipo de otra interrupción de las tareas para mediados de mes, cuando se concrete la marcha federal por la educación que motoriza el sector de trabajadores de las universidades.

En este último caso, los planteos son contra el Gobierno Nacional. Por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y por los recortes en educación (como el final del fondo de incentivo docente).

En el caso del reclamo estatal a la Provincia, ATE pide el «pase a planta permanente» de todos los trabajadores de la administración pública que sigan en la modalidad de contratados.