En el Salón San Martín de la Legislatura porteña se presentó el informe preliminar de Ciudad Efectiva, el primer Centro de Monitoreo del Mandato Constitucional, una iniciativa gestionada por el Instituto Moisés Lebensohn y la Unión Cívica Radical (UCR). El proyecto se desarrolla en el marco de los 30 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y propone analizar cuánto de lo establecido en el texto constitucional se traduce efectivamente en políticas públicas.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Hernán Rossi, titular del radicalismo metropolitano, quien agradeció la presencia de los exconstituyentes Silvia Collin y Gustavo Vivo. También participaron de la presentación la diputada porteña Aldana Crucitta y su colega Francisco Loupias.
El objetivo de Ciudad Efectiva es evaluar el nivel de implementación de los mandatos constitucionales, identificar las brechas entre las normas y su aplicación práctica, generar información pública clara y promover mejoras en las políticas públicas. Para ello, el programa parte del análisis de la Constitución local y busca establecer criterios que permitan observar el cumplimiento de sus disposiciones más allá de la existencia de leyes o estructuras administrativas.
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La iniciativa propone, de esta manera, contar con una herramienta de seguimiento que permita distinguir entre el reconocimiento formal de un derecho, la existencia de organismos responsables de garantizarlo y su concreción en la vida cotidiana. El relevamiento también incorpora la disponibilidad de información pública como una dimensión para evaluar el desempeño institucional.
El método RAIT y el índice de cumplimiento
Uno de los componentes centrales de Ciudad Efectiva es el método R.A.I.T., una herramienta diseñada para evaluar cuatro dimensiones de cada mandato constitucional: Reglamentación, Autoridad de Aplicación, Implementación y Transparencia. A través de estos criterios, el programa busca medir la distancia entre lo que establece la Constitución y lo que efectivamente ocurre en la gestión pública.
La primera dimensión analiza la existencia del marco normativo necesario para desarrollar un mandato. La segunda observa si hay una autoridad de aplicación identificada y con responsabilidades definidas. La tercera, considerada la más importante dentro del sistema, evalúa la implementación efectiva de las políticas públicas. Por último, la dimensión de transparencia contempla la disponibilidad de información pública que permita conocer y verificar su funcionamiento.
Los resultados se expresan a través del Índice de Mandato Constitucional a 30 años (IMC30), que combina las cuatro dimensiones mediante una ponderación diferenciada. La reglamentación representa el 15% del índice; la autoridad de aplicación, otro 15%; la implementación, el 50%; y la transparencia, el 20%.
Esta distribución busca evitar que una política pública obtenga una evaluación favorable únicamente por contar con normas adecuadas, organismos responsables e información disponible, si no demuestra resultados concretos. En ese sentido, el método otorga la mayor incidencia a la implementación, con el propósito de que la evaluación refleje el grado de cumplimiento efectivo de los mandatos constitucionales.
El sistema también incorpora una escala de puntuación y una clasificación visual. Según los umbrales establecidos en la guía RAIT, los resultados de entre 2,40 y 3 puntos se identifican en verde; los de entre 1,70 y 2,39, en amarillo; y los de entre 1 y 1,69, en rojo. Además, contempla una regla específica para los casos en los que se verifica un puntaje cero, como puede ocurrir ante una denegación documentada de acceso a la información.
Los cinco ejes del relevamiento
El trabajo se distribuyó en cinco áreas temáticas que reúnen distintos mandatos de la Constitución porteña. La primera corresponde a Descentralización y Ciudadanía, mientras que la segunda comprende Seguridad, Justicia y Organismos de Control.
El tercer eje es Desarrollo Humano, que incluye, entre otros aspectos, la organización del sistema de salud, la atención primaria y la articulación metropolitana con la provincia de Buenos Aires. En este campo, el relevamiento examinó el marco normativo, las autoridades responsables, la distribución territorial de los efectores y la disponibilidad de información para evaluar el funcionamiento de los servicios.
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El cuarto eje, Ambiente, Transporte y Urbanismo, contempla cuestiones vinculadas con la protección ambiental, los espacios verdes, la preservación del patrimonio natural, urbanístico y arquitectónico, la calidad visual y sonora, y la situación de los barrios populares. En este último apartado, el análisis incluye el déficit habitacional, la pobreza crítica, la integración sociourbana, la regularización dominial y la radicación definitiva.
Por último, el quinto eje, Desarrollo Económico y Sostenibilidad, reúne temas relacionados con el empleo, la formación profesional, la inclusión laboral, el desarrollo productivo, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), las cooperativas, la economía social y el financiamiento productivo. El objetivo es evaluar tanto la existencia de instrumentos de apoyo como su alcance y sus resultados.
Avances normativos y dificultades de implementación
Entre los resultados preliminares presentados, el relevamiento sobre la transferencia del fuero laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires muestra diferencias entre las dimensiones evaluadas. El marco normativo y la identificación de las autoridades responsables recibieron dos puntos cada uno, equivalentes a un cumplimiento alto dentro de la clasificación utilizada, mientras que la implementación y la transparencia obtuvieron un punto cada una, correspondiente a un cumplimiento bajo.
El análisis señala que el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña se encuentra vinculado con el convenio entre la Nación y la Ciudad, homologado por el Congreso y la Legislatura. Sin embargo, el informe indica que el proceso avanza en un porcentaje bajo: se contempla un concurso de diez juzgados y dos salas de Cámara, mientras que la meta es alcanzar 80 juzgados y diez salas mediante una incorporación paulatina durante cinco años. En materia de transparencia, el relevamiento advierte que la difusión se limita a diarios, al Boletín Oficial y al Colegio Público de Abogados de la Ciudad, y señala que la mayoría de la población porteña desconoce el traspaso. El índice final para este mandato fue de 1,30, dentro de la categoría de cumplimiento bajo.
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Otro de los casos analizados corresponde a los sistemas de videovigilancia algorítmica y reconocimiento facial. En este punto, la reglamentación recibió dos puntos, la autoridad de aplicación uno y la implementación también uno. La transparencia, en cambio, obtuvo cero debido a una denegación documentada de acceso a la información. Por aplicación de la regla del cero, el caso fue clasificado como de incumplimiento absoluto, sin calcular un índice final.
En el área de salud, el relevamiento examinó la organización del sistema bajo el enfoque de atención primaria y su articulación con el conurbano bonaerense. El diagnóstico identificó una brecha entre el marco normativo y la implementación efectiva, con diferencias en la distribución territorial de los centros de salud, falta de actividad documentada del Consejo General de Salud y ausencia de evidencia sobre la continuidad del Plan de Ejecución Metropolitana después de 2018-2019. El mandato fue clasificado con cumplimiento bajo, con un IMC30 de 1,62 en el cálculo detallado.
En materia de ambiente y urbanismo, la presentación abordó las normas que regulan los espacios verdes públicos, la protección ambiental y la preservación del patrimonio. Entre los instrumentos relevados figuran la Ley 4950, que regula los permisos de uso de espacios verdes públicos y busca preservar su carácter recreativo y ambiental, y la Ley 2628, que creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. El análisis también incluyó disposiciones sobre patrimonio natural, urbanístico y arquitectónico, calidad sonora y publicidad exterior.
En relación con los barrios populares, el informe examinó el mandato del artículo 31 de la Constitución porteña y distinguió distintas dimensiones, entre ellas el déficit habitacional, la pobreza crítica y la integración sociourbana. Entre los problemas identificados aparecen vacíos legales, dificultades en la asignación de recursos, falta de actualización de líneas crediticias, dispersión institucional e inconsistencias en los mecanismos de participación. También se señalaron dificultades vinculadas con la exigibilidad de las normas, la continuidad de la inversión pública social y la regularización dominial.
Programas existentes y falta de información sobre resultados
En el eje de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, los primeros resultados se organizaron en tres bloques: empleo, formación e inclusión laboral; desarrollo productivo y PyMEs; y financiamiento productivo y política crediticia. En conjunto, el relevamiento encontró instrumentos y programas en funcionamiento, aunque también identificó dificultades para evaluar su alcance, cobertura e impacto.
En el área de formación profesional, el índice fue de 1,80, correspondiente a cumplimiento medio. El análisis reconoció un marco normativo y una oferta continua de cursos y certificaciones a través de la Red de Centros de Formación Profesional, pero señaló la necesidad de actualizar los planes según la demanda laboral, ampliar la cobertura territorial y publicar datos sobre egresos e inserción laboral.
En inclusión y empleo, el resultado fue de 1,30, dentro de la categoría de cumplimiento bajo. El relevamiento identificó programas como Empleo Joven, Proyectate, Empleabilidad Plateada y Empleo +50, además de iniciativas de capacitación para personas con discapacidad. Sin embargo, advirtió que falta medir la inserción laboral y que las responsabilidades se encuentran distribuidas entre distintos ministerios. En el caso de las políticas destinadas a personas con discapacidad, el informe indicó que el presupuesto creció entre 2024 y 2026, mientras que disminuyó la cantidad de beneficiarios y solo una minoría mantiene un empleo registrado.
El análisis de la promoción de las PyMEs obtuvo 2,15 puntos, equivalente a cumplimiento medio. Entre los instrumentos identificados aparecen Expertos PyME, los créditos del Banco Ciudad y RIMICABA. Si bien el relevamiento reconoció la existencia de autoridades y programas en funcionamiento, también señaló que las normas están dispersas y que falta información sobre quiénes reciben los beneficios, cuántas solicitudes son rechazadas y qué impacto tienen las políticas implementadas.
En cuanto a las cooperativas y la economía social, el índice fue de 1,85, también dentro del cumplimiento medio. La presentación identificó programas como RUPEPyS, Asistencia Técnica, Compra con Valor y Valor BA. Al mismo tiempo, señaló una discontinuidad normativa y financiera asociada con la derogación, en 2026, del régimen integral de economía social establecido por la Ley 6376 y la liquidación del FONDES, sin que el equipo identificara una norma o un instrumento financiero de reemplazo.
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Por último, los subejes vinculados con el sistema financiero, la prioridad a las PyMEs y el crédito social, y el Banco Ciudad como instrumento obtuvieron resultados de cumplimiento medio. El relevamiento reconoció la existencia de una estructura institucional y de líneas de financiamiento, pero advirtió que faltan datos desagregados para conocer el acceso efectivo al crédito, las solicitudes rechazadas y los resultados de la política crediticia. También señaló que los préstamos comerciales tienden a concentrarse en grandes empresas y que la participación de las PyMEs en los otorgamientos es baja, aunque el informe sugiere que esa tendencia podría estar cambiando.
Cómo se desarrolló el proyecto
El trabajo se organizó en tres etapas. Entre marzo y junio se realizó el diseño del programa, se definieron los cinco ejes de análisis y se construyeron tanto el método RAIT como el Índice de Mandato Constitucional a 30 años (IMC30).
La segunda etapa tuvo lugar entre junio y julio, cuando se abrió la convocatoria para conformar el equipo de investigadores. Según el balance presentado, la iniciativa recibió 110 postulaciones y confirmó la participación de 60 investigadores, que luego se organizaron en equipos de trabajo vinculados con los distintos ejes temáticos.
Entre agosto y octubre se desarrolló el relevamiento, con tareas de investigación, identificación de hallazgos y aplicación del método de evaluación. Tras dos meses de trabajo, el programa presentó sus primeros resultados preliminares el 7 de octubre de 2026, con un sistema de visualización que utiliza los colores de un semáforo para facilitar la lectura de los niveles de cumplimiento.
La próxima etapa
La presentación de los resultados preliminares representa un primer balance del trabajo realizado desde el diseño del programa hasta la aplicación del método RAIT. La incorporación de 60 investigadores permitió avanzar en el relevamiento de distintos mandatos constitucionales y comenzar a sistematizar información sobre su grado de cumplimiento.
Entre los aspectos que se repiten en los distintos ejes aparecen las dificultades para verificar la implementación efectiva de las políticas públicas y la falta de información suficiente para medir sus resultados. Los casos presentados muestran que la existencia de normas y organismos responsables no siempre se corresponde con mecanismos de ejecución verificables, cobertura adecuada o datos públicos actualizados.
De acuerdo con el cronograma anunciado, el trabajo continuará durante lo que resta del año con el objetivo de completar el análisis de los mandatos seleccionados para esta primera etapa. Ciudad Efectiva busca consolidar así un instrumento de seguimiento que permita evaluar la efectividad real de las políticas públicas en relación con las obligaciones establecidas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
LMM/ML
