Seis votaciones del Congreso aprobaron y luego revalidaron la ley de financiamiento universitario. Cuatro fallos judiciales ordenaron cumplir la norma. Pero aún así el Gobierno de Javier Milei se niega a restituirles a las universidades públicas los fondos que les está recortando desde hace casi tres años. “¿Qué más quieren que hagamos para encontrar respuestas? ¿Cuáles son las formas, cuánta paciencia hay que tener?”, se preguntó Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, en el acto de cierre de una multitudinaria movilización, realizada este jueves en Buenos Aires para exigirle al Gobierno ultraderechista que respete el financiamiento de las instituciones educativas. La manifestación culminó abruptamente, en medio de la represión policial con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
Convocada por autoridades académicas, sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles, la quinta marcha federal universitaria tuvo también expresiones en las principales ciudades argentinas. Según los organizadores, cerca de un millón de personas se movilizaron a lo largo del país.
“En democracia, la ley se cumple”, decía una bandera que cruzaba la fachada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En los alrededores de la Plaza Houssay, en el centro porteño, profesores y alumnos se preparaban al mediodía para marchar hacia el Congreso, una escena que se repetía en distintos puntos de la ciudad, igual que los cortes de calles. “Este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación”, cantaban estudiantes secundarios que contagiaban entusiasmo a la protesta.
“Si el presidente no respeta la ley ni lo que dice la justicia, no puede ser más presidente”, se indignaba Lisandro, un joven estudiante de Ciencias Sociales. “Hace año y medio que tenemos paros todos los meses y los profesores tienen razón, no se puede seguir así”, comentaba Paz, estudiante llegada desde La Plata, a 50 kilómetros de la capital. Los alumnos mostraban banderas y pancartas que identificaban a sus universidades o exhibían distintos mensajes. “¿Por qué tanto miedo a educar al pueblo?”, se preguntaba uno. “¿La motosierra también corta nuestro futuro?”, planteaba otro. Y otro más avisaba: “Si no hay educación para el pueblo, no habrá paz para el Gobierno”. Los profesores, organizados por sindicatos o casas de estudios, llevaban sus propias consignas: “Docente luchando también está enseñando”, rezaba un cartel.
Alrededor de las tres de la tarde, la enorme plaza que mira al histórico edificio del Congreso estaba colmada y por la Avenida de Mayo seguían arribando manifestantes. Además de los universitarios, también participaban de la protesta delegaciones de las principales federaciones sindicales del país —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos líneas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA)—, así como agrupaciones políticas y organizaciones sociales. Durante el día también confluyeron con sus reclamos miembros del colectivo de personas con discapacidades, una de las áreas más afectadas por el ajuste de Milei; organizaciones que representan a endeudados y morosos, un problema extendido en el país y que alcanza niveles récord; y otros sectores movilizados en rechazo a la extranjerización de la tierra.
“Milei, cumplí la ley”, reclamaba una de las grandes banderas instaladas en la plaza. La ley de financiamiento universitario fue aprobada hace más de un año por las cámaras de Diputados y Senadores para revertir el ajuste aplicado por el Gobierno y actualizar el presupuesto según la inflación acumulada. El presidente vetó la ley, pero luego fue refrendada por los legisladores. El Ejecutivo se negó a aplicarla argumentando que atentaría contra el equilibrio fiscal y las universidades recurrieron a la justicia. En diversas instancias, incluyendo a la Corte Suprema, los tribunales fallaron que el Gobierno debe comenzar a pagar los aumentos para sueldos y becas, mientras se dirime la cuestión de fondo. Tras las sucesivas protestas, Milei solo ha concedido algunos fondos extra, pero sin respetar la ley vigente. De acuerdo con diversas estimaciones, el presupuesto universitario ha sufrido desde fines de 2023 un recorte cercano al 25%.
“Estamos ante un Gobierno que está destruyendo el país, que va en contra del conocimiento, del avance científico, de la formación de nuestros jóvenes”, dijo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en el acto de clausura de la marcha federal, desde un escenario montado en la plaza. Para ese momento, la lluvia arreciaba y muchos manifestantes comenzaban a irse. “Nadie está por encima de la ley”, agregó luego Bartolacci, titular del CIN y rector de la Universidad de Rosario. “Nos dicen que no hay presupuesto y al mismo tiempo vemos que aumentan más de 1.000% el presupuesto de los servicios de inteligencia”, alertó.
La protesta se había desarrollado de manera pacífica hasta ese momento. Alrededor de las cuatro de la tarde, unas pocas personas encapuchadas, acusadas por estudiantes y docentes de ser policías infiltrados, comenzaron a tirar piedras contra las fuerzas de seguridad que custodiaban el Congreso. Desde el otro lado de las vallas metálicas desplegadas sobre la calle, los agentes comenzaron a responder con lanzar gases lacrimógenos, mientras los camiones hidrantes se sumaban con violentos chorros de agua. Según la información oficial, hubo 31 personas detenidas y 8 policías heridos.
Sobre el escenario, los dirigentes estudiantiles intentaron cerrar el acto como estaba previsto, con la lectura de una declaración consensuada por la comunidad universitaria. Alcanzados por los gases, apenas pudieron leer la mitad del documento. “Le decimos al presidente de la Nación”, llegó a plantear Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, “que él va a terminar su mandato y se va a ir de la Casa Rosada, pero la universidad pública va a seguir existiendo”.
