El violento desenlace de la quinta Marcha Federal Universitaria desató una furiosa contraofensiva desde los despachos oficiales. Lejos de calmar las aguas tras una tarde marcada por las pedradas y los gases lacrimógenos frente al Congreso Nacional, las máximas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la Casa Rosada salieron a jugar fuerte y catalogaron los disturbios como un plan sistemático y organizado para quebrar el orden institucional en el país.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue el primero en expresarse con un durísimo mensaje a través de sus redes sociales. En su cuenta de X, el mandatario apuntó contra los responsables de destrozar el espacio público y aseguró que quieren instalar la barbarie. «Son delincuentes y zurdos infiltrados que no les interesa la educación», sentenció. Tras prometer que su gestión seguirá defendiendo a la Ciudad, lanzó una advertencia implacable: «Los vamos a atrapar y van a pagar por sus actos. Ley y orden».
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La postura de la Nación fue igual de tajante y se materializó directamente en los tribunales. A través del Ministerio de Seguridad, el Ejecutivo presentó una denuncia en la Justicia federal acusando a los manifestantes de cometer delitos gravísimos, entre ellos «atentado al orden constitucional y a la vida democrática». Para la cartera nacional que dirige Alejandra Monteoliva, no se trató de un simple desborde, sino de un accionar con «rasgos terroristas» diseñado específicamente para sembrar pánico e impedir que el Poder Legislativo sesionara con normalidad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reforzó esta teoría. El legislador riojano vinculó directamente los cascotes que volaban en la plaza con la fallida sesión en la que la oposición intentó voltear el mega DNU presidencial. «El objetivo fue dañar, desestabilizar», disparó por televisión, acusando a sus rivales políticos de fogonear la violencia en las calles para «rasguñar votos» de cara a las elecciones de 2027, tras haber dejado un país en ruinas.
El saldo del enfrentamiento dejó números preocupantes y varios heridos. Durante la jornada, las fuerzas de seguridad llegaron a detener a 24 personas, aunque la cifra se redujo a cinco hombres que permanecen a disposición de la Justicia porteña. El Ministerio de Seguridad aguarda videos para identificar a quienes tiraron bombas molotov, mientras el parte médico arrojó que varios policías terminaron lastimados: uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento tras recibir el impacto de una maceta arrojada desde un edificio.
Marcha Federal Universitaria: las imágenes de los incidentes y la represión frente al Congreso
El reclamo educativo, sepultado por el caos y las acusaciones cruzadas
Antes de que el centro porteño se convirtiera en un campo de batalla, la jornada había comenzado bajo una lluvia incesante y con un reclamo pacífico. Miles de estudiantes, docentes y gremios se movilizaron bajo la consigna «Milei, cumplí la ley«, exigiendo que la Casa Rosada acate la Ley de Financiamiento Universitario y mejore las partidas del Presupuesto 2027. Desde el escenario central, las organizaciones leyeron un documento donde advirtieron que asfixiar económicamente a las casas de estudio pone en jaque al sistema.
Sin embargo, el clima se descontroló pasadas las cuatro de la tarde. Un grupo de manifestantes con los rostros cubiertos comenzó a arrancar las baldosas de las veredas y a destrozar bancos para usarlos como proyectiles contra el cordón policial. La respuesta oficial fue inédita para una marcha educativa: efectivos de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal desplegaron camiones hidrantes y dispararon gases lacrimógenos para despejar la zona. La nube tóxica fue tan densa que incluso se filtró en el anexo de Diputados, descompensando a la legisladora opositora Cecilia Moreau.
En medio del humo, la guerra narrativa sobre quién encendió la mecha no tardó en estallar. Mientras el Gobierno habla de terroristas que buscan el caos, desde el arco sindical denuncian una trampa oficial. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, le contestó sin filtro a la ministra Monteoliva: la acusó de ejercer violencia institucional desde las más altas esferas del poder y aseguró que los encapuchados que iniciaron los destrozos eran, en realidad, «infiltrados de manual» mandados por el propio oficialismo para tener la excusa perfecta para reprimir.
TC/DCQ
