A casi dos años y medio del brutal atentado incendiario terminó con la vida de tres mujeres y dejó a una única sobreviviente en un hotel de Barracas, el principal acusado rompió el silencio con una estrategia que indignó a las víctimas. Justo Fernando Barrientos se sentó frente a la pantalla desde el penal de Ezeiza, negó rotundamente su participación en la masacre y se escudó en una conveniente amnesia sobre lo ocurrido la trágica madrugada del 6 de mayo.
Su breve testimonio intentó despegarlo a toda costa de la figura del crimen de odio. El imputado aseguró que sentía un profundo «respeto hacia la diversidad», remarcó que nunca hablaba de gustos sexuales con nadie y soltó con frialdad: «Ellas pareciera que eran pareja». Para rematar su coartada, desconoció haber manipulado combustibles y disparó directamente contra los vecinos que declararon haberlo visto darle una paliza a una de las chicas mientras intentaba apagar las llamas de su cuerpo.
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Sin embargo, las palabras del agresor chocaron de frente contra la abrumadora evidencia técnica que se ventiló durante el juicio. Los peritajes de bomberos y especialistas en siniestros fueron categóricos al confirmar ante los jueces que el fuego fue desatado de manera estrictamente intencional, derribando cualquier teoría de un accidente fortuito.
A esto se suma la escena con la que se topó la Policía minutos después de la tragedia. Lejos de intentar ayudar o pedir auxilio, Barrientos fue hallado atrincherado en un baño de la terraza del edificio. Tenía un cuchillo en la mano y una herida cortante en el cuello que, según los médicos del Hospital Argerich, se trató de una clara autoagresión.
Con esta audiencia virtual, el tribunal clausuró la etapa de testimonios y se prepara para entrar en la recta decisiva. El 26 y 28 de octubre será el turno de los alegatos, donde la fiscalía y las querellas pondrán toda la carne en el asador para conseguir una condena a prisión perpetua, exigiendo que se apliquen sin titubeos los agravantes por violencia de género y odio hacia la orientación sexual.
En este contexto, la exclusión de testigos expertas que buscaban contextualizar la violencia estructural contra las lesbianas generó un fuerte cortocircuito. Los magistrados habían rechazado escuchar a periodistas especializadas argumentando que no eran aportes «necesarios» para probar un hecho concreto, una decisión que encendió las alarmas de quienes exigen una lectura profunda del caso.
«Vergüenza judicial»: la histórica deuda con las identidades lésbicas
Frente a la frialdad del acusado y las constantes trabas procesales, la voz de Luciana Sánchez (abogada representante de la sobreviviente Sofía Castro Riglos y querellante en nombre de su pareja fallecida, Andrea Amarante) dialogó con PERFIL para marcar el peso histórico que tendrá este fallo. Para la letrada, el sistema arrastra una ceguera crónica: recordó que, desde la reforma del Código Penal en 2012, «ninguna sentencia jamás reconoció la identidad lesbiana como objeto de violencia discriminatoria en relación al asesinato de la víctima».
El último gran antecedente reconocido socialmente fue el crimen de Pepa Gaitán en Córdoba, ocurrido en 2010, previo a las modificaciones legales vigentes. «Como abogada siento vergüenza de esa discriminación que todavía sigue funcionando de una manera tan brutal en el sistema de justicia y que leemos en las sentencias», disparó Sánchez, quien espera que el tribunal esté a la altura de generar un quiebre en la jurisprudencia, aun lidiando en «un contexto político tan adverso».
La querella insiste en que aplicar los incisos 11 y 4 (agravantes por odio y violencia de género) no es un capricho jurídico de las organizaciones. Por el contrario, sostienen que es la única forma de que el Estado cumpla con su obligación ineludible de «proteger a las mujeres y a las personas LGBTIQ+ de violencia letal justificada por estructuras históricas de discriminación».
Pero el reclamo va mucho más allá del castigo individual a Barrientos. En diálogo con este medio, Sánchez advirtió que una condena con esta perspectiva tiene relación directa con la «obligación de reparar mediante medidas transformadoras para que estos hechos nunca vuelvan a ocurrir». En ese sentido, cuestionó herramientas como la Ley Micaela porque «no incluyen formación en enfoques diferenciados», lo que provoca que la violencia contra estas minorías quede subordinada «a las categorías biológicas, como si fuera un anexo».
«Un parto burocrático»: la odisea de Sofía frente a tribunales ciegos ante la familia social
Este desamparo institucional quedó al desnudo desde el día uno del expediente. Lograr que Sofía fuera aceptada como querellante en nombre de su pareja fallecida fue un verdadero parto burocrático que costó casi un año de peleas legales, simplemente porque el juez de instrucción original no entendía el planteo. «Eran pareja hace dos años cuando Andrea falleció. Eso solo tendría que haber alcanzado, porque las parejas convivientes sí están reconocidas», lamentó la abogada.
Esta odisea procesal dejó a la vista cómo los tribunales siguen privilegiando sistemáticamente el parentesco heterosexual por sobre la «familia social» que construyen las diversidades. Sánchez ilustró esta crueldad recordando que abundan los casos de «cuerpos que quedan años en las morgues mientras los jueces están a la búsqueda de un supuesto hermano o padre biológico con quien las personas no tienen relación», ignorando por completo a sus verdaderos afectos.
«Crimen de odio»: el reclamo de activistas trans tras el asesinato de Jéssica Núñez en Villa Nueva
Si bien en Argentina se logró un avance enorme tras el histórico fallo por el travesticidio de la activista Diana Sacayán (que impulsó la reforma legal para que los hermanos pudieran constituirse como querellantes) la defensa técnica asegura que la ley aún se queda corta frente a la realidad de la calle. «Tendría que volver a modificarse la ley y explicitarse la incorporación de la familia social», reclamó.
Mientras el reloj corre hacia los inminentes alegatos de fines de octubre, el triple crimen de Barracas dejó de ser un simple expediente policial para convertirse en un crudo espejo de las fallas estructurales del país. La Justicia tiene ahora en sus manos la oportunidad de mirar más allá del fuego que arrasó esa habitación y saldar, de una vez por todas, su pesada deuda con la comunidad.
TC
