El Gobierno mexicano ha reconocido este martes ante la Asamblea General de la ONU que autoridades municipales han cometido desapariciones en el país. Así lo ha dicho el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, quien en el marco de la Tercera Comisión, ha señalado: “En el pasado, la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político. Hoy estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y en algunos casos, lamentablemente, sobre todo, por autoridades del ámbito municipal”. No es habitual que un funcionario de la Administración de Claudia Sheinbaum reconozca públicamente la participación del Estado en una crisis que ya suma 130.000 personas sin localizar. Y menos que lo haga frente al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, quien llevó la emergencia en el país a la Asamblea General.

Durante meses, el Gobierno y el partido de Claudia Sheinbaum se lanzaron a una ofensiva contra el CED. Lo hicieron en público y en reuniones privadas. Acusaron al comité incluso de querer “descarrilar” al Gobierno. El mensaje, tal y como lo llegó a enunciar la presidenta en una de sus mañaneras era: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”. La realidad contradecía de forma tozuda la frase de la mandataria, tanto por casos antiguos (con el ejemplo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, del sistema desaparecedor del gobernador Javier Duarte en Veracruz o del fiscal Edgar Veytia en Nayarit) como por historias recientes. Hace solo un año, ocho jóvenes de Tlaxcala desaparecieron en la costa de Oaxaca; sus cuerpos, desmembrados, se encontraron en una carretera ya en el Estado de Puebla. Los únicos dos detenidos por su “participación directa” en el crimen son dos agentes de la Fiscalía oaxaqueña.

Nadie se atreve a negar la crisis, pero el Gobierno sí ha peleado mucho por redimensionar su tamaño. Este marzo presentó una nueva interpretación del Registro Nacional de Desaparecidos, que depende de la Secretaría de Gobernación, para mantener que decenas de miles de los casos ahí incluidos no contaban con los mínimos datos para buscarlos. Esto se anunció —con la indignación de los colectivos de búsqueda— sin que se haya vuelto a actualizar y sin que se llegara a poder consultar. La siguiente fase, en plenas protestas con el Mundial de Fútbol 2026, fue anunciar reuniones con los colectivos por todo el país, la creación de un centro de mando reacción inmediata y el hallazgo de más de 5.800 personas con reporte de desaparición gracias a la Plataforma Única de Identidad.

La semana pasada, coincidiendo con estos encuentros en la ONU, el Gobierno fue un paso más allá y anunció que se habían encontrado este año a 16.000 personas, “la mayor parte vivas”. Sin embargo no se ha detallado nada más: cuántas fueron localizadas muertas, cuántas habían sido víctimas de un delito, cómo habían sido encontradas, si pertenecían a la categoría de los que tenían datos de búsqueda o no… Ese número es el que Arturo Medina ha vuelto a poner sobre la mesa este martes, que ha denominado que se han localizado gracias a un “esfuerzo nacional”.

El subsecretario ha aprovechado el foro también para criticar, de nuevo, al CED por aplicar el llamado Artículo 34, que llevó el caso de México a la Asamblea General para que se pudiera ofrecer ayuda y asesoría técnica al país para enfrentar esta crisis humanitaria. Una fuente cercana apunta que lo que molesta al Gobierno de México no es la posibilidad de recibir apoyo —que, según ha indicado Medina, ya reciben de Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá, Países Bajos, el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos—, sino el hecho de “ser señalados y singularizados como un país que tiene un problema muy serio de graves violaciones a los derechos humanos”.

Por esa razón, el Gobierno mexicano lleva meses cabildeando para minimizar el impacto de esta declaración y convencer a los Estados de la ONU de que el país ya está haciendo suficiente en la búsqueda de desaparecidos. Así lo ha dicho el subsecretario en Nueva York: “En México la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene. Atender este delito es una prioridad nacional”.

El presidente del CED, Juan Pablo Albán, ha presentado hoy el informe anual y ha señalado lo que el Comité ya había dicho antes con claridad: “Existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica en México”. Por esa razón se decidió aplicar el artículo 34 por primera vez en los 20 años de historia del Comité: “Es un mecanismo preventivo excepcional de alerta que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias”.

Después del encuentro, Alban explica a EL PAÍS por teléfono que “la pelota ahora está en la cancha de la Asamblea General”: “Nosotros no le podemos decir a la Asamblea qué hacer, pero planteamos ideas sobre cosas que se podrían hacer, como apoyo financiero, compartir buenas prácticas de otros países o facilitar apoyo tecnológico para las búsquedas”. Ahora, señala el jurista, se abren varios caminos. Uno de ellos es que la Asamblea General decida no hacer nada; otro, es que “tomen nota de la resolución e insten al Estado mexicano a abrirse a la cooperación e indicar si requiere apoyo”; un tercero es mandar el caso al Consejo de Derechos Humanos para que examine la posibilidad de crear, por ejemplo, un mecanismo especial; o incluso puede no dictar ninguna resolución, pero sí abrir un foro “para determinar qué tipo de acciones o medidas pudieran ser útiles”.

“Pero todo es especulativo porque no sabemos qué es lo que la Asamblea finalmente va a decidir hacer”, desarrolla Alban, quien apunta que una “resolución” de la Asamblea General tendría “mucho impacto desde un punto de vista de peso político”.