El repudio a Javier Milei por sus ataques contra la prensa encontró en la Legislatura de Córdoba una confluencia política tan heterogénea como incómoda para la oposición. El delasotista Bernardo Knipscheer, el socialista Matías Chamorro y los tres radicales sin peluca Dante Rossi, Sebastián Peralta y Carlos Briner coincidieron en cuestionar las expresiones del libertario contra periodistas. Sin embargo, convertir ese rechazo en una declaración institucional en el recinto exigirá una alquimia parlamentaria de difícil concreción.
Son tres los proyectos que ingresaron en las últimas horas a la Unicameral, luego de que Milei apelara a una frase de fuerte carga violenta contra cinco periodistas que merecían ser «quemados en la hoguera» durante la cena anual de la Fundación Faro. Las iniciativas exceden a los mencionados por el Presidente y apuntan también contra sus agravios hacia quienes investigaron y publicaron sobre la causa Libra.
La diversidad de sus impulsores aportó volumen político al reclamo. El peronista delasotista, que actúa en tándem con la diputada Natalia de la Sota, y el socialista presentaron proyectos desde el bloque oficialista, aunque provienen de partidos distintos. La tercera iniciativa lleva las firmas de tres radicales críticos de Milei que se ubican en la oposición interna a Rodrigo de Loredo.
La coincidencia no borra las diferencias partidarias, pero abre un frente incómodo para quienes buscan sostener vínculos políticos con La Libertad Avanza de los Milei. La libertad de expresión pone a prueba los límites de esa convivencia.
Los autores de las iniciativas adelantaron a Perfil Córdoba que pedirán que sus proyectos sean tratados sobre tablas en la sesión del miércoles, cuando el PJ y la oposición vuelvan al recinto después de un mes, en medio de la tensión por los carpetazos vinculados a asesores detenidos y con antecedentes penales.
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En el oficialismo, en principio, hay voluntad de avanzar con una declaración de la Cámara, aunque la posición orgánica se definirá en la reunión de bloque de este martes. El principal obstáculo es reglamentario: se necesitan dos tercios, equivalentes a 47 votos, para habilitar el tratamiento sobre tablas. Por eso, la mirada se desplaza hacia la UCR y el Frente Cívico.
El interrogante es si los dos bloques opositores más numerosos acompañarán el repudio o evitarán confrontar con el Presidente. En el juecismo cierran filas detrás de Milei. Ahí no hay margen para una crítica de este tenor. Por su parte, en el radicalismo advierten que todavía no se habló del tema, aunque algunos peronistas especulan con que la bancada que responde a De Loredo difícilmente quiera dar una señal de distanciamiento ante el poder libertario.
Chamorro puso el desafío sobre la mesa con una interpelación directa: «Quiero ver cómo lo vota la oposición si está de acuerdo con estas prácticas». El socialista no solo cuestionó al Presidente; también apuntó a quienes deberán decidir si respaldan un pronunciamiento institucional cuando el destinatario de las críticas es un aliado político.
La crítica variopinta: violencia desde el poder
Los fundamentos de los proyectos exhiben matices, pero coinciden en la gravedad institucional de las expresiones del mandatario nacional. Knipscheer plantea que las alusiones a castigos violentos exceden la crítica legítima y adquieren especial gravedad al provenir de quien ejerce la máxima autoridad del Estado. Su iniciativa reivindica el papel del periodismo como herramienta de información, investigación y control del poder público.
«No se trata de impedir que el Presidente cuestione a los medios de comunicación, sino de exigir que lo haga dentro de los límites del respeto que corresponde a su investidura», expresó el delasotista. «La defensa de la libertad de expresión comprende también el derecho a formular críticas al gobierno sin sufrir intimidaciones ni descalificaciones violentas. Una democracia sólida requiere una prensa libre, plural e independiente, capaz de ejercer su tarea sin temor a represalias», concluyó.
Chamorro endureció el planteo y apuntó directamente contra la investidura presidencial: «Es una locura naturalizar que el Presidente de la Nación utilizando su investidura para amenazar de muerte a quienes lo investigan».
El socialista reclamó que se ponga un límite a la violencia discursiva desde la máxima magistratura. En sus fundamentos, advierte sobre la asimetría entre el Presidente y los periodistas y sostiene que la defensa de la libertad de prensa no supone compartir las opiniones de quienes la ejercen, sino proteger el derecho a investigar y criticar al poder sin sufrir hostigamiento.
«La experiencia histórica demuestra que los discursos de odio erosionan progresivamente los consensos democráticos, degradan la calidad del debate público y favorecen la construcción de climas sociales de intolerancia», enfatizó el oficialista.
Los radicales Rossi, Peralta y Briner también hicieron foco en la gravedad institucional y cuestionaron la naturalización de los agravios presidenciales. «De ninguna manera podemos mirar para otro lado. La violencia, y si es institucional, genera más violencia», afirmaron.
En ese sentido, remarcaron: «No hay democracia sin libertad de prensa» y «no hay libertad plena cuando el Presidente mete miedo y amedrenta a todos los que piensan distinto». El mensaje cobra particular relevancia dentro de una UCR que discute sus límites frente a Milei.
En las últimas horas, Amnistía Internacional Argentina manifestó su preocupación por la escalada de hostilidad hacia la prensa y anunció que llevará los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. También se pronunció la Academia Nacional de Periodismo, que rechazó los agravios presidenciales y alertó sobre su impacto institucional. «A la cantidad de insultos del presidente a los periodistas, se suma una amenaza de muerte», cuestionó.
La UCR, entre el documento nacional y la alianza libertaria
El debate abre otro frente dentro del radicalismo cordobés. El Comité Nacional de la UCR difundió un documento en el que señala que «los ataques de Milei a la libertad de expresión son de una enorme gravedad institucional y están lesionando seriamente la convivencia democrática». En ese marco, el centenario partido repudió la escalada de insultos, amenazas y agravios del Presidente contra el periodismo.
De alguna manera, ese posicionamiento suma presión sobre los radicales cordobeses, aunque la UCR de De Loredo defiende su autonomía política a la hora de tener que respaldar una declaración de esa naturaleza en la Legislatura provincial. La votación podría exponer la distancia entre la defensa formal de los valores republicanos y las estrategias de acercamiento al oficialismo libertario.
Este martes, la reunión de Labor Parlamentaria definirá si las iniciativas consiguen luz verde para ser tratadas sobre tablas o si sus autores quedan limitados a fundamentarlas durante cinco minutos en el recinto.
La sesión del miércoles también tendrá otros asuntos en agenda. El oficialismo buscará avanzar con amplio respaldo en el proyecto del Ejecutivo para unificar el marco normativo de fomento industrial, en una jornada en la que el PJ y la UCR intentarán bajar los decibeles después de semanas de enfrentamientos.
La declaración de repudio a los dichos de Milei, sin embargo, puede alterar ese equilibrio. Conseguir los 47 votos parece difícil; exponer a los aliados cordobeses del Presidente, no tanto. La pregunta que sobrevuela la Unicameral es hasta dónde llega la defensa de la libertad de expresión cuando el cuestionado es el propio Milei y repudiarlo puede tener un costo político en la construcción opositora hacia 2027.
