Una de las víctimas de los 56 condenados por delitos sexuales que fueron favorecidos con las rebajas de sus penas mediante decretos firmados, en su mayoría, por Fernando Rabat, ministro de Justicia del Gobierno de José Antonio Kast, se enteró este jueves, a través de Televisión Nacional (TVN), que su agresor había quedado en libertad. “Yo no creía que lo habían soltado”, ha dicho la mujer, identificada como Lisette. Tras conocer la decisión, ha expresado su preocupación y dolor, y ha señalado que lo mínimo que espera ahora es conseguir una orden de alejamiento: “Lo que yo no quiero es verlo”.

El agresor de Lisette fue condenado por violación y abuso sexual y su pena se rebajó en más de un año. “Me da rabia, porque al final todo lo que pasó, quedó en nada. Se cumplió un par de años y chao”, dijo con impotencia. Ahora teme que el sujeto vuelva a cometer los mismos delitos pues “si ya pasó más de una vez, una persona así no se controla y lo puede hacer a cualquier niño”. Y agregó: “Es un peligro al final para la sociedad tener una persona así. Esto dejó vulnerables a todas las personas que han sufrido este tipo de cosas”.

Al dramático caso de Lisette se suma el de una mujer que fue abusada sexualmente por su padre en el sur de Chile cuando tenía 11 años. Según radio Biobío y The Clinic, de los 56 agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes a quienes se les concedió el beneficio durante la Administración de Kast, este criminal resultó ser el más favorecido en la rebaja de las penas, pues su salida de la cárcel se adelantó en 36 meses. Había sido condenado en 2009 a 10 años de prisión por violación y a otros 10 por abuso sexual reiterado de su pequeña hija; ahora está en libertad.

En tanto, uno de los criminales que fue favorecido con la rebaja de su condena por abusar de una niña de 13 años, celebró su beneficio. “Me regalaron ocho meses, para mí fue espectacular”, dijo a Canal 13. No mostró ningún arrepentimiento: “Cuando está en una relación, ¿usted pide el carnet? ¿o sabe concretamente si es una mayor de edad?”.

Las rebajas de condenas a los agresores sexuales de menores han desencadenado la mayor crisis política de la Administración de Kast, que asumió hace casi ocho meses. Este viernes por la tarde, se ha conocido la salida de Luis Silva, el subsecretario de Justicia, número dos del ministerio, según ha informado La Tercera. El escándalo arrancó la semana pasada, tras una publicación del medio digital Interferencia. En el centro de la controversia está Rabat, un abogado especializado en derecho civil y que llegó al Gabinete sin experiencia política ni trayectoria en el sector público. Aunque ha asegurado que no renunciará, su continuidad al frente del ministerio es cada vez más compleja, pese a que el pasado lunes recibió el respaldo público de Kast: el mandatario admitió que la determinación fue “un error” y dijo que Rabat “está trabajando para corregirlo”.

Sin embargo, la crisis se agrava con las horas. A las presiones de algunos parlamentarios del oficialismo, especialmente de la derecha moderada, que consideran que Rabat debe dejar el cargo, se suma la acusación constitucional que la oposición presentará en su contra para destituirlo. Si prospera en el Congreso, podría quedar inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos públicos.

El origen de la crisis

Rabat firmó los decretos en el marco de una ley de rebajas de condenas para presos con buen comportamiento que tuvo una reforma en febrero de 2022 con la que se excluyó de los beneficios a quienes hayan cometido crímenes sexuales en contra de menores. Lo que se le cuestiona, y que provocó la liberación de los pederastas, es el criterio que aplicó, distinto al que tuvieron sus antecesores en el ministerio de Justicia, al menos, durante en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014,2018-2022), de la derecha tradicional, y el del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026).

Tras esa reforma, algunos reclusos que habían sido sentenciados previo a 2022 interpusieron recursos de amparo para conseguir el beneficio, que han sido resueltos por la sala penal de la Corte Suprema. En ese contexto, según ha explicado el exministro de Justicia de Boric, el abogado constitucionalista Jaime Gajardo, como ministerio alegaban en contra en los tribunales para tratar de evitar que los reos que cometieron este tipo de delitos fueran beneficiados con la ley. Pero, si perdían, como autoridad estaban obligados a cumplir los fallos y, por tanto, a firmar los decretos.

Precisamente, esa jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido el argumento principal que Rabat ha dado para firmar los decretos que favorecieron, principalmente, a los agresores sexuales de niños. Sin embargo, mientras el ministro daba el visto bueno, la sala penal cambió el criterio y emitió otros fallos en 2026 rechazando los amparos.

Para Gajardo, lo que ha hecho Rabat “es bastante incomprensible, pues se había generado un cambio jurisprudencial, cosa que es común en la Corte Suprema pues en Chile la jurisprudencia tiene efecto solo para el caso concreto. Por lo mismo, eso hace inexplicable las razones que ha dado, pues la jurisprudencia ya había cambiado y estaba dándole la razón al ministerio de que este tipo de criminales no podían postular ni ser beneficiados con las rebajas de condenas. Entonces, justo cuando él empieza a acoger las rebajas de condenas directamente, en paralelo la jurisprudencia de la Corte Suprema decía que lo correspondía era que rechazara estas solicitudes”.

En sus explicaciones ante el Congreso, Rabat ha dicho que “no cabe ninguna duda que el procedimiento tiene un vacío en su inicio, al no escuchar a las víctimas” y que eso es lo que va “a corregir”.

Y este viernes, mientras la oposición recopila antecedentes para la acusación constitucional en su contra, Rabat se reunió con la presidenta del Senado Paulina Núñez: busca contrarreloj acelerar la tramitación de los proyectos de ley que presentó tras escándalo para impedir las rebajas de pena a los agresores sexuales. “Estamos concentrados como Gobierno en encontrar una solución a estos problemas y también a preocuparnos de las víctimas de estos graves delitos. Insisto, la posición nuestra es clarísima: nunca más un autor condenado por estos graves hechos va a estar en la calle”, dijo el ministro que protagoniza la mayor crisis política del Gobierno de Kast.

Además de beneficiar a los criminales sexuales, los decretos del ministerio de Justicia favorecieron en la rebaja de sus condenas a tres ciudadanos venezolanos que estaban en la cárcel por extorsiones y que decían ser del Tren de Aragua; a un narcotraficante que pertenecía a la mafia italiana y a un homicida que era parte de un grupo neonazi. Se suman tres violadores a los derechos humanos que fueron parte de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) Uno de ellos es el exsuboficial de la Fuerza Aérea Manuel Cabezas, de 90 años, y quien cumplía una sentencia de cinco años por torturas en la cárcel conocida como Punta Peuco. Su prisión se redujo en ocho meses. “Me gané mi libertad por conducta sobresaliente”, dijo a Mega. “La salida mía era de marzo, pero como Boric no firmó. Ahora le agradezco que no lo firmó, porque quizás igual no me habría dado la salida”, agregó.