Salió la nueva edición del diccionario de la RAE y no se quitó el polémico significado del adjetivo «judío»: qué pasó

Salió la nueva edición del diccionario de la RAE y no se quitó el polémico significado del adjetivo «judío»: qué pasó

A fines de septiembre de 2024, el juez argentino Ariel Lijo ordenó a la Real Academia Española (RAE) eliminar de su diccionario uno de los significados de la palabra “judío”. Es el que refiere al término cuando es utilizado de manera despectiva o discriminatoria: “Dicho de una persona, avariciosa o usurera”. Sin embargo, más de dos años después salió la nueva edición revisada del diccionario y todo sigue igual. ¿Qué pasó? La medida no prosperó. La pregunta es por qué.

Antes de desandar lo ocurrido, a modo de espóiler podría afirmarse que si el fallo de Lijo se hubiera enrollado dentro de una botella y lanzado al Atlántico probablemente habría tenido más chances de llegar a Madrid por la ruta de los ríos Tajo, Jarama y Manzanares. Por la vía ordinaria, el documento ha quedado paralizado: tras ver la luz en la primera primavera libertaria, la orden judicial corrió una suerte esquiva, al quedar guardada “en un cajón”.

Lijo había considerado oportuno dictaminar que la acepción cuestionada del adjetivo “judío” configura “un discurso de odio que incita a la discriminación por motivos religiosos en los términos de la ley 23.592”. La demanda en la Justicia tuvo lugar luego de que los querellantes reclamaran en forma directa al director de la RAE una modificación, sin recibir una respuesta positiva.

La primera carta de los solicitantes, dirigida a Santiago Muñoz Machado, data de 2021. Esa misiva fue refutada por el aludido el 30 de enero de 2023, con el siguiente argumento: «De acuerdo con los criterios establecidos para el Diccionario de la lengua española, no es posible eliminar una acepción cuando está avalada por el uso -como sucede en este caso-, por más que pueda resultar socialmente inapropiada o reprobable. Sin embargo, se ha considerado oportuno añadir la indicación de que su uso puede resultar ofensivo o discriminatorio».

Descolocados, en la Fundación Congreso Judío Mundial y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) decidieron entonces realizar en Argentina una denuncia penal contra Muñoz Machado, así como «también toda otra persona humana responsable que integre dicha organización, toda vez que estos se encontrarían incitando al odio contra la colectividad judía a través de la acepción discriminatoria del término «judío, a».

Según pudo reconstruir Clarín, el fallo nunca llegó a destino. Fuentes de la RAE aseguraron en reiteradas oportunidades a este medio -la última hace pocos días- que la orden de Lijo no había arribado a su sede, en la madrileña Calle Felipe IV, número 4, junto al Museo del Prado. Dicho con otras palabras: que el organismo rector del idioma español nunca fue notificado. ¿Cómo es posible que esto sea así después del tiempo transcurrido?

La pregunta fue trasladada -para empezar- a la DAIA, parte interesada en esta historia. Fuentes de la entidad admitieron a Clarín que “nunca se encontró la vuelta para notificar concretamente a la RAE. La vía más expeditiva hubiera sido un exhorto diplomático, pero no se pudo avanzar en ese sentido, por lo que se empezó a evaluar una alternativa”.

Las fuentes consultadas, del área de legales de la institución judía, atribuyeron el freno al fallo judicial a una supuesta falta de colaboración de la Cancillería española: «Básicamente sostuvieron: ‘Lo solicitado no constituye objeto de una asistencia jurídica penal‘”. Y agregaron que “por eso había surgido una vía alternativa para que el tema avanzara, pero no ha sido fácil”.

Al haberse dictado el fallo en la Ciudad de Buenos Aires, es necesario que un interlocutor judicial lo motorice en España, es decir, que exista un inicio del expediente en ese país. “En este caso era necesario que un abogado en Madrid presentara un exhorto a partir del fallo argentino”, explicaron desde la DAIA. ¿Por qué no se avanzó? Las fuentes consultadas -fieles al enigma- se limitaron a señalar que el trámite fue lo suficientemente engorroso como para no verse plasmado.

La otra pregunta: ¿por qué la Cancillería española no habría aceptado prestar colaboración para que al menos la RAE fuera notificada? Una hipótesis de los demandantes es atribuida a que la relación política entre Argentina y España no atraviesa su mejor momento, pero esa apreciación entra en el terreno de las interpretaciones.

Clarín intentó hablar con fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para que dieran su versión de los hechos. Prefirieron no hacer comentarios. Desde la Embajada española dijeron a este medio, la semana pasada, que revisarían los pormenores del caso. Al cierre de esta nota no había habido una respuesta.

El saldo de esta historia quedó en evidencia con la reciente publicación de la 24ª edición del diccionario más importante de habla hispana, una renovación integral de la anterior -que tenía 12 años- en la que se incorporaron palabras del uso cotidiano tales como “bondi”, “cholulo” o “influencer”. Al volver a revisar el significado de la palabra “judío”, todo seguía como antes de que Lijo considerara que la demanda era pertinente. En el ínterin se suponía que la acepción debía ser anulada en las plataformas online, algo que -por las razones explicadas y no explicadas- nunca llegó a concretarse.

El lexicógrafo Ilan Stavans recordó hace unos días en The New York Times, a propósito de esta polémica, que en 2023 el abogado español Borja Luján Lago logró convencer a la RAE de que modificara la definición de «abogado», ya que el diccionario describía al gremio como «hablador, enredador y parlanchín». Y que fue ese éxito lo que llevó a las organizaciones judías a reclamar el cambio en la definición de «judío». No hacía falta que la «madre patria» fuera idishe mame para que algún letrado local decidiera honrar la reputación semántica con la que la Real Academia acababa de imbuir a su profesión.

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