La Administración del presidente Donald Trump ha recurrido de nuevo a la instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes se han cruzado en su camino. Tras anunciarse hace días una investigación federal a Jack Smith, el fiscal especial que investigó a Trump, el Departamento de Justicia ha puesto en la mira a Letitia James, fiscal general de Nueva York, para indagar si violó los derechos civiles del presidente en la demanda civil por fraude que le interpuso y que ganó, lo que supuso una multa millonaria para el republicano.
La primera de las dos citaciones enviadas a James, que es demócrata, está relacionada con el caso civil de fraude por exagerar fraudulentamente su patrimonio para engañar a los prestamistas, una causa por el que Trump fue juzgado y condenado a pagar una multa de 355 millones de dólares en febrero de 2024 (la sanción asciende ya a 500 millones, sumados los intereses acumulados entonces). Al tratarse de un proceso civil, quedaban excluidas las penas de prisión. Al igual que en los casos que supervisó el fiscal Smith, el republicano denunció siempre ser víctima de una caza de brujas por motivos políticos por parte de la fiscal James.
La segunda citación corresponde a un caso que la oficina de James ha tramitado contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas inglesas), principal grupo de presión de las armas (y tradicional fuente de financiación para los republicanos). La fiscal demandó a la organización en 2020, logrando la renuncia de su histórico líder, Wayne LaPierre, y limitando drásticamente su poder. LaPierre fue posteriormente declarado culpable de corrupción. Un año después, el grupo se declaró en quiebra.
La oficina de James ha acusado al presidente Trump de politizar el sistema legal. Abbe Lowell, abogado de la fiscal, ha calificado la investigación federal de “el ejemplo más flagrante y desesperado de la campaña de represalias políticas que está llevando a cabo esta Administración”. “Cualquier uso del sistema judicial como arma debería inquietar a todos los estadounidenses. Respaldamos firmemente nuestro exitoso litigio contra la Organización Trump [nombre del emporio empresarial familiar] y la Asociación Nacional del Rifle, y seguiremos defendiendo los derechos de los neoyorquinos”, ha dicho la oficina de James en un comunicado.
Las investigaciones a Smith y James suponen una escalada en los esfuerzos de la Administración republicana por vengarse de quienes han cuestionado y se han opuesto públicamente a Trump y su agenda política. Para ello, se basan en la supuesta violación de los derechos civiles de Trump, un uso muy infrecuente de una ley de que suele esgrimirse para investigar posibles casos de discriminación racial, religiosa o sexual, entre otras categorías. La ofensiva de la Casa Blanca contra numerosas universidades del país aduce también la posible violación de algunos títulos de esta ley.
Una ‘enemiga’ histórica
En el caso civil por fraude, que la oficina de James presentó en 2022, el entonces expresidente apeló la sentencia, aunque mientras la multa no ha dejado de aumentar, de los 355 millones iniciales, hasta más de 500 millones por los intereses. James ha sido una de las oponentes más feroces de Trump desde que se postuló por primera vez como fiscal general en 2018. En diciembre de 2021, con la intención de frenar la investigación por fraude, el magnate demandó a James, que por esos días había presentado su candidatura a gobernadora del Estado de Nueva York por el Partido Demócrata, retirándola poco después.
Desde entonces la animadversión del republicano hacia la fiscal demócrata —y al también demócrata Jack Smith— solo ha ido a más. El manifiesto apoyo de James a Zohran Mamdani, la revelación de las primarias demócratas a la alcaldía de la ciudad, la pone aún más en el disparadero, tras informar esta semana el diario The New York Times de que Trump sopesa intervenir en la carrera electoral para impedir la victoria de Mamdani en noviembre.
