En la política de una semana abrazos y otra balazos que sigue el presidente Donald Trump con México, la entrega de capos que cumplen condena se ha convertido en una válvula de escape. El envío a Estados Unidos de otra remesa de 26 delincuentes encarcelados en México se sucede solo una semana después de que se conociera una supuesta orden ejecutiva en aquel país que permitiría a sus Fuerzas Armadas combatir en Latinoamérica a los carteles de la droga. Las políticas de seguridad parecen bailar cada día al son que toca el vecino del norte, lo mismo las incautaciones de fentanilo que las detenciones de narcotraficantes o la entrega de reclusos. Con una crucial negociación comercial de fondo, nada indica que los reclamos del presidente estadounidense vayan a cesar ni tampoco que México pueda decir basta. La pregunta es si se conformarán con la entrega de capos o avanzarán hacia otro de los objetivos que menciona Trump de forma recurrente: los políticos coludidos con el narcotráfico.
Trump está librando contra México una guerra verbal cuyos misiles deja caer de tarde en tarde y recoge los frutos poco después. “Esta relación bilateral no se puede decir de cooperación, sino de extorsión”, dice el experto en seguridad Carlos Pérez Ricart. “La nueva ofrenda de reclusos, porque no se puede llamar de otra manera, viene antecedida por los reportes de invasión a México o a Venezuela, da lo mismo, y México responde a ello para salvaguardar un bien mayor, su estabilidad económica y el tratado comercial”, explica el investigador internacionalista. Y advierte de la paradoja que resulta de estos intercambios, “que vuelven cada vez más débil a México frente al poder hegemónico, que se hace con informantes protegidos y con una fuerte herramienta para seguir negociando los asuntos económicos. Es un círculo vicioso del que será difícil escapar”.
La entrega de capos, gratis et amore, acaba por dar la razón a Trump mostrando uno de los flancos más débiles de México, su sistema judicial, como ha reconocido en ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum al mencionar las debilidades de los jueces frente al poder del narco, y como acaba de hacer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, asegurando que los presos enviados a Estados Unidos seguían delinquiendo desde la cárcel y buscando en la justicia vías de escape hacia reclusorios menos protegidos o, directamente, la libertad mediante amparos. Se ofrece así como excusa “la seguridad pública” que consiguen los mexicanos llevando a los condenados a Estados Unidos. La fuga a mediados de julio de Zhi Dong Zhang, acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas para el Cartel de Sinaloa, ha dejado cuestiones difíciles de responder, la primera, qué hacía ese hombre en un cómodo arresto domiciliario. Trump también se lo preguntará. Y si lo encuentran, se hará natural que lo reclame en la siguiente remesa.
Hay quien sostiene que esa huida del ciudadano de origen chino ha obstaculizado la firma del acuerdo de seguridad que se presentó como inminente el 1 de agosto y todavía no se ha materializado. Aunque es posible, dice Pérez Ricart, que lo acordado se esté ya aplicando aun sin firma. Sugiere que la cooperación estadounidense para detener a 27 personas ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación el pasado 26 de julio en Aguascalientes, es una muestra de ello. “La política de seguridad real no siempre sigue los acuerdos al pie de la letra, hay zonas oscuras”, dice. Pero considera que una cosa es la asimetría en las relaciones entre ambos países y otra la relación de dependencia, algo que “tiene culpables y hay que buscarlos hace 30 o 40 años, en tiempos de Salinas de Gortari”, afirma.
Para enredar más la madeja, los internacionalistas expertos en Seguridad explican siempre que Estados Unidos no es un ente monolítico, sino un entramado en el que se hace difícil saber qué medidas provienen del presidente, cuáles de la DEA, de la CIA o del Pentágono, distintos intereses estratégicos que se combinan, dice Pérez Ricart. El mismo aviso da Raúl Benítez Manaut para quien tenga la tentación de pensar que solo juegan aquí los caprichos de un presidente. “En términos de seguridad, Estados Unidos es triangular, atiende a tres vértices: el combate los carteles del narcotráfico, en el que México participa; la lucha contra el lavado de dinero, que Estados Unidos afronta unilateralmente contra empresas y bancos y, el más difícil para México, la batalla contra los narcopolíticos”, resume el experto en Seguridad.
En otra de las semanas de balazos, Trump acusó a las autoridades mexicanas de mantener “alianzas intolerables con el narco” y de estar el Gobierno “petrificado” ante el poder de los capos de la mafia. La política de contención ante las bravatas del republicano obliga en ocasiones a la presidenta Sheinbaum a tragarse esos sapos y seguir adelante en pro del bien mayor. Pero Trump va dejando pistas sobre esa supuesta lista de narcopolíticos que nadie conoce, pero de la que todo el mundo habla: la retirada de visas para entrar en Estados Unidos es una de ellas. Recientemente, ocurrió con la gobernadora de Baja California, Pilar Ávila, pero es algo que también le ocurre, menciona Manaut, a Manuel Bartlett, quien fue director genera de la CFE en el sexenio de López Obrador, entre otros y a quien se le relaciona con el caso del agente de la DEA asesinado en México Kiki Camarena.
¿Llegará un momento en que Estados Unidos no se conforme con narcotraficantes y pida la cabeza de estos políticos? Para Pérez Ricart será, sin duda, “el siguiente paso”. “No sé hasta dónde llegarán, cuando se alimenta al monstruo le crecen las cabezas”, afirma, pero el mayor peligro que ve es una posible intervención militar con drones estadounidenses, que también andan zumbando por los cielos de México: “Eso sí pondría a la presidenta en una situación muy delicada”, asegura. Y no solo eso, el hecho de tener que entregar políticos, algo que tampoco duda Benítez Manaut que ocurrirá más pronto o más tarde, “podría fracturar al partido gobernante, porque no son pocos los casos que le afectan”, dice. El que estos días atraviesa Tabasco ha pegado de lleno en la cabeza de uno de los pesos pesados de Morena, el coordinador de los senadores de este partido, Adán Augusto López, quien nombró en aquel Estado a un secretario de Seguridad acusado de ser el líder del cartel local La Barredora. García Harfuch, el hombre fuerte de Sheinbaum que tiene que aplacar el apetito de Trump, ha presentado recientemente algunos resultados contra este grupo criminal. Pero nada despeja las dudas: ¿será esto suficiente o detrás de los capos desfilarán los políticos?
