¿Circulan coimas en Comodoro Py? Hablamos del lugar donde tramitan las causas judiciales de alto impacto político y económico. ¿Quién (que tenga cierto interés en el tema) no se hace esa pregunta? La respuesta es que no habría que descartarlo. El asunto flota en el aire del edificio de Retiro desde tiempos inmemoriales. En algunos despechos, no en todos, ha sido objeto de comentarios con notable naturalidad. Es más, hubo un caso donde parte del dinero fue hallado. Fue una historia conocida y escandalosa que había quedado olvidada, pero llegará a juicio oral este martes, después de casi 15 años: es la trama de los sobornos de la Unión Ferroviaria (UF) para integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, perpetrado en octubre de 2010, por el que estaban presos (y terminaron condenados) integrantes de una patota del gremio.
El juicio comenzará en momentos en que «las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano», advirtió Paula Litvacky, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa la querella de la mamá del joven asesinado. «Empieza –agregó– en momentos en que el Poder Judicial no parece querer ejercer un control firme ni del gobierno, ni de los espías, ni de ellos mismos».
El Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) juzgará a dos ex secretarios de Casación: uno es Octavio Aráoz de Lamadrid, quien en la época de los hechos ya ejercía como abogado particular, y el otro es Luis Ameghino Escobar, que era prosecretario administrativo y manejaba el sistema informático de sorteo de expedientes que determinaban a qué sala del tribunal le tocaría un caso. También estarán en el banquillo quien era contador de la UF y director de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, y Susana Planas, que fue directora suplente de la empresa. Pasó tanto tiempo que fallecieron dos personas centrales en esta historia: José Pedraza, que era el titular de la UF, y Juan José Riquelme, un exagente de inteligencia, que solía pasearse haciendo loby, o algo más, por despachos de jueces y juezas, y que operó como intermediario. El fiscal es Marcelo Colombo.
A pesar de ciertos hallazgos en la investigación y de los intentos del fiscal que actuó en un comienzo en primera instancia, Sandro Abraldes, ningún magistrado será juzgado. En la cadena de favores todo desembocaba en el resultado esperado de parte de algunos jueces. En las conversaciones aparecía Wagner Gustavo Mitchell, quien murió. También Eduardo Riggi, quien se jubiló a comienzos de 2023. Había alusiones a Mariano González Palazzo, quien actuaba como subrogante. De todos modos, no se llegó a profundizar la pesquisa sobre ninguno de ellos, porque ninguno de los jueces que tuvieron este caso en el algún momento quisieron profundizar.
Historia de una coima judicial
Mariano Ferreyra tenía 23 años y militaba en el Partido Obrero. El 20 de octubre de 2010 a la mañana saludó con un beso a su mamá como cualquier otro día, agarró su mochila y se fue a participar de una protesta de trabajadores ferroviarios contra la terceriación laboral, un mecanismo de precarización, en las vías del tren Roca. Allí esperaba a los manifestantes una grupo violento de la Unión Ferroviaria dispuesto a desarmar la movilización a los gritos, insultos, con piedrazos y a los tiros, en una zona liberada por la Policía Federal. Mariano recibió un disparo letal en el tórax: llegó sin vida a la guardia del Hospital Argerich. Elsa Rodríguez recibió un tiro en la cabeza y tuvo una compleja cirugía, mientras que Nelson Aguirre y Ariel Pintos también sufrieron heridas.
La investigación judicial quedó a cargo de la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño. En un comienzo fueron detenidos los miembros de la patota. También policías acusados de habilitar el área y facilitar una emboscada. Pedraza quedó preso cuatro meses después por la autoría intelectual. De entrada se hicieron escuchas telefónicas que al cabo de unos días resultaron reveladoras. En el contestador telefónico del líder sindical había quedado grabado un mensaje tan burdo como sorprendente: «Esta respuesta a las 18.45 horas es para Don José. Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes. Y que Ángel (Stafforini) se comunique con él sin ningún inconveniente. Un abrazo y hasta luego».
Era la voz del exagente de la Side Riquelme. Le avisaba a Pedraza que tenía que poner dólares, no pesos. Se refería la dinero destinado a pagar una coima con un propósito muy concreto: lograr una decisión favorable en la Cámara de Casación cuando tratara los procesamientos por homicidio agravado y la privación de la libertad de los acusados que integraban el grupo de la UF, y asegurarse también que Pedraza quedara a salvo. Pero antes de eso, necesitaban que la causa le tocara a determinados jueces: los que integraban en esa época la Sala III.
Para fines de noviembre de 2010 habían sido procesados con prisión preventiva Cristian Daniel Favale, Gabriel Fernando Sánchez, Juan Carlos Pérez, Pablo Marcelo Díaz, Francisco Salvador Pipitó, Jorge Daniel González y Guillermo Armando Uño. Un mes después, la decisión fue confirmada por la Cámara del Crimen. El paso siguiente era la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más alto del país. Cuando surgió el nombre de Riquelme como quien trataba de armar una estrategia para liberar a la patota y que la investigación no llegara a Pedraza, en Casación nadie se sorprendió. Era alguien que visitaba despachos con asiduidad. El análisis de las comunicaciones llevó a establecer que el exagente ofrecía ejercer su influencia sobre le exjuez Riggi y, a través de él, sobre Mitchell y la exjueza Liliana Catucci.
A la vez, se hicieron seguimientos que permitieron dar con el momento en que el contador Stafforini, a las 13.37 del 24 de enero de 2011, retiraba dinero de la sucursal Monserrat del Banco de Galicia, y luego lo llevaba en un maletín con Susana Planas al estudio de Aráoz de Lamadrid, en Viamonte 1470, piso 4. Le dieron, a las 14.25, un sobre con 50.000 dólares como pago parcial. Habrían entregado otras sumas con anterioridad y quedaban pendientes, según las charlas, 25.000 más. Era plata de la UF y/o de Belgrano Cargas, concluye la pesquisa. Veinte días antes, Riquelme había recibido un pago acordado de 3.500 pesos por su tarea. Intentaba explicarle a Pedraza que no solamente necesitaba garantizar que la causa se la quedara la Sala III sino que también debían lograr que nadie tratara el tema durante la feria judicial.
Araóz de Lamadrid había sido secretario de Riggi durante una década y conservaba un vínculo cercano con Ameghino Escobar. En las conversaciones volcadas en la causa, Riquelme se refería al abogado y exsecretario como “el amigo de la calle Viamonte”, por la dirección de su oficina, y a Ameghino lo llamaba “el señor de las teclas”, en referencia a que manejaba la computadora de los sorteos de expedientes. Al excamarista Riggi lo llamaba «Don Eduardo» o «el amigo Eduardo». Aráoz había dado cuenta del éxito de su gestión al avisarle a Riquelme: «salió todo perfecto», «es la sala de nuestro amigo». «¿De Eduardo?», se quiso asegurar el exespía. El abogado exclamó que sí.
El día de la entrega del dinero Stafforini le había dicho a Pedraza que había ofrecido 50.000 dólares pero le pedían 75.000. Se refirió a un pago anterior también. Le anunció que estaba en «en marcha todo el operativo» pero que había que abonar más. El líder sindical le dijo: «nosotros podemos poner la diferencia y después al recuperamos».
El mismo día del pago, Riquelme habló con el exjuez Riggi. Le dijo que lo iba a ir a visitar «el jueves». “Cómo no, querido”, contestó el magistrado. Antes le había comentado que había tenido una conversación telefónica con el juez Mitchell: “Quedé en tomar un café el día martes y te manda un abrazo, un gran saludo y tremendo agradecimiento por tu atención”, le dice. Se refería a algo enviado al domicilio del entonces juez. También le explicó que Mitchell le dijo que se iba a ocupar de que no se resolviera nada en la feria, para que pudieran direccionar el caso a fin de mes, y que en febrero estuviera en la Sala III. Le explicaba que lo había coordinado también con González Palazzo.
Lo que nadie esperaba era que horas después de la entrega de los dólares la Policía Federal allanara el estudio de Aráoz de Lamadrid. En una caja fuerte había un sobre que decía «Octavio» y tenía los dóalres en cuestión. Unos días después Riquelme intentó abordar a Riggi otra vez, quien le contestó: “Sabe lo que pasa ahora ustedes han armado un lío ahí, no sé qué problema hay que salió en los diarios (…) estoy realmente alarmado con las cosas que han dicho los diarios.”
Autoprotección judicial
El 19 abril de 2013 fueron condenados los integrantes del grupo que mataron a Ferreyra con penas hasta 18 años de prisión, también hubo condenas para los policías. Las autoridades de a UF, Pedraza y Juan Carlos Gallego Fernández, recibieron penas de 15 años. La causa de las coimas, en cambio, paseó de juzgado en juzgado como una brasa caliente que nadie quería. Solo durante los tres primeros años y medio se excusaron diez jueces y diez camaristas. La causa, que en un comienzo tramitó en la justicia ordinaria, finalmente terminó en Comodoro Py en manos de María Eugenia Capuchetti. Elevó el expediente a juicio oral hace cinco años, en septiembre de 2020. El CELS, que representa a Beatriz Rial, la mamá de Mariano, la abogada Claudia Ferraro, apoderada de Elsa y Nelson, dos de los heridos, impulsaron la causa con perseverancia.
Al cerrar la investigación, Capuchetti afirmó que hubo una búsqueda de «impunidad» para Pedraza y el resto de los implicados. Los imputados, dijo, «forjaron distintos pactos venales dirigidos a la
selección irregular de los magistrados del alto tribunal penal de la Nación que
intervendrían y habrían de dirimir la cuestión». «El propósito», agregó, era «ejercer
influencias sobre ellos –en base a la utilización espuria de vínculos preexistentes–,
para que la decisión jurisdiccional que adoptaran se ajustara a las pretensiones de
los confabuladores: lograr la libertad y revocatoria del procesamiento de los hasta
allí imputados, pues Pedraza –y probablemente otros– avizoraban que resultarían
vinculados al proceso» y eso «implicaría su
detención que finalmente se materializó». Los delitos juzgados son cohecho y tráfico de influencias.
«Las personas que van a ser juzgadas están procesadas desde 2012. En estos 13 años, se excusaron decenas de jueces, lo que muestra, una vez más, que el Poder Judicial se resiste a juzgarse a sí mismo y a que queden expuestos sus lazos con las estructuras de inteligencia», señaló Litvachky, del CELS. «En las audiencias –dijo– esperamos poner en discusión los pactos opacos que toleran, en el mejor de los casos, y habilitan, en los peores, las prácticas estatales más violentas y contrarias a la vigencia de los derechos».
