Dos hombres se acercaron a ella. La rodearon y la inmovilizaron contra una camioneta. “¿Por favor, me deja?”, Sara suplicó en inglés. Buscó rápidamente su teléfono con su mano libre y llamó a su novia, Kinzie Morrow, y puso la llamada en altavoz. “¡Sube al coche!”, le gritaron. Uno de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le apuntó con su Taser. Sara entró en pánico e intentó liberarse mientras la esposaban. El oficial le advirtió que si no se estaba quieta, usaría la pistola eléctrica.
Sara, quien pidió que no se usara su apellido por temor a represalias, caminaba a su carro en el estacionamiento de su trabajo cuando fue arrestada por el ICE el pasado 18 de julio. Aquella tarde, la venezolana de 30 años, que como muchos inmigrantes tenía varios trabajos para poder mantenerse a sí misma, estaba trabajando en su puesto principal como panadera y diseñadora de pasteles de Walmart en Centennial, Colorado.
Recuerda que estaba especialmente entusiasmada por acabar su turno, pues planeaba volar a Texas ese mismo día para conocer a la familia de su pareja Kinzie. Era el próximo paso en su plan de casarse; dos días antes se habían mudado juntas. Seis días antes, habían celebrado el cumpleaños 30 de Sara. “Estaba preparada para hacer mi vida con ella”, asegura Sara. Cuando la arrestaron, sintió que le arrebataron todo en solo segundos.
Cuando Kinzie contestó la llamada de Sara aquel viernes, podía oír los gritos del agente desde su teléfono. Supuso que eran oficiales del ICE e intentó hablar con ellos directamente, preguntándoles por qué la detenían y si tenían una orden judicial. Después de ignorarla, uno de los oficiales eventualmente se identificó y le dijo a Kinzie que la razón por la que detenían a Sara era porque no había llenado el formulario 1099, un documento fiscal que se usa para declarar ingresos que no sean sueldos o salarios. “Es una ilegal“, añadió el agente.
La realidad es que Sara tenía un permiso de trabajo válido y sí había presentado un formulario 1099 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para otro puesto como contratista independiente en DoorDash. Se encontraba en Estados Unidos bajo libertad condicional humanitaria, o humanitarian parole, un programa que concedió residencia temporal a unos 500.000 inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. En mayo, el Tribunal Supremo autorizó al Gobierno de Donald Trump poner fin a esta protección, exponiendo a sus beneficiarios a deportaciones inesperadas.
La detención de Sara recuerda a una escena que se ha vuelto familiar en todo el país como parte de la intensa política migratoria de Trump. La determinación de Kinzie, que es ciudadana estadounidense, de localizar a su novia e intentar evitar su deportación ilustra la difícil situación que miles de familias enfrentan cada día, mientras la Administración intensifica sus esfuerzos para expulsar del país a un millón de inmigrantes en el primer año de la presidencia del republicano.
Una promesa falsa
El agente del ICE que arrestó a Sara le entregó una hoja de papel más tarde ese mismo día, una vez que estaba detenida en la oficina local de la agencia federal en Centennial. Ella preguntó para qué era, y él respondió que el formulario le permitiría conseguir un abogado. Sara tenía miedo: el papel estaba en inglés y no lo entendía del todo, pero el agente le aseguró que no le permitirían representación legal si no firmaba el formulario, así que lo hizo.
El papel, revisado por EL PAÍS, era un formulario de deportación acelerada. Sara, sin saberlo, acababa de firmar su propia expulsión.
“No existe ningún formulario que puedas firmar para conseguir un abogado. Punto”, advirte Karen Zwick, Directora de Litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que los inmigrantes tienen derecho a un abogado, siempre y cuando no suponga un costo para el gobierno. En casos excepcionales, se le puede asignar un letrado si la persona está acompañada por un menor inmigrante o si un juez lo declara incompetente.
“Creo que en este momento hay una gran cantidad de tergiversaciones, especialmente en el contexto de la detención de inmigrantes”, continuó Zwick. Los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), añadió la experta, se inventan cualquier excusa para convencer a los detenidos que firmen este formulario. Les dicen que si lo hacen, podrán volver a casa, “y la gente cree que se refieren a regresar a donde vivían en Estados Unidos”, cuando en realidad, el oficial se refiere a su país de origen, y el migrante está firmando un formulario de deportación acelerada, aseguró Zwick.
Mientras Sara firmaba su propia expulsión, Kinzie siguió el rastreador de ubicación del teléfono de su novia y llegó a la oficina donde la tenían detenida. Le dijeron que no podría ver a Sara esa noche ni recibir ninguna información hasta que fuera transferida al Centro de Procesamiento del ICE de Aurora, Colorado.
A la mañana siguiente, Kinzie vio a Sara en el Sistema de Ubicación de Detenidos en Línea del ICE en Aurora. Como ya era sábado, no había horas de visita. El lunes 21 de julio, Kinzie y una pariente de Sara fueron a verla por primera vez. Representantes del centro les dijeron a que no podían darles ninguna información sobre el motivo de la detención de la joven. Las oficinas de abogados de inmigración estuvieron cerradas durante el fin de semana, y Kinzie sabía que un letrado costaría más dinero del que tenían.
Desesperada, Kinzie recurrió a TikTok para pedir recursos financieros y legales. “Hemos estado contactando a abogados, pero no nos devuelven las llamadas”, imploró Kinzie en su video. “No tengo ni idea de qué hacer”, continuó. “No sabemos por qué está detenida”.
Desde entonces, su video ha acumulado más de medio millón de visitas y miles de comentarios. Gracias a sus nuevos seguidores, Kinzie encontró una organización que ayuda a las personas a saber qué hacer cuando un ser querido es detenido por el ICE y un abogado. Creó una página de GoFundMe para recaudar fondos, y le comenzaron a llegar donaciones anónimas de personas de todo el país.
Al principio, la pareja se sentía esperanzada y agradecida. Desde comienzos de 2025, las expulsiones de alto perfil sin justificación legal y las deportaciones a lugares como El Salvador, Venezuela y Panamá de la Administración Trump han captado la atención del país. Kinzie y Sara reconocen que no todos los migrantes cuentan con los recursos que ellas encontraron a través de TikTok.
Sin embargo, no ayudaron mucho. Al final, Sara fue igualmente deportada. El formulario de deportación acelerada que la venezolana firmó sin saberlo agilizó su deportación, a pesar de que se encontraba legalmente en el país y contaba con el documento por el que la detuvieron en julio. El uso de la deportación acelerada, un mecanismo a través del cual un extranjero puede ser expulsado sin ver a un juez de inmigración, se ha expandido desde que Trump regresó al poder.
“No dejaré de luchar, la volveré a ver”, apeló Kinzie a su nueva audiencia de TikTok, con la voz entrecortada, en otro video.
“Dormimos con frío y encadenados”
Sus manos y pies estaban encadenados con cadenas que les subían por el cuerpo y se les aferraban a la cintura, cuenta Sara. Con un grupo de otros detenidos, voló de Colorado a Utah la mañana del 4 de agosto, luego a Arizona y a Nevada, antes de aterrizar finalmente en Texas esa misma noche. Con cada escala, el avión recogía a más migrantes.
Cuando llegó al Centro de Detención de Port Isabel en Los Fresnos, Texas, la subieron a un autobús con otros hombres y mujeres. “Nos dejaron en el bus toda la noche”, recuerda. “Dormimos con frío y encadenados”. Los detenidos se desesperaron. Los hombres comenzaron a golpear las paredes del autobús y a gritar; no les habían permitido usar el baño en toda la noche y seguían esposados.
Una vez dentro del centro de detención, Sara fue conducida a una habitación abarrotada. “Estuve ahí tres días, sin derecho a higiene, sin ropa. Dormimos en el piso”. Añadió que no había acceso a teléfonos y que quienes lo necesitaban tenían poco acceso a medicinas.
Mientras los centros de detención de inmigrantes recién construidos, como Alligator Alcatraz en Florida, han llamado la atención en las últimas semanas por quejas sobre condiciones inhumanas, algunas instalaciones ya existentes, como Port Isabel, han pasado prácticamente inadvertidas en los medios. Los detenidos en Port Isabel se alojan en cuatro unidades casi idénticas. Al comparar imágenes satelitales con los archivos del número de camas en cada unidad, EL PAÍS encontró que cada detenido tiene alrededor de 6,4 metros cuadrados de espacio habitable, aproximadamente el tamaño de un armario grande. Eso es menos de lo que legalmente se consideraría “hacinamiento” en un apartamento de la ciudad de Nueva York, por ejemplo.
Es algo que ocurre cuando el centro está al máximo de su capacidad. El número máximo de personas que se alojaron en Port Isabel durante al menos un día en 2025 superó la capacidad contractual por 103 personas, según TRAC, una organización no partidista de la Universidad de Syracuse que monitorea la sobrepoblación en los centros de detención.
“Durante los tres días que estuvo en Texas, [el ICE] no actualizó el sitio web”, afirma Kinzie. Así que, para ella, Sara estaba desaparecida. Kinzie recurrió de nuevo a TikTok para preguntar sobre recursos de rastreo de vuelos y contactó con un aficionado al seguimiento de vuelos que pudo seguir parte del viaje de Sara. Aunque fue útil y, en ocasiones, acertado, resultó difícil seguirla.
Desde media de mayo, los vuelos de traslado doméstico aumentaron un 65% en comparación con el promedio de los seis meses anteriores, según datos recopilados por Thomas Cartwright, que forma parte del grupo de activistas migratorios, Witness at the Border, y que monitorea independiente los vuelos del ICE. Estos traslados nacionales, como a los que fue sometida Sara, dificultan que los abogados puedan seguir el trayecto de sus clientes que enfrentan la deportación y les ayuden a defenderse.
Del centro en Texas, Sara voló a Honduras y, finalmente, llegó como deportada a Venezuela, donde sigue.
Varadas en diferentes países
“Es lo más difícil”, asegura Kinzie. “Ya no sé cómo vivir sin ella”. Kinzie y Sara han decidido reunirse en otro lugar fuera de Estados Unidos. Pero, como dos mujeres lesbianas, enfrentan un obstáculo adicional: encontrar un nuevo hogar que se ajuste a su condición LGTBIQ+. No podrá ser Venezuela, considerado un país hostil para la comunidad.
La pareja se ha planteado Canadá y México, dos países cercanos donde el matrimonio igualitario es legal. “Solo quiero que estemos seguras donde vayamos”, sostiene Kinzie
Hace tan solo unas semanas, Kinzie jamás habría creído que Sara corría peligro de ser deportada, dado lo mucho que trabajaba y los muchos pasos que había dado para vivir legalmente en Estados Unidos. Ahora, se coordinan a distancia para vender la mayoría de sus pertenencias y para poder costear una reubicación permanente juntas.
Sin embargo, hubo un rayo de esperanza agridulce para Kinzie: la comunidad en redes sociales que ha construido en cuestión de semanas. Cree que sus videos han servido para mostrar a más personas cómo el ICE está llevando a cabo la campaña de detenciones y deportaciones masivas del presidente Trump. Sara concuerda: “Espero que mi voz sea escuchada para defender el derecho de muchas personas”.
