El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, no ha dicho nada sobre el caso del mayor en retiro Roberto Samcam, el opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que fue asesinado en San José, la capital de su país, el 19 de junio pasado. Se trata de un crimen que la familia de la víctima y organismos de derechos humanos internacionales han calificado como político. El mandatario costarricense, que se reunió este miércoles en San José con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para hablar sobre el combate al crimen organizado y la seguridad, no incorporó en la agenda la ejecución del refugiado nicaragüense, a pesar de que el Departamento de Estado había ofrecido previamente “apoyo a las autoridades costarricenses para que los asesinos y sus responsables rindan cuentas”.
El caso de Samcam no sólo ha puesto en entredicho la seguridad de los perseguidos de Ortega y Murillo, que han hecho de Costa Rica el epicentro de su exilio, sino la seguridad nacional costarricense. Fuentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) consultados por EL PAÍS bajo condición de anonimato, expresidentes costarricenses y la familia de la víctima coinciden que el crimen de Samcam fue ejecutado por “células sandinistas” que operan en Costa Rica, ejerciendo una represión extraterritorial que ha cobrado otras vidas: las de Rodolfo Rojas en junio de 2022 y de Jaime Luis Ortega Chavarría en octubre de 2024, ambos opositores exiliados en Costa Rica.
A esas muertes se suma el doble intento de asesinato en San José del opositor Joao Maldonado y su esposa quienes, milagrosamente, sobrevivieron a los atentados en los que recibieron más de una docena de balazos por parte de sicarios. En el caso de Maldonado, el OIJ presentó a ocho sospechosos de orquestar el intento de asesinato, entre ellos a Danilo Aguirre Sequeira, un hombre que se identifica como periodista y que se mueve libremente por Nicaragua.
En el caso de los dos intentos de asesinato de Maldonado, la conclusión de la investigación de la OIJ sostiene que los ataques fueron planificados y ejecutados con “estrategia practicada a nivel policial o militar”. “Y hay altos indicios de motivación política”, remarca una fuente de alto perfil de la OIJ consultada por este diario.
La ejecución extrajudicial de Samcam también revela que, detrás del gatillero, hubo inteligencia. El sicario no actuó al azar: eligió el día exacto en que reparaban los portones del condominio Naples, donde vivía la víctima y, aprovechó la entrada libre, accedió hasta la puerta del departamento del mayor en retiro. Allí le disparó ocho veces a quemarropa. Samcam murió casi de inmediato sin poder defenderse.
Samcam fue uno de los críticos más sistemáticos del Ejército de Nicaragua y uno de los primeros en denunciar la colusión de los militares en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el aparataje sandinista desde 2018, el año de las protestas que fueron reprimidas con disparos letales. Desde hacía meses, el mayor en retiro había denunciado recibir amenazas de muerte y puso al tanto a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), dependencia adscrita a la presidencia costarricense.
Las amenazas de muerte contra Samcam no son aisladas: otros activistas y opositores sandinistas han sido hostigados y espiados en los dos últimos años, hasta el punto de que se ha llegado a denunciar la revisión de la basura de las oficinas de un organismo de derechos humanos en San José. En su último informe, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua ha advertido sobre el avance de la “represión extraterritorial”, con especial énfasis en Costa Rica.
La fuente del OIJ vincula esta modalidad de crímenes políticos con la grave crisis de seguridad que atraviesa Costa Rica, donde el sicariato —alimentado por el narcotráfico y las disputas territoriales entre bandas— se ha vuelto una práctica cotidiana. “En Nicaragua saben de esto y de la facilidad de contratar a un gatillero que mata por dinero, sin conocer las verdaderas motivaciones. Entonces, cuando logramos detener a alguien, es realmente difícil obtener más información, como sucedió con los gatilleros de Joao. Además, muchas veces contratan a los gatilleros por medio de intermediarios ticos, lo que disuelve aún más el rastro”, sostiene la fuente.
Diputados opositores exigen acelerar la investigación
Un día antes de la visita de Kristi Noem a San José, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una moción para exigir al Gobierno de Chaves a que actúe con diligencia para esclarecer las causas del asesinato de Samcam. Con los votos de la mayoría de diputados, sin los del oficialismo, la moción demanda al Gobierno condenar de manera enérgica el asesinato contra el exmilitar nicaragüense.
Los parlamentarios pedirán a Jorge Torres Carrillo, director de la DIS, un informe técnico sobre los protocolos que utilizaron ante la denuncia de Samcam sobre las amenazas de muerte. “Este crimen atroz, del que ha sido víctima Roberto Samcam, debemos llevarlo con indignación. Costa Rica ya no es ese país seguro para las personas refugiadas, y además, nos hemos vuelto no solo inseguros, sino indiferentes a este tipo de asesinatos”, dijo Montserrat Ruiz Guevara, diputada del Partido Liberación Nacional.
Pero los legisladores fueron más allá, en específico con los riesgos que implican estas células sandinistas para la seguridad nacional costarricense. “Estos grupos criminales afines al Gobierno de Daniel Ortega nos tienen que llamar a hacer una reflexión. No lo podemos permitir. Somos un Estado soberano, y tenemos que garantizar la seguridad de las personas que buscan refugio en nuestro país”, criticó el diputado y excandidato presidencial, Eliécer Feinzaig.
Por su parte, los diputados de Chaves se desmarcaron de la moción. Daniel Vargas Quirós, del oficialista Partido Progreso Social Democrático, dijo que en Costa Rica hay 23.354 refugiados: 9.942 provenientes de Nicaragua, y 7.471 de Colombia. También, que hay 224.000 solicitantes de refugio, “que son personas que ya viven aquí en el país”. El legislador usó esas cifras para contrastarlas con el hecho que solo hay de 18.000 a 20.000 policías en el país, por lo que no alcanzaría para asignar un policía para cada refugiado.
“Expreso mi indignación ante la actitud de descuido e indolencia que ha tenido la DIS frente a las amenazas que han recibido los nicaragüenses exiliados o refugiados en Costa Rica”, dijo por su parte la expresidenta Laura Chinchilla. “Es inadmisible que los sicarios de la dictadura de Nicaragua operen con total libertad e impunidad en nuestro país”.
Fuentes políticas consultadas por EL PAÍS que prefieren mantenerse en el anonimato coinciden también en que el presidente Chaves no se muestra diligente porque no quiere confrontar con el Gobierno del país vecino y, de esa forma, evitar encontronazos que afecten, por ejemplo, un cierre de la frontera terrestre que impacte el comercio regional.
