El Gobierno laborista de Keir Starmer ha decidido que su verdadero enemigo electoral y político ya no es el Partido Conservador, sino la derecha extrema y xenófoba de Reform UK, la formación de Nigel Farage. Y el campo donde se libra la batalla es de las políticas de inmigración. La recién estrenada ministra del Interior, Shabana Mahmood, hija de paquistaníes y “musulmana devota”, según ella misma se ha definido, ha aprovechado su intervención en el congreso del partido, que comenzó el domingo en Liverpool, para anunciar un endurecimiento de las condiciones que deberán cumplir los inmigrantes que aspiren a construir su vida en el Reino Unido.
“El patriotismo, que siempre ha sido una fuerza para el bien, se está convirtiendo hoy en algo más pequeño, en algo más etno-nacionalista que se niega a aceptar que alguien como yo, con mi aspecto y mi religión, pueda ser verdaderamente británico”, ha dicho Mahmood a unos delegados laboristas que no saben aún si aplaudir las propuestas o taparse la nariz.
Basta con dar una vuelta por el Centro de Congresos de Liverpool para entender que Farage es hoy el enemigo de la izquierda, como se ve en los carteles de todas las organizaciones activistas que han acudido al congreso laborista.
Pero si la nueva propuesta del Gobierno sale adelante en el Parlamento —y todo indica que así será—, cualquier persona que quiera obtener un permiso de residencia indefinida en el país deberá demostrar un elevado nivel de inglés; tener un historial penal limpio e impecable; haber contribuido a la economía nacional, durante al menos diez años, con el pago de cotizaciones sociales a través de un trabajo regular; y no haberse beneficiado de ningún tipo de ayuda pública durante su estancia en territorio británico. Y a todo eso se añadirá la exigencia de haber realizado algún tipo de voluntariado social que demuestre una contribución efectiva al bien de la comunidad.
“El pueblo británico siempre ha sido generoso con los que llegan aquí y trabajan duro. Pero el simple hecho de pasar un tiempo [en territorio británico] no basta. Como mis padres, deben ganarse el derecho a vivir en este país”, proclamaba la ministra.
Mahmood se ha labrado fama de tener un discurso duro en asuntos de ley y orden, ha presentado siempre la historia de sus padres como la de los “buenos inmigrantes” que trabajan duro y contribuyen con su esfuerzo al bien de la comunidad. Una “migración justa”, junto a unas fronteras seguras, son parte integral de un país “tolerante y generoso”, ha dicho a los delegados del congreso, que no han aplaudido con mucho entusiasmo.
Todos estos requisitos extra se suman a la decisión ya anunciada por parte del Gobierno de Starmer de elevar de cinco a diez años el tiempo previo de estancia necesario para solicitar el permiso de residencia indefinido.
Las nuevas condiciones no afectarían a quienes ya disfrutan de un permiso de residencia indefinida actualmente en el Reino Unido.
Hasta hoy, cualquier persona que hubiera residido cinco años en territorio británico y no hubiera sido condenada por algún delito podía optar casi de modo automático a la condición de residencia indefinida, un paso previo a la obtención de la ciudadanía (que exige un año más, la aprobación de un examen y el pago de unas tasas).
En el caso de aquellos inmigrantes o solicitantes de asilo que reciben ayudas públicas para su subsistencia —en la actualidad, unos 120.000 en todo el Reino Unido—, deben esperar más tiempo antes de regularizar su situación.
El primer ministro británico intenta distanciarse de las políticas propuestas por Farage y presentar en las suyas un rostro humano, pero siempre a base de endurecer las cosas para los inmigrantes.
Maureen Cleator, que lleva años dedicada a la atención de personas con dependencia, ha sido sindicalista y hoy es concejal un distrito con fuerte presencia de la ultraderecha, cerca de Kent, sale del auditorio del congreso apoyada en su bastón, y con cara resignada. Sabe que la inmigración debe tener una respuesta política, pero como dice con ironía a EL PAÍS, duda seriamente “que el noventa por ciento de los delegados fueran capaces de aprobar un examen de inglés” como el que se quiere reclamar a los inmigrantes.
“Sé que la dirección del partido intenta desafiar la narrativa de esta gente”, dice, en referencia a la ultraderecha de Farage. “Porque por primera vez han logrado que sus seguidores se envalentonen, gracias a Trump y a que nadie les desafía. Les parece que está bien el hecho de ser racista”, se lamenta.
Las propuestas de Farage
Farage prometió a finales de agosto que, si llegaba al poder —y las encuestas señalan desde hace muchos meses que esa es una posibilidad real—, deportaría a millones de personas y anularía por completo la posibilidad de lograr la residencia indefinida. Cualquier inmigrante que viviera en el Reino Unido se vería obligado a renovar permanentemente su visado y a demostrar, con ese propósito, que disponía de un trabajo con una renta elevada y ningún antecedente penal.
Starmer, consciente de que una parte muy importante de su partido ve con disgusto sus continuas respuestas de imitación ante cada nueva provocación de Farage, ha calificado la propuesta de Reform UK como “racista e inmoral”, y ha acusado a la formación de ultraderecha de intentar hundir el país.
Todas las encuestas señalan la inmigración irregular como el problema principal para los ciudadanos británicos. En el país viven actualmente 10,7 millones de personas nacidas fuera del Reino Unido (el 15,4% de la población total), según el Observatorio de Migraciones de Oxford.
Tanto ella como Starmer saben, porque así se lo han hecho saber muchos diputados y cargos municipales laboristas, que la sangría de apoyos de los votantes tradicionales laboristas que están saltando a Reform UK es muy grave, y que la causa principal de esta fuga es la inquietud social que provoca el debate de la inmigración. “La clase trabajadora se alejará de nosotros” y “buscará alivio en las falsas promesas de Farage” si el Gobierno no actúa pronto, ha advertido Mahmood a las voces internas de su formación que expresan dudas sobre las políticas de mano dura con la migración.
