Ecuador atraviesa nuevamente una de sus jornadas más tensas, marcada por una serie de atentados con explosivos que estremecen al país en menos de 24 horas. El primero ocurrió la noche del martes, en Guayaquil, cuando un coche cargado de explosivos saltó por los aires en el estacionamiento de un edificio en una zona comercial de la ciudad. La explosión, de gran magnitud, alcanzó a un taxista que intentaba grabar el incendio del vehículo; fue sorprendido por la detonación y perdió la vida al instante. Otras 26 personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave, según informaron las autoridades, que siguen intentando esclarecer la magnitud de lo sucedido en una ciudad que, cada vez más, parece perder el control ante el avance de la violencia organizada.
El atentado tenía como objetivo hacer estallar dos vehículos, pero el segundo artefacto no logró explotar y fue desactivado por la unidad antiexplosivos de la policía. Cada bomba contenía cuatro cargas de alto poder, con mechas de seguridad y dispositivos electrónicos para su activación. Aunque aún no se ha confirmado el tipo exacto de explosivo utilizado, el ministro del Interior, Jhon Reimbeg, subrayó que no se trató de un artefacto artesanal, sino de una bomba de fabricación profesional. El funcionario atribuyó la autoría de estos artefactos a los grupos criminales que buscan generar “caos en el país”.
Este ataque, calificado como terrorista por el Gobierno, se registró a las 18.40 en una exclusiva zona comercial de Guayaquil, a tan solo tres kilómetros del aeropuerto internacional. La detonación sacudió una zona densamente poblada, rodeada de oficinas, un centro comercial muy concurrido y un hospital privado, junto a un complejo de consultorios médicos. Según las autoridades, la banda criminal Los Lobos está detrás de este atentado, como represalia por las recientes operaciones militares en la zona minera de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. “Se logró la destrucción de la zona, y ahora las Fuerzas Armadas tienen el control”, afirmó Reimbeg, quien calificó el ataque como uno de los más importantes jamás dirigidos contra una de las estructuras económicas ilegales más lucrativas del país.
Sin embargo, esta no es la primera intervención militar en la zona. En 2019, durante el mandato de Lenín Moreno, se desplegó un operativo similar para desmantelar el negocio ilícito de la minería ilegal, el cual duró seis días. No obstante, el actual Gobierno -que lleva dos años en el poder-, no había intervenido hasta el pasado lunes, cuando las Fuerzas Armadas aseguraron haber destruido las bocaminas ilegales en la montaña. Este operativo tiene lugar en medio de las manifestaciones indígenas que también se concentran en la provincia, y que el presidente acusa de estar siendo financiadas por grupos criminales afectados por la reciente eliminación del subsidio al diésel, uno de los insumos clave para las operaciones de minería ilegal.
Apenas unas horas después del atentado en Guayaquil, la violencia continuó en otras partes del país. El miércoles, al amanecer, un segundo atentado se registró en el puente Mollepongo, en la carretera que conecta la Costa con la Sierra, entre las ciudades de Guayaquil y Cuenca. La explosión causó daños a varios autobuses que transitaban por la vía, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas mortales en esta ocasión. Sin embargo, el impacto sembró el pánico entre los conductores y pasajeros, quienes temieron lo peor.
Poco después, y a unos 120 kilómetros de distancia, en la provincia del Guayas, otro estallido sacudió la tranquilidad de la región, esta vez en el puente Churute. El tercer atentado de la jornada, de características similares al anterior, aumentó la alarma en una provincia ya marcada por la creciente violencia de las organizaciones criminales. Las autoridades locales acordonaron rápidamente la zona para iniciar las investigaciones, mientras la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, calificaba los hechos como “un ataque terrorista contra la infraestructura y la seguridad de nuestra provincia”.
Estos incidentes, ocurridos en menos de veinticuatro horas, no solo han causado graves daños materiales, sino que también han reavivado el temor entre las poblaciones locales, que vuelven a encerrarse frente a la creciente violencia de las bandas criminales. La sensación de inseguridad se ha vuelto una constante en un país que, al parecer, está perdiendo la lucha por mantener el control de sus territorios ante el avance imparable del crimen organizado.
