Poco menos de 80 minutos le llevó a los fiscales Guillermo Barry y María Eugenia Ballará enumerar las pruebas que demuestran que Leonardo Nelson Cositorto (54) y otros cinco imputados conformaron una asociación ilícita y estafaron a 98 ahorristas de Goya, Corrientes, que le confiaron sus ahorros tentados por un retorno del 7,5% mensual en dólares. En el mismo sentido se pronunció poco después el abogado querellante Pablo Fleitas.
“Los organizadores o jefes idearon y planificaron la oficina de la ciudad de Goya poniendo en marcha una estafa piramidal. A través de herramientas de engaño indujeron a error a los inversores”, sostuvo Barry en referencia a Cositorto, Maximiliano Batista (44) y Miguel Ángel Echegaray (59), a los que pusieron a la cabeza de lo que consideraron una típica estafa piramidal. Y agregó que “se presentaron como una academia de coaching financiero, como una empresa de educación, pero esto era una pantalla para traer inversores”.
El fiscal indicó que las empresas utilizadas para la maniobra fueron creadas en 2021 “con la particularidad de que todas comparten fecha de fundación y domicilio” y que ese entramado societario “sirvió para generar apariencia de buenos negocios”.
Durante el alegato se dejó entrever la sospecha de que Generación Zoe desembarcó en Goya luego que la tabacalera Massalin decidiera cerrar su planta e indemnizara a cientos de empleados. “Era gente que tenía disponibilidad de fondos”, dijo Barry. Y agregó que muchos confiaron sus fondos incentivados por un ex compañero de trabajo, Jonathan Vargas.
Generación Zoe desembarcó formalmente en septiembre de 2021 en Goya, luego que Cositorto llegara de visita para dar una charla a potenciales inversores.
Para los fiscales, con las pruebas reveladas durante más de tres meses de juicio “están acreditados los roles” de los seis imputados. Es que además de los nombrados, en Goya son juzgados los referentes locales Lucas Camelino (38), Nicolás Ismael Medina (31) y Javier Sebastián Medina (28).
En su alegato, Barry le otorgó un rol relevante a Echegaray. Sostuvo que tenía a su cargo la organización administrativa y era quien manejaba las finanzas. Indicó que estuvo dos veces en Goya “para organizar la oficina” y presionar a los referentes locales para “facturar porque sino se cerraba” la sucursal de Generación Zoe.
Por su parte, Ballará sostuvo que “la asociación ilícita se consuma con el solo hecho de formar parte, pero esta asociación ilícita cometió delitos de estafa en manera reiteradas vendiendo la ilusión de que al colocar su dinero tendrían rédito económico”.
Y que “se ha acreditado con el grado de certeza la autoría de cada uno de los imputados como organizadores y como integrantes” y pidió que se los declare responsables de ambos delitos.
El abogado que representa a las 98 víctimas que realizaron la denuncia, apeló a un acting en el inicio de su alegato. Sostuvo que en las últimas horas había hablado con su “amigo Marcos Galperín”, y que este miércoles recibió un llamado del “ministro de Justicia de la Nación”.
“Lo que acabo de mencionar es falso… pero decidí arrancar así este alegato para que se entienda lo que pasó en este juicio. Lo que hice es una manipulación de la situación”, arrancó Pablo Fleitas.
Sostuvo que tanto él como los fiscales y los jueces del Tribunal tuvieron que escuchar descalificaciones y agravios de los imputados. “Toda la estrategia consistió en verborragia, falsas acusaciones… los imputados buscaron manipular todo”, insistió.
Recordó que en una de las últimas audiencias Cositorto dijo que estaba en comunicación constante con el presidente Javier Milei y su hermana. Y se preguntó ¿Qué diferencia hay con lo que dije al principio de mi alegato?”
Fleitas sostuvo que “esos papelitos, como dice Cositorto, por los comprobantes de depósito de los ahorristas no sirven para promover una acción civil porque carecen de formalidades de entidad jurídica porque son instrumentos para engañar a la gente, por eso estamos ante una cuestión penal”. Y recordó que con el paso de los meses las tasas de retorno que ofrecían desde Zoe eran cada vez más elevadas. “Hubo una oferta del 100% en dólares a pagar en tres meses”, recordó.
Según la estimación de Fleitas, sólo sus 98 clientes de Goya confiaron a Zoe poco más de 396.000 dólares.
Los alegatos de las defensas
El defensor oficial Andrés Bufill, que representa a Echegaray y Camelino, se quejó por considerar que hubo una acusación cargada de vaguedades y que hubo “un cambio en la plataforma fáctica… necesitamos volver a octubre para adecuar los alegatos de apertura porque estamos ante una grosera variación”.
Sostuvo que todo el entramado de empresas que giraban en torno de Zoe fueron legalmente inscriptas y se preguntó “en qué cabeza cabe registrar todo legalmente para luego cometer estafas” y dijo que el colapso sobrevino como consecuencia de “una pérdida de confianza de los inversores, que quisieron recuperar su dinero antes del plazo fijado en el fideicomiso”.
Bufill indicó que “no había intenciones de cerrar las oficinas y quedarse con el dinero de la gente” y que el caso debió tramitarse judicialmente como “un incumplimiento contractual”.
Además, se quejó por la caída del acuerdo de resarcimiento que habían ofrecido los imputados en octubre del año pasado a los ahorristas goyanos. A criterio del defensor, “se usó el sistema penal para lograr una reparación” del daño, lo cual finalmente no se concretó.
En el cierre de su alegato, Bufill pidió la absolución tanto de Echegaray como de Camelino por considerar que “no hubo asociación ilícita ni dolo”.
A partir de las 17, los jueces escucharán las conclusiones del defensor oficia Joaquín Romero, que representa a los hermanos Medina; y el cierre será con las conclusiones de Guillermo Dragotto y José Fernández Codazzi, defensores particulares de Cositorto.
