La Conmebol reafirmó que usará todas las vías legales para recuperar el dinero del fútbol sudamericano que fue desviado durante la gestión del expresidente Nicolás Leoz, fallecido en 2019, en el marco del escándalo internacional conocido como FIFAgate.
El pronunciamiento se conoció este viernes, luego de que la Fiscalía de Paraguay imputara a nueve personas por presunto lavado de dinero, entre las cuales figuran seis directivos del Banco Atlas —incluido su presidente, Miguel Zaldívar—, además de la exesposa de Leoz, María Clemencia Pérez, y dos hijas del exdirigente.
En un comunicado, la Confederación Sudamericana de Fútbol celebró la decisión del Ministerio Público y aseguró que «ejercerá las facultades otorgadas por ley» para que las autoridades garanticen la recuperación de los fondos que corresponden a la institución y al fútbol de la región.
Bajo su principio de “Reglas Claras”, la organización recordó que fue la única del fútbol mundial en impulsar una auditoría forense sobre los hechos de corrupción, lo que permitió recuperar más de 130 millones de dólares.
La entidad con sede en Luque consideró además que la imputación marca «un avance significativo» en los procesos judiciales derivados del FIFAgate, el megacaso de corrupción que sacudió a la dirigencia deportiva de América y terminó con varios dirigentes procesados en Estados Unidos.
La Conmebol recordó que en 2017 y 2021 presentó denuncias penales en Paraguay, tras detectar maniobras que provocaron perjuicios patrimoniales a la organización y beneficios ilícitos para sus autores.
Según el representante legal de la entidad, Claudio Lovera, entre 2000 y 2010 Leoz habría realizado operaciones que afectaron el patrimonio de Conmebol y le generaron ganancias que fueron canalizadas a través del Banco Atlas mediante contratos de fideicomiso y certificados de depósito.
Leoz murió en agosto de 2019, a los 91 años, tras dirigir la Conmebol entre 1986 y 2013 y permanecer en arresto domiciliario desde mayo de 2015 en su residencia de Asunción.
El exdirigente enfrentaba un proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia de Paraguay para evitar su extradición a Estados Unidos, donde debía ser juzgado por corrupción y desvío de fondos en el marco del FIFAgate.
Por su parte, Eduardo Deluca, exsecretario general del organismo, fue inhabilitado de por vida por la Comisión de Ética de la FIFA en noviembre de 2019, tras ser declarado culpable de soborno y violación del Código Ético de la entidad.
