La lucha por el agua es infernal. Sipho Ngwenya, un agricultor negro de 48 años de la provincia de Free State, el cinturón sudafricano del maíz, el trigo y la carne de vacuno, quiere ceder voluntaria y temporalmente sus derechos sobre el agua a un agricultor sudafricano blanco a cambio de ayuda económica, equipamiento agrícola y asesoramiento para acceder a los mercados de productos agrícolas. “Me dijeron ‘No está permitido y punto”, cuenta a EL PAÍS Ngwenya.
El Gobierno sudafricano bloqueó su solicitud de transferencia de derechos sobre el agua en enero porque, como agricultor negro, considerado “previamente desfavorecido”, no se le permite transferir sus derechos sobre el agua a un agricultor blanco, porque se le considera “históricamente privilegiado”. Según las evaluaciones del Banco Mundial, Sudáfrica es el país del mundo con mayor desigualdad económica.
Aunque el Tribunal Constitucional de Sudáfrica dictaminó en 2023 que está permitido transferir e intercambiar derechos sobre el agua, explica Camile Habib, abogada de Sipho Ngwenya, la decisión se enfrenta a una dura oposición política y burocrática dentro del Ministerio del Agua del Estado. “Sipho no es el único. Represento a otros ocho agricultores negros que se ven frenados por la oposición irracional al comercio de derechos sobre el agua”, señala la letrada.
El agua tras el ‘apartheid’
Tras el fin del apartheid en 1994, el nuevo gobierno, presidido por Nelson Mandela, declaró el acceso al agua como un derecho. A finales de esa década, se expidió la llamada “ley del agua”, que reglamenta su manejo, usos y licencias, con el fin de promover un acceso justo al recurso, explica a EL PAÍS Godfrey Sozwana, responsable de tierras y licencias ribereñas en el Ministerio del Agua sudafricano. El objetivo, dice, era corregir la histórica discriminación racial en lo relativo al agua y crear una nueva clase de agricultores negros.
“Nuestra evaluación muestra que de los 400 millones de metros cúbicos de agua disponibles y asignados en Sudáfrica desde 1998, más del 70% se ha asignado a sudafricanos blancos. Es una injusticia histórica”, afirma Sozwana. Los tiempos han evolucionado, pero los modelos de propiedad del agua no, añade.
Desde 1998, más del 70% del agua disponible se ha asignado a sudafricanos blancos. Es una injusticia histórica
Godfrey Sozwana, responsable de tierras y licencias ribereñas en el Ministerio del Agua sudafricano
Decidido a corregir lo que considera un agravio colonial, el izquierdista Congreso Nacional Africano, que gobierna Sudáfrica desde 1994 y que libró una encarnizada insurgencia anticolonial en la década de 1980, ha ido más allá y redactó un proyecto de norma en 2023: todo agricultor sudafricano blanco que desee adquirir nuevas licencias de agua ―no aplica a las renovaciones de licencias― debe ofrecer el 25% del capital de su explotación a los agricultores negros. La ley se denomina “Ley del Agua”, y afecta a cualquier explotación que tenga 250.000 hectáreas o más. Esto ha provocado preocupación en la prensa de derechas occidental, que considera que Sudáfrica está “limitando” el agua a los blancos. El partido Alianza Democrática, dirigido por blancos y cuyo líder es ahora el ministro de Agricultura del Gobierno de coalición sudafricano, afirma que las normas sobre el agua propuestas constituyen una discriminación racial a una escala sin precedentes.
Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al Gobierno sudafricano de racismo contra los blancos. Aunque no se ha pronunciado específicamente sobre los derechos del agua, sí ha criticado una nueva política agraria que facilita expropiar propiedades privadas en interés público. La medida también busca atajar algunas de las desigualdades dejadas por el apartheid. Por estos y otros desacuerdos, Trump suspendió la asistencia financiera de Washington a Sudáfrica, que ascendía a 440 millones de dólares (404 millones de euros) anuales. Además, ordenó poner en marcha un plan para acoger a los agricultores blancos y sus familias como refugiados en Estados Unidos.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la nueva regulación y recordó que, actualmente, el 98,5% de los recursos disponibles en Sudáfrica ya están asignados. Por lo que esta nueva norma aplicaría solo sobre el 1,5% restante.
Sin embargo, algunos agricultores afirman que, en una época de cambio climático y escasez de agua, estas leyes basadas en la raza están anticuadas y resultan contraproducentes. “Denotan estrechez de miras”, opina Ngwenya.
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Varias ciudades sudafricanas se han enfrentado a la escasez de agua y los cortes en los últimos años. Ciudad del Cabo, la metrópolis sudafricana del océano Atlántico, afrontó su famoso “Día Cero” del agua, el día en el que la urbe se quedaría sin suministro, en 2018. En 2024, Johanesburgo y Durban también se han enfrentado a restricciones y sus ciudadanos se han visto obligados a comprar el recurso de camiones cisterna privados.
Como agricultores negros con poca experiencia estamos históricamente en desventaja a la hora de conseguir préstamos bancarios y asesoramiento
Sipho Ngwenya, agricultor sudafricano
“Sudáfrica ya se convirtió hace años en un país con escasez de agua, por no decir con estrés hídrico”, señala a EL PAÍS Neil Macleod, exjefe del Departamento de Aguas del municipio de Durban (la tercera ciudad más grande de Sudáfrica).
Para el agricultor Ngwenya, la normativa es una mala solución que pretende ser universal, pero ignora la realidad pasada y presente. “Como agricultores negros con poca experiencia estamos históricamente en desventaja a la hora de conseguir préstamos bancarios y asesoramiento. Dependemos de nuestros colegas blancos para que nos aconsejen, nos presten equipos y nos faciliten el acceso al mercado”, explica. Intercambiar temporalmente sus licencias de agua con agricultores blancos más ricos a cambio de financiación, asesoramiento y acceso al mercado agrícola es clave para triunfar en el sector, remacha.
Según Kevin Winter, científico geográfico del Instituto del Futuro del Agua de la Universidad de Ciudad del Cabo, las leyes sobre el agua propuestas por el Gobierno no traerán necesariamente la equidad. Solo el 10% de las tierras agrícolas sudafricanas son de regadío; el resto depende de las precipitaciones naturales, afirma. Dado que el regadío abastece a una cantidad menor de tierras de cultivo, las leyes del agua no harán que los sudafricanos negros tengan más derechos sobre ella. “Esto es política, pero lo urgente ante el cambio climático es utilizar cada gota de agua de Sudáfrica de forma más productiva”, asegura.
Marais de Vaal, responsable de asuntos medioambientales de Afriforum, el grupo de presión dirigido por blancos que apoya a los agricultores negros como Sipho Ngwenya para que se opongan a las normas sobre el agua, va más allá y afirma que “el politiqueo del Gobierno” podría perjudicar la seguridad alimentaria. “Hemos recibido consultas de inversores agrícolas extranjeros que se preguntan si es sostenible comprar granjas en Sudáfrica”, señala.
Sin embargo, Jabu Nkosana, presidente de un grupo de presión de agricultores negros en la provincia de Free State y comisario del ala juvenil del partido gobernante, afirma que hay que intensificar las leyes sobre el agua basadas en la raza. “¿Qué pasará si permitimos a los agricultores negros transferir brevemente los derechos sobre el agua a los agricultores blancos, estos se arruinan después y los derechos desaparecen para siempre?”, se pregunta.
