La brutal represión desatada por el gobierno de Javier Milei en la marcha de los jubilados e hinchas de fútbol acumuló repudios y rechazos desde sectores sindicales, organizaciones de derechos humanos, políticas y judiciales. Todas y cada una incluyeron una expresión especial de solidaridad con el fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por una granada de gas lacrimógeno.
Las dos CTA, por caso, anunciaron que participarán de la marcha de los jubilados del próximo miércoles que se realiza frente al Congreso de la Nación. “La represión se ensañó con los jubilados, los trabajadores y cualquier aledaño que pasaba por la calle. La represión se desató para impedir que la movilización lograra adquirir la dimensión multitudinaria que sabíamos que iba a adquirir“, agregó el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, pidió la inmediata renuncia de la ministra de Seguridad del gobierno de Milei. “Bullrich se tiene que ir ya”, aseguró y sostuvo que “la movilización para abrazar a los jubilados mostró dos facetas”. “Una de la que nos sentimos orgullosos, un pueblo que se expresa y se manifiesta contra la justicia, la opresión, el saqueo”, dijo Godoy y alertó respectó a la otra cara, signada por “la crueldad, lo inhumano, lo brutal de este gobierno, que ha perdido toda legitimidad democrática y es fundamentalmente necesario que se promueva el juicio político al presidente”.
A su vez, los dirigentes sindicales de las dos CTA señalaron que en los próximos días podrían fijar la fecha de un paro general y adelantaron que se movilizarán en unidad el próximo 24 de marzo.
Por su parte, el Partido Solidario que preside el diputado nacional de UxP Carlos Heller denunció que “el accionar policial se enmarca en una decisión del Gobierno nacional de disciplinar a la protesta social y desmovilizar a la sociedad, en un momento en que crecen la insatisfacción y las críticas a las políticas de ajuste que llevan adelante”. El comunicado también alertó por la gravedad de los hechos ocurridos en la Cámara de Diputados mientras se reprimía en las calles, y consideró que ambos hechos son parte de “la misma lógica: prácticas antidemocráticas en las calles y prácticas antidemocráticas en el interior del Parlamento”.
También la Asociación Víctor Basterra de Sobrevivientes y Testigos de la ESMA expresó su repudio a la represión y subrayó que “no se recuerda una barbarie de tal magnitud en tiempos democráticos, con la excepción del 19 y 20 de diciembre de 2001”.
Por su parte, la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas manifestó “su más enérgico repudio a la criminal represión de la protesta social en defensa de las y los jubilados desplegada ayer por las fuerzas de seguridad de la Nación”, y denunció “detenciones arbitrarias” durante la cacería que el Gobierno desató en las inmediaciones del Congreso. En ese sentido advirtió sobre “el uso de armas disuasorias como armas letales en el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien recibió el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y se encuentra en riesgo de vida”. A su vez, la AAJ aseguró que las personas detenidas de forma arbitraria “fueron legal y legítimamente excarceladas” por la Jueza Penal Contravencional de la CABA, Karina Andrade.
Sobre el caso de la jueza Andrade, que tras su fallo está recibiendo ataques desde el Poder Ejecutivo, los organismos de Derechos Humanos emitieron un comunicado donde repudian las amenazas y agresiones de funcionarios del gobierno contra la jueza: “Denunciamos esas prácticas cuya intención es disciplinar a quienes se animan a hacer cumplir la Constitución y las leyes que rigen nuestra vida en Democracia poniéndole límites al autoritarismo y la violencia criminal de Milei, Bullrich sus aliados”, dice el comunicado Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la APDH, APDH La Matanza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
