Un cónclave de poco más de dos horas entre los 11 conjueces realizado en un salón del Anexo del Senado bonaerense al término de los alegatos. Intensos intercambios de mensajes y videollamadas el fin de semana y una breve reunión conjunta minutos antes de la lectura del veredicto. Casi sin fisuras, concreto, no demasiado prolongado.

Así fue el debate entre los cinco legisladores, los cinco abogados y la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, que determinó la destitución por unanimidad de Julieta Makintach (48), la jueza que habilitó la realización de un documental en el juicio que debía definir las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona (1960-2020).

Como derivación de esa irregularidad, el debate oral contra los presuntos responsables del fallecimiento del astro del fútbol, que había comenzado el 11 de marzo, se suspendió el 27 de mayo.

Makintach -que era subrogante en el Tribunal Oral N° 3 de San Isidro- fue separada del cargo y sometida a un proceso disciplinario que terminó este martes con su apartamiento del Poder Judicial.

La jueza no estuvo en la audiencia en la que se definió su futuro inmediato. Declaró en ejercicio de su defensa en dos oportunidades: el primer día y cuando fueron los alegatos.

Pidió disculpas, dijo que “nunca imaginó” que una “idea» que le presentó «una amiga de la vida” para hacer un reportaje iba a provocar semejante desenlace. Y reclamó que le aceptaran la renuncia que presentó al gobernador Axel Kicillof porque tenía decidido “no volver más al Poder Judicial”.

Ya no será una cuestión voluntaria. Por esta decisión disciplinaria, la ahora ex jueza no podrá ejercer cargos judiciales, dejará de percibir los haberes que le pagaba la Suprema Corte (60% del sueldo, porque el 40% lo habían retenido desde la suspensión) y tampoco tendrá posibilidades de acceder a una jubilación del Poder Judicial que otorga el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, deberá pagar los costos del proceso.

Como accesorio, el Colegio de Abogados de San Isidro -que fue parte acusadora en este proceso- anticipó que no le habilitarán el título para ejercer como abogada de la matrícula. Al menos en el departamento judicial de ese distrito. “Es una decisión que tomamos con todos los funcionarios que resultan destituidos”, explicaron en la entidad.

Cuando el caso Maradona derivó en escándalo, comenzaron a llover pedidos de jury contra la jueza. La mayoría de las acusaciones se acumularon en el expediente S.J. 730/25, y estaban relacionadas con su participación no autorizada y con fines comerciales en la filmación del documental o miniserie, titulado «Justicia Divina«.

La acusación, sostenida por la Procuración General (representada por la fiscal general de Necochea, Analía Duarte), se centró en la violación de deberes, parcialidad manifiesta y conducta incompatible con el cargo judicial. Se argumentó que la jueza facilitó el acceso a dependencias judiciales y mintió sistemáticamente sobre su involucramiento.

El jurado entendió que en las audiencias quedaron “probadas todas las imputaciones” que formaron parte de la acusación.

Fueron nueve irregularidades que llevaron a perder el puesto de jueza:

• Autorizar irregularmente el acceso de un grupo de personas al edificio de tribunales de San Isidro un día domingo, por la puerta asignada a los magistrados, “con el fin de realizar tomas y fotos para el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, dos días antes del comienzo del debate oral”.

• Habilitar a un grupo de personas para que, “de manera clandestina”, tomaran registros fílmicos del debate oral para utilizarlas en la realización de una miniserie.

• Violar abiertamente, a través de terceras personas, la prohibición de grabar o filmar el debate, “restricción impuesta por el tribunal que ella misma integraba”.

• Abusar de su condición de magistrada desautorizando al personal policial que intentó impedir, en claro cumplimiento de la prohibición impuesta por el tribunal, que una persona (el camarógrafo Jorge Ignacio Huarte) filmara la audiencia de debate.

• Utilizar los recursos —materiales y humanos— del erario público (instalaciones del edificio de tribunales y personal afectado a la custodia del debate) con fines estrictamente personales.

• Mentir en forma deliberada y recurrente, tanto frente a la prensa nacional e internacional, como ante sus pares del tribunal, partes, abogados, prensa acreditada y público en general, al negar su participación en un “documental”.

• Afirmar “su ajenidad a cualquier irregularidad, incluso cuando fue confrontada por el representante del Ministerio Público Fiscal”, quien exhibió las imágenes que la tenían como protagonista en la audiencia del 27 de mayo de 2025.

• Incurrir en parcialidad manifiesta, “conducta que llevó inexorablemente a la declaración de nulidad del proceso”.

• Generar un gravísimo perjuicio a la imagen del Poder Judicial.

Entre los asistentes al veredicto estuvieron Verónica Ojeda, ex pareja del astro, junto a su pareja, el abogado Mario Baudry, y su hijo Dieguito Fernando Maradona, quien pidió «Justicia por papá».

Por sorteo del secretario del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia, Ulises Giménez, Kogan expuso en primer lugar la argumentación. “De acuerdo con la prueba valorada, los hechos denunciados han sido probados”, anticipó la cortesana, y comenzó a desarrollar los fundamentos.

Hubo, entre los jurados, algunos matices. La mayoría de los conjueces rechazaron que haya quedado probado que Makintach “actuó por lucro personal”.

La conclusión del Jurado fue que las conductas probadas evidenciaron un “desempeño inadecuado del cargo” y la pérdida de las “condiciones constitucionales de idoneidad y buena conducta” (contempladas en el artículo 176 de la Constitución Provincial).

El debate también puso la mira en la actuación de los jueces que integraron el TOC N°° 3, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso junto con Makintach.

Sobrevoló la duda sobre si los magistrados también estaban al tanto de las grabaciones “no autorizadas” que hacían los técnicos contratados para la serie.

Por eso, al final del proceso se conoció que una de las partes -la defensa del testigo del caso Maradona, Julio César Coria– pedirá un jury para esos dos magistrados.

Lo anticipó el abogado Rodolfo Baqué, quien fue “expulsado” mientras intervenía en el controvertido juicio por la muerte del «Diez” y llegó a gritarle «basura» a la jueza. Fue el último en alegar en la audiencia del jueves.

En el proceso declararon jueces, fiscales, abogados y Gianinna, la segunda hija de Diego Maradona. Además de técnicos, camarógrafos, agentes encargados de la custodia de los tribunales de San Isidro y la amiga “íntima” de la jueza, quien tuvo “la idea” de la entrevista: “La Negra” María Lía Vidal Alemán.

La defensa de la ex jueza, a cargo de Darío Saldaño y Juan Cerolini, intentó plantear que no hubo irregularidades, que nadie grabó de manera clandestina y que los colegas conocían del material audiovisual. También descartaron que hubiera un interés económico en beneficio de su defendida.

En resumen, en su argumentación para destituir a Makintach, Kogan afirmó que “la magistrada excedió los límites propios del ejercicio de la función judicial e incumplió los deberes inherentes a la magistratura al participar y colaborar de manera irregular en un proyecto comercial estrechamente vinculado con el juicio que tenía a su cargo y que se encontraba en pleno desarrollo”.