Las principales entidades del agro cerraron filas para defender la institucionalidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) frente a los rumores de ajuste. La Mesa de Enlace manifestó una postura unificada y firme: el organismo debe conservar su carácter «autónomo y autárquico», y cualquier decisión sobre su futuro o reestructuración debe tomarse dentro de su propio Consejo Directivo, rechazando imposiciones externas.
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), ofició de vocera de este reclamo y advirtió sobre la importancia de respetar los canales institucionales. En diálogo con el programa Nuestra Tierra, por Radio Perfil, la dirigente sostuvo que el INTA es reconocido en el interior por los beneficios que aporta a los productores a través de la tecnología y la extensión territorial. En ese sentido, remarcó que si bien el sector está dispuesto a discutir cambios estructurales para mejorar la eficiencia, estos deben debatirse internamente y no mediante decisiones políticas unilaterales.
En esta línea, Sarnari aclaró que ninguna de las cuatro entidades que conforman la mesa propuso «eliminar el Estado», sino que coincidieron en la búsqueda de un «Estado virtuoso». Aunque reconoció diferencias internas sobre el grado de intervención, enfatizó que existe un consenso básico sobre la necesidad de contar con organismos públicos eficientes que brinden soporte técnico y sanitario, como es el caso también del SENASA.
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En cuanto a la relación política con la gestión de Javier Milei, la titular de la FAA definió que el rol de las gremiales no es ser opositoras ni oficialistas, sino defender los intereses de sus representados dentro del sistema democrático. No obstante, dejó una advertencia clara de cara a las negociaciones: si no existe voluntad política de diálogo y el Gobierno decide «dar vuelta la cara», las entidades evaluarán cómo actuar.
Finalmente, el reclamo se centró en definir qué tipo de presencia estatal requiere el campo. Los dirigentes explicaron que no buscan un Estado que intervenga en los precios de la producción, sino uno que se haga cargo de sus responsabilidades: garantizar la infraestructura, la sanidad y la igualdad de oportunidades. Para la Mesa de Enlace, desfinanciar la investigación y el desarrollo implicaría un retroceso directo en la competitividad y en la calidad de vida de las comunidades del interior.
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Conectividad y caminos: las deudas pendientes de la «ruralidad»
Más allá de la discusión técnica sobre el INTA, la dirigencia agraria puso el foco en las dificultades cotidianas que implica vivir y producir en el interior. Sarnari describió un escenario complejo donde “el arraigo rural se ve amenazado por la falta de servicios básicos”. La mala señal de telefonía, los cortes de electricidad y el pésimo estado de los caminos rurales fueron señalados como factores determinantes que castigan la «ruralidad» en la Argentina y que dependen exclusivamente de la inversión pública y el mantenimiento estatal.
La Federación Agraria planteó que el debate no debe reducirse a un número frío sobre si sobran o faltan empleados, sino a qué función cumplen en cada territorio. Aseguraron que la cantidad de investigadores debe depender de las necesidades reales de cada zona, con el objetivo de que su trabajo se traduzca no solo en mayor productividad, sino en una mejora tangible para la gente que habita el suelo agrario.
Para las entidades, “defender la capilaridad de organismos técnicos es también una forma de combatir el desarraigo” y asegurar que el Estado llegue a lugares donde el mercado no siempre ofrece soluciones. La exigencia de rutas transitables, escuelas y hospitales en condiciones se unió así al pedido de mantener un sistema de ciencia y técnica al servicio de la producción nacional.
TC/DCQ
