Seis camaristas juzgaron en 1985 a quienes habían comandado a las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1982, sembrando de muerte el territorio argentino. Ricardo Gil Lavedra es uno de los integrantes de aquel tribunal. Tiene, además, otra particularidad: se dio la tarea de contar el Juicio a las Juntas por dentro a través del libro que publicó meses atrás, La hermandad de los astronautas. Por entonces, el juez Jorge Torlasco sostenía que los integrantes de la Cámara Federal porteña, que acababa de conformar Raúl Alfonsín, se movían como en una cápsula espacial: aislados y tratando de llegar a destino. Para León Carlos Arslanian, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, Torlasco y Gil Lavedra, llegar a destino implicaba poder dictar sentencia contra Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, entre otros.
En la víspera de que se cumplan 40 años del inicio aquel juicio que se volvió emblema a nivel nacional e internacional, Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), dialogó con Página/12 acerca de aquellos días de 1985.
–¿Siente que cambió la percepción del Juicio a las Juntas, que quienes entonces decían que con éste se ponía en riesgo la democracia ahora lo describen como una piedra basal de la democracia?
–El Juicio a las Juntas y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) permitieron abrazar a la democracia con los derechos humanos, el imperio de la ley y el estado de derecho. Esto me parece que ayudó mucho a consolidar la cultura democrática.
–También cambió las prácticas judiciales porque entonces no había juicios orales…
– Sí, en aquel momento regía el código de Obarrio del final del siglo XIX, que era un procedimiento con claras notas de inquisitivo. Tanto la instrucción como el plenario lo llevaba un juez: un juez de instrucción primero, luego un juez de sentencia y de modo escrito.
–¿Hubo en los meses de audiencias algún testimonio que lo haya conmovido particularmente?
– Es difícil, me parece, distinguir a una sola persona porque me conmovieron muchísimas.Tenga en cuenta que era gente que había padecido cosas inhumanas, torturas salvajes y venía a exponerlas en público, con lo cual yo quisiera también destacar la valentía que tuvieron todos los testigos cuando aún la democracia no estaba asegurada y los autores de esos crímenes terribles estaban en libertad. Hay que resaltar la entereza de ir a relatar su padecimiento frente a un tribunal de modo público.
–¿Cómo recuerda el lobby de las organizaciones pro-militares como Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS)?
–Sinceramente no recuerdo mucho el activismo de las organizaciones de este tipo. Hubo, claro, declaraciones públicas y probablemente también la publicación de alguna solicitada, pero me parece que la tensión de ese momento era la posibilidad de llevar adelante un juicio que las Fuerzas Armadas soportaban pero no estaban de acuerdo. Tenga en cuenta que un jefe del Estado Mayor del propio presidente democrático Raúl Alfonsín pedía amnistía. Todo el mundo pedía también: la Iglesia y los medios de comunicación. Hubo incluso una cosa que parece grotesca, pero el financiamiento de las defensas del juicio lo hicieron las Fuerzas Armadas. Eran todos estudios de primera línea que obviamente los acusados no estaban en condiciones de solventar. Eso salió de las propias Fuerzas Armadas y sus gastos reservados.
–Usted en el libro relata que el jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) fue a decirle a Carlos Arslanian que los comandantes estaban dispuestos a asumir su responsabilidad si no se continuaba con sus subordinados…
– Es así. Que ellos asumían su responsabilidad y que obviamente no hiciéramos el juicio.
–¿Cómo recepcionó el gobierno el punto 30 de la sentencia, que ordenaba seguir investigando porque ponía, de algún modo, en tensión la política de juzgamiento del alfonsinismo?
– Yo creo que mal porque había una expectativa de que la sentencia diera alguna expresión, algo que permitiera sostener que éste iba a ser el único juicio o que los oficiales inferiores habían actuado bajo el imperio de órdenes que no podían resistir. Pero, por cierto, no era algo que se pudiera hacer porque la práctica es que cuando en el transcurso de un juicio aparece la comisión de otro delito, el juez está obligado a sacar testimonio y ordenar que se investigue. En este caso, que eran centenares y centenares de hechos que los teníamos frente a nuestros ojos, por supuesto que tenía que investigarse la responsabilidad de los autores directos. Con esto quiero decir que no fue un punto de discusión dentro de la Cámara. Naturalmente incluimos ese aspecto.
–Hay otro hecho bastante conocido, que es la decisión de ustedes, después de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de sacar del país la prueba del juicio. ¿Creen que fue una decisión atinada?
–Era la prueba de la audiencia. Como es un juicio oral, el documento de la realización de la audiciencia es la filmación. Temíamos lo que fuera a pasar. Hay que tener en cuenta que Alfonsín sufrió tres alzamientos militares, pidiendo la amnistía. Por eso nos decidimos y aceptamos un ofrecimiento que por intermedio del profesor (Bernardo) Beiderman nos hizo llegar a un Instituto Internacional de Derecho Penal y Criminología que tiene sede en Oslo, Noruega. Sacamos una copia de la audiencia medio subrepticiamente porque ya no estábamos en el tribunal y la llevamos en nuestras valijas con los pañuelos y las medias ahí metidos. Dejamos la sentencia y, para nuestra sorpresa, el recibimiento que nos hicieron en Oslo fue impresionante. Fuimos agasajados tanto por la Corte Suprema, por la Asociación de Abogados y por el Parlamento. La ceremonia en la que entregamos los casetes fue muy pomposa.
– Es que no existía una experiencia como la argentina de juzgar a los máximos responsables de las Fuerzas Armadas por un tribunal nacional tan poco tiempo después…
–No, claro, fue un proceso inédito.
–¿Y cómo ve el proceso de justicia actual después de la reapertura de las causas?
–Yo soy de la idea de que esas heridas tan profundas que ha producido el terrorismo de Estado, esos crímenes tan terribles como los que padeció la sociedad argentina, solo pueden cerrarse con justicia. Es decir, a mí me pareció bien que se reabrieran los juicios. Por supuesto que hay mucha polémica, porque se aplicaron reglas de derecho internacional y se dijo que esto no podría reabrirse porque se estaban aplicando retroactivamente normas.Yo creo que esto ha ayudado a tratar de cicatrizar estas heridas. Por eso ese modelo de comisión de la verdad y de enjuiciamiento de la Argentina luego llegó a todas partes del mundo.
–¿Qué le pasa cuando parte de la dirigencia actual dice que lo que se ha contado durante los últimos 40 años de la Argentina es mentira, una fabricación de las Madres, las Abuelas y la izquierda?
–No dicen que es una mentira. Lo que se dice es que se ha ocultado o se le ha restado importancia a los crímenes cometidos por las organizaciones armadas. Pero nadie discute lo que pasó. Es decir, que acá hubo un plan criminal consistente en secuestrar, en torturar, en violar sistemáticamente a las mujeres, apropiarse de los bienes, apropiarse de los chicos y asesinar en secreto. Eso no está bajo discusión. Es uno de los grandes aportes que ha hecho el juicio. Lo que se reclama es por los crímenes cometidos durante la década del 70, que por cierto han ocurrido y nadie los niega.
–¿Y en ese caso usted considera que todavía se los puede juzgar o que eran delitos comunes y que prescribieron?
– También es un punto muy polémico. Si constituye o no un delito de lesa humanidad, si es imprescindible una presencia estatal para que esto lo sea, es un punto discutido aún en el derecho internacional. Hasta el presente nuestra Corte Suprema ha dicho que no. En el caso Lariz Iriondo, que es la extradición de un miembro de la ETA, nuestra Corte Suprema dijo que los delitos de terrorismo prescribían. Pero, por cierto, yo creo que más allá de la reapertura, que sería simbólica, casi todos los autores de esos delitos han sido asesinados o han muerto. O algunos de estos casos que ya han sido también juzgados, yo creo que lo que se pretende es una suerte de reparación simbólica o económica.
–Cuarenta años después, ¿usted piensa que la sociedad argentina podría haber aguantado la transmisión en directo de las audiencias del Juicio a las Juntas?
– Es contrafáctico. Yo creo que hubiera sido sin lugar a dudas muy impactante, porque si lo fue nada más que con el periodismo gráfico y con imágenes sin sonido que se transmitían por televisión a la noche. No sé si hubieran permitido una transmisión en directo porque las restricciones que hubo en la comunicación, soy absolutamente sincero, fueron tomadas para tratar de no exacerbar el malestar militar. Esa es la razón. Y aparte porque aún así yo no creo que hubieran permitido nunca una televisión en directo para tratar también de salvaguardar ciertas solemnidades que tenía que tener el proceso.
