En octubre de 1977, una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) secuestró a Graciela Daleo cuando esperaba en una estación de subte. Pasó más de un año en ese campo de concentración. Se exilió y, en plena dictadura, empezó a dar testimonio de su cautiverio en manos de la Marina. En 1985, fue una de las testigos en el Juicio a las tres primeras Juntas –de cuyo inicio se cumplen 40 años.
Socióloga, querellante en los juicios de lesa humanidad y portadora de una memoria prodigiosa, Daleo compartió su mirada crítica del proceso en un diálogo con Página/12.
–¿Cómo llega a declarar en el Juicio a las Juntas?
–En realidad, esa declaración tenía una larga historia previa que arranca con los primeros testimonios brindados en el exilio ante instituciones internacionales: el testimonio presentado ante Naciones Unidas en febrero de 1982 y antes haber compartido con las compañeras Ana María Martí, Alicia Milia y Sara Solarz de Osatinsky y otros compañeros como Andrés Castillo la preparación de lo que fue el testimonio de París. Es el testimonio que las compañeras presentaron valientemente para que el mundo tuviera más noticias de las que había sido el funcionamiento de la ESMA. Y lo que vino después: el retorno al país, presentarme ante los organismos de derechos humanos, la declaración ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Llego también a declarar con la presión de amenazas y de persecución que los marinos y los sectores afines iban desarrollando contra militantes populares. Hubo incluso una campaña mediática. Recuerdo la publicación de una solicitada en la que aparecía un listado de personas calificadas como terroristas y no casualmente eran todos testigos en la causa 13.
–¿Qué recuerda de ese 18 de julio?
–Con ese miedo profundo, pero con la convicción de que debía y de que quería hacerlo, concurrí a Tribunales. Fue una jornada muy larga. A los testigos nos hacían llegar con mucha anticipación. Tengo el recuerdo de esa larga declaración, cómo había preparado mi memoria, tratando de no olvidar dato alguno. Veníamos leyendo en los diarios, no viendo porque las audiencias no se transmitían, la voluntad de hostigamiento que tenían los defensores de los genocidas. Otra cosa que recuerdo es la sensación de esfuerzo que tenía que hacer para sentir que los jueces que tenía ahí adelante creían lo que les estaba diciendo, no porque esperara que pusieran cara de dolor o me acariciaran la cabeza sino porque estaba ese interrogante de qué iba a pasar con todo esto que se estaba desnudando audiencia a audiencia. Por otra parte estaba el esfuerzo que hacíamos de brindar la mayor cantidad de información, y la sensación que a mí me quedó es que no hubo voluntad por parte del tribunal de sacarle más jugo a la declaración, de profundizar en aspectos tales como los nombres y las características de los genocidas. Con el tiempo, varios compañeros y compañeras que éramos testigos nos definimos como caseteras: el ámbito judicial y otros ámbitos apretaban el play y el stop a gusto, pero no podíamos explayarnos con todo lo que sabíamos y podíamos aportar.
¿Cómo siente que fue el trato hacia los sobrevivientes no sólo por parte del tribunal o de las defensas sino del conjunto social?
–Para decirlo en términos muy generales, los sobrevivientes estábamos en cierto limbo. Para algunos y algunas, directamente en el infierno. La palabra nuestra podía ser útil, pero todos éramos sospechados o sospechosos de haber sido colaboradores. En el fondo estaba esa paradoja de que la consigna era aparición con vida, pero, cuando aparecemos con vida, esa situación era tan singular o extraña, que no éramos bien vistos. También estaba presente algo comprensible pero que fue profundamente doloroso para nosotros: la pregunta de por qué vos estás vivo y mi familiar no. Otra cuestión es que la mayoría de los sobrevivientes éramos militantes populares, no era que pasábamos por la esquina y nos secuestraron. Estaba también el componente de los dos demonios: que fue precisamente nuestra participación política lo que había dado la excusa a las Fuerzas Armadas para dar el golpe. Eso es también el espíritu y la letra de los decretos 157 y 158, que dieron origen al enjuiciamiento, y figura en la sentencia.
–¿Cómo tomó la sentencia?
–Digamos que mal. Yo estaba en la Plaza Lavalle escuchando por altavoz. Si bien hubo mucha gente, tengo la sensación de que el acompañamiento social que se expresó el 22 de abril, cuando empezó el juicio, se había desinflado. Mi recuerdo es que cuando escuché las absoluciones, me di la vuelta y me fui con amargura. Por otro lado, trataba de valorar que había habido cinco condenas. Yo recordaba que, cuando hicimos el Encuentro Peronista de París, Emilio Mignone había dicho que hay decisiones que tiene que tomar el gobierno de inmediato, porque ningún gobierno es más fuerte que cuando recién asumió. Estábamos en diciembre de 1985, obviamente me había enojado mucho la limitación de los procesamientos pero, por otra parte también, ningún gobierno constitucional había enjuiciado a las dictaduras previas. También había que subrayarlo porque era una respuesta a la exigencia del movimiento popular. Convivían todas esas sensaciones.
–¿Y el punto 30 de la sentencia?
–También abría una puerta de esperanza a que continuaran los juicios. Aunque algunos aspectos eran medio incomprensibles, porque un proceso judicial que se había negado a juzgar determinados hechos y a condenar a determinados autores ordenaba que otros hicieran procesamientos. Toda esa maraña jurídico-política es la que envolvió a todo este larguísimo proceso de lucha contra la injusticia y la impunidad que protagonizó nuestro pueblo y que en determinados momentos los gobiernos constitucionales recogieron. Algunos con limitación y otros con muchísima más actitud. Estoy pensando desde Raúl Alfonsín con la causa 13 hasta los gobiernos kirchneristas –que aportaron a la anulación de las leyes y acompañaron la reapertura de las causas. Y el gobierno que estamos viviendo hoy, que hace lo posible para que este proceso de enjuiciamiento a los genocidas sea obturado.
–¿A nivel social qué implicó el juicio a los excomandantes en el proceso de justicia?
–Me gusta pensarlo en su complejidad. Ni aplaudirlo a mano cerrada ni descalificarlo. Creo que fue un hito significativo en lo que había sido la tradición de nuestro país de haber sufrido golpes de Estado y dictaduras sin consecuencias de tipo jurídico. Tiene un valor importante que eso se haya hecho cuando todavía los genocidas tenían poder casi ilimitado. Ese juicio fue resultado de lo que el movimiento de derechos humanos y el movimiento popular fue capaz de sostener, reclamar y exigir. No fue una concesión graciosa del poder político. Creo que hubo por parte del gobierno de Alfonsín la decisión de juzgar a algunos por una cuestión de supervivencia. Tenían claro que si no había juicio a los dos meses había un nuevo golpe. Tampoco tengo derecho a negar que hubiera algo de convicción ética de hacer algo de justicia y dar respuesta al reclamo popular. Pero fue concebido dentro de límites muy estrictos. Hubo decisiones de limitarlo a las tres primeras juntas y regalarles la impunidad al dictador (Reynaldo) Bignone y a todos los represores que habían sido identificados con nombre y apellido.
–Hubo mucha emoción con la película Argentina, 1985, pero las salas de audiencia de los juicios no se llenan. ¿Por qué piensa que les estamos prestando menos atención a los juicios?
–La verdad es que no podría atribuirlo a una sola causa. Hay una cosa que sí me asombra, que la verifico en las clases del seminario de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de Filosofía y Letras cuando les planteamos a los estudiantes que tienen que ir por lo menos a una audiencia y hacer una elaboración: todavía, hasta hoy, hay muchos estudiantes que dicen que no saben que hay juicios y que no sabían que eran públicos. Las audiencias públicas llevan casi 20 años. Ahora hay miles de formas de acceso a la información. Por un lado, pienso que hay algo que tiene que ver con cierta lógica de que los juicios ya no son una novedad. Es peligroso considerar natural lo que no es natural. Los juicios no son algo natural. Por otro lado, celebré que tantos fueran a ver la película, se conmovieran, lloraran y aplaudieran cuando Ricardo Darín –que hace de Julio Strassera– dice “señores jueces”, pero después, cuando ya al final de la película se ve a Adriana Calvo de carne y hueso, ahí no hay aplausos.
