La justicia salvadoreña, bajo el control del presidente Nayib Bukele, ha puesto en marcha una serie de juicios masivos contra más de 80.000 personas detenidas desde la instauración del Régimen de Excepción, en marzo de 2022. Este viernes, un tribunal de San Salvador inició la fase final del proceso contra 58 personas acusadas de integrar una célula de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), conocida como Hollywood Locos Salvatruchos, que operaba en distintas zonas del país.
El juicio forma parte, sin embargo, de un entramado judicial mucho más amplio en el que los acusados han quedado prácticamente desprovistos de garantías de defensa. Desde marzo de 2022, el Gobierno aprobó la suspensión de cuatro derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la defensa, lo que ha impedido que una gran parte de los detenidos conozca siquiera a su abogado.
En septiembre de 2023, la Asamblea Legislativa —dominada por el oficialismo— aprobó reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley Contra el Crimen Organizado que permiten a la Fiscalía realizar “agrupaciones” de cientos o incluso miles de personas acusadas de pertenecer a las pandillas Barrio 18 o MS-13. En la práctica, esto implica que una persona detenida en una zona donde opera una de estas estructuras criminales puede ser imputada por pertenencia a la pandilla, sin necesidad de pruebas individualizadas.
Los juicios se desarrollan, además, por bloques. El proceso iniciado este viernes contra 58 personas está integrado en una causa mayor que involucra a más de 3.000 acusados, según explicaron a EL PAÍS abogados conocedores del expediente. Estos procedimientos comenzaron en diciembre pasado, de acuerdo con dos fuentes jurídicas consultadas por este diario.
Las reformas legales aprobadas en 2023 facultan a la Fiscalía a agrupar a miles de personas en un solo proceso penal, mantener los juicios abiertos de manera indefinida y dictar sentencias de forma escalonada contra pequeños grupos. Esta mecánica ha terminado por desbordar incluso a los propios defensores. “Las audiencias únicas abiertas parten de las agrupaciones hechas por la Fiscalía y nosotros solo tenemos acceso a la parte que corresponde a nuestros defendidos. No sabemos con precisión de qué se les acusa y, en muchos casos, todo parece diseñado para condenarlos sin que la defensa pueda acceder al expediente completo”, explica una abogada que pidió el anonimato por razones de seguridad.
Aunque el Régimen de Excepción suspende formalmente solo cuatro derechos constitucionales, el Gobierno de Bukele ha impulsado decenas de reformas a leyes secundarias que han configurado un escenario de condena anticipada. En septiembre de 2025, la Asamblea Legislativa modificó ocho artículos de la Ley Contra el Crimen Organizado, lo que permite que personas acusadas de pertenecer a pandillas permanezcan siete años o más en prisión sin recibir sentencia.
El mensaje del presidente ha sido inequívoco. “No los vamos a liberar ya, ni nunca”, afirmó Bukele durante su discurso a la nación al iniciar su séptimo año en el poder, en junio del año pasado.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado más de 5.000 detenciones arbitrarias. El propio ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reconoció en octubre pasado que, en casi cuatro años de Régimen de Excepción, han sido liberadas cerca de 8.000 personas, de un total superior a las 90.000 detenidas.
La Fiscalía General informó ese mismo mes que procesa 590 causas contra 82.078 personas arrestadas bajo el Régimen de Excepción y que ha asignado 291 fiscales para llevar estos casos, lo que supone una media de 282 personas por investigador. Organizaciones locales como Cristosal, la principal entidad de defensa de derechos humanos en El Salvador, advierten de que estos procesos masivos desembocarán en condenas injustas.
