La Comisión Europea duda de que pueda perseguirse penalmente a los directivos de plataformas digitales del contenido que otras personas compartan en ellas, como planea el Gobierno español. “¿Es responsable un director general de lo que se publica en Internet? Es muy difícil”, ha respondido el portavoz de la Comisión Europea para asuntos digitales, Thomas Regnier, “esta es precisamente la razón por la que el reglamento de servicios digitales no lleva a cabo investigaciones penales”. También ha añadido que esta norma de la UE no persigue a individuos, sino que controla las plataformas digitales: “Por lo tanto, si el director ejecutivo promueve algorítmicamente a un partido político y reduce la visibilidad de todos los demás, no se convierte en responsable”.
En ese contexto, el fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrov, ha instado este miércoles a los españoles a mantenerse “vigilantes”, exigir transparencia y luchar por sus derechos. “Estas medidas pueden convertir a España en un Estado vigilado bajo el pretexto de la protección”, ha dicho el multimillonario nacido en Rusia en un mensaje que ha mandado a sus usuarios españoles en el que asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando “unas normativas peligrosas que amenazan las libertades digitales”.
Respecto a la posibilidad de que los directivos de las plataformas tengan que responder legalmente por el contenido de odio difundido en las redes, Dúrov ha asegurado que este punto puede llevar a la “censura excesiva”. “Las plataformas eliminarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando la disidencia política, el periodismo y las opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo”, ha advertido. En 2024, Dúrov fue detenido en Francia por cargos que van desde el blanqueamiento de crímenes a complicidad en la difusión de imágenes pedófilas.
Los planes anunciados por Sánchez provocaron una furibunda reacción del dueño de la red social X el martes. Elon Musk calificó al presidente español de “totalitario fascista” y “sucio”. Al debate también ha entrado este miércoles el fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrov, con un mensaje que ha mandado a sus usuarios españoles en el que asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando “unas normativas peligrosas que amenazan las libertades digitales”.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el martes que planea vetar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y convertir en delito la manipulación de los algoritmos. Pero este plan corre el muy serio riesgo de chocar con las normas europeas más recientes que regulan los mercados, el reglamento de los mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés), y los servicios, el reglamento de los servicios digitales (DSA). Ambas, por cierto, han sido muy atacadas y criticadas por las grandes tecnológicas estadounidenses y por La Casa Blanca.
Las dudas que ha expresado este miércoles la Comisión Europea son genéricas. “No hay todavía un borrador de ley”, ha señalado el portavoz. Sin embargo, no se ha detenido ahí. Cuando el Ejecutivo de la UE no quiere dar más explicaciones sobre un asunto, lo habitual es que se detenga en este punto y se escude en la falta de un texto legal para ir más allá. Esta vez, en cambio, no ha sido así. A continuación, Regnier ha dado una larga explicación sobre un elemento “importante”: la posibilidad de considerar delito la manipulación de los algoritmos.
“¿Se puede, en términos generales, responsabilizar a los directores generales de lo que ocurre en las plataformas? Se trata de un debate muy largo que lleva años existiendo, también dentro de la Comisión y con nuestros Estados miembros, y también cuando se negoció el DSA. ¿Se trata también de una exención de responsabilidad? ¿Es responsable un director general de lo que [yo] publico en Internet? Es muy difícil [la respuesta]. Esta es precisamente la razón por la que el DSA no lleva a cabo investigaciones penales», ha desarrollado. “No perseguimos a individuos con el DSA. Nos centramos en las plataformas. Por tanto, si el director ejecutivo promueve algorítmicamente a un partido político y reduce la visibilidad de todos los demás, no se convierte en responsable. La plataforma se convierte en responsable”.
A este argumento, hay que añadir otro que explicó el mismo portavoz el día anterior: los Estados miembros no pueden crear obligaciones adicionales para las plataformas digitales a los que ya se contemplan en el reglamento de la UE, en este caso el DSA.
“Es posible que un caso de manipulación de un algoritmo sea una infracción del DMA y, especialmente, si no tiene implicaciones en un mercado, del DSA. Si ahora un Estado miembro adopta una reforma penal que hace exactamente lo mismo, es posible que esté infringiendo el DSA. No puede haber dos normas regulando lo mismo, pero de forma diferente. Esa es la duda de la Comisión”, explica Daniel Sarmiento, catedrático de Derecho de la Unión Europea.
No obstante, hay opiniones jurídicas divergentes. Alberto Alemanno, profesor de Derecho Europeo en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en París (HEC Paris), cree que los Gobiernos sí que pueden fijar estándares más rigurosos. Para este experto, la iniciativa española, como la de Grecia, Francia, Austria y Dinamarca (países que han anunciado que prevén vetar el acceso de menores a las redes en diferentes edades, 15 o 16 años, o lo han aprobado ya) “demuestra que la UE va a la zaga en materia de protección digital, y sus medidas dan lugar a un importante experimento normativo, con algunos Estados miembros que cuentan con legislaciones más estrictas que otros”. Su análisis, en este punto más político, es que esto puede dar pie a que “la UE intervenga y siga los pasos de España y Grecia”.
