Estados Unidos presiona y México, por lo general, concede. Esa dinámica se repite desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca en materia de migración, seguridad, y ahora también, agua. La cuestión ha ido ganando peso a medida que se acercan las elecciones de noviembre, pues el agua es vital para el campo texano, base electoral del trumpismo. Los dos países alcanzaron el martes un nuevo acuerdo para el trasvase desde el Río Bravo. El pacto, que el secretario de Estado, Marco Rubio, vendía como “otro ejemplo de que el presidente cumple con el pueblo estadounidense”, compromete a México a entregar un mínimo anual de agua a su vecino: 431 millones de metros cúbicos, la quinta parte del total. Es decir, asume que los 1.258 millones se pueden y se deben entregar de manera uniforme, sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas. El acuerdo contraviene el Tratado de 1944, que fija márgenes de cinco años por la volatilidad del clima, y pone en riesgo las posibilidades de siembra del campo mexicano, que ya vive una situación de fragilidad por el estrés hídrico y por el último envío extraordinario, según sus representantes. El mismo martes que hacían público el acuerdo, además, Estados Unidos aprobaba una Ley de asignaciones para 2026 en la que condiciona cualquier ayuda al Gobierno mexicano, salvo la destinada al combate al fentanilo, a que cumpla el Tratado de Aguas.
“Van a quedar sin sembrar más de 100.000 hectáreas tan solo en el distrito 025 por falta de agua”, dice Jorge Luis López, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas y vocal en el Consejo de Cuenca del Río Bravo. “Se está afectando el sistema de riego más grande del país y no lo alcanzan a visualizar”, completa. Habla de los 249 millones de metros cúbicos que México se comprometió a entregar antes del cierre de enero, en apenas un mes, un trasvase que según López ha impactado de lleno en la siembra del campo tamaulipeco, que ha dejado la mitad de la tierra sin cultivar porque no tenía con qué regarla ni tampoco llovió lo suficiente para compensar ese déficit. El Gobierno de México no ha confirmado todavía si ha efectuado ese trasvase.
De acuerdo con el representante estatal, para ese envío tomaron agua tanto de las presas internacionales ―La Amistad y la Falcón, parte del Tratado― como de El Cuchillo y la Marte R. Gómez, que continúa actualmente abierta. Las primeras, con un llenado muy bajo, son las que abastecen al distrito 025. La del Cuchillo, en mejor estado, abastece a la zona metropolitana de Monterrey, por eso temen que, en el medio o largo plazo se ponga en riesgo también el consumo humano en Nuevo León, un escenario que la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha descartado. “En todo caso, es Tamaulipas, y estamos trabajando en varios temas” con ellos, dijo la mandataria en su conferencia matutina del martes.
Jorge Luis López asegura que hace una semana, justo antes de la visita de Sheinbaum a Reynosa, el Gobierno federal ofreció a los agricultores un subsidio de 1.000 pesos por hectárea, pero estos lo rechazaron por considerarlo una “limosna” que no alcanzaba para compensar el daño. Siguen, pues, en negociaciones. La presidenta, además, anunció un plan de tecnificación del campo que pretende ahorrar agua en los cultivos, una medida que apunta en la dirección correcta, dicen los expertos, pero que es todavía insuficiente y que en el corto plazo no compensa el déficit que se genera por las entregas “fuera del tratado”. “El reto es tan grande que los recursos se quedan muy cortos”, apunta Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que cree que debe hacerse una gran inversión en todo el país, no solo en la zona norte, pues México “se está haciendo cada vez más árido” y debe comenzar a adaptarse a ello.
“Aquí hay una lección que aprender. Uno, ver qué sembramos en esta región. Hay que sembrar otros cultivos, el sorgo es mucho más apto, necesita menos agua que el maíz en esa zona”, señala Esteve, que añade un segundo punto: “Tenemos que trabajar en la conectividad. Perdemos prácticamente la mitad del agua en la transmisión por unos canales inadecuados”. En esa línea se expresa también López, que ve como parte del origen del problema la ampliación que se hizo en su día de la superficie que se podría sembrar y el cambio hacia cultivos que tienen una demanda de agua mayor, lo que ha obligado a extraer de las presas más volumen del aconsejable.
Eso confluye con las presiones de un vecino que es insaciable y busca compromisos difícilmente alcanzables que van más allá de lo que el propio Tratado establece. Ese acuerdo de 1944, dice el representante estatal, es una “joya jurídica, técnica y literaria”, pues incorpora las variaciones del clima, incontrolables para ningún Gobierno, y establece márgenes que aseguran el cumplimiento: “La cuenca es muy noble, da para el Tratado y da para todos”. “Si nos piden algo más allá de eso, vamos a caer en graves incumplimientos. No solamente incumplimientos, sino que vamos a acabar comprometiendo el agua para consumo humano”, concuerda el presidente del ente nacional.
Ambos apuntan a un cumplimiento estricto del tratado que, dicen, es sabio como la naturaleza y prevé que un año seco pueda ser compensado por un ciclón al siguiente que desborda las presas y permite equilibrar con creces el rezago anterior. “Tiene que imponerse la lógica que estableció el tratado. Tenemos que seguir la ciencia y también mostrar buena voluntad, demostrar que estamos siendo cuidadosos con los recursos”, añade en tono conciliador Jorge Esteve.
Nada de eso parece servir al Gobierno dirigido por Trump, que presiona para obtener resultados concretos, tangibles y rápidos que pueda vender ante su electorado en un año crucial para el destino político de Estados Unidos. Tanto es así que el senador texano John Cornyn envió una carta hace una semana al encargado de negociar el acuerdo comercial (TMEC) con México y Canadá, Jamieson Greer, para que incluya esta cuestión en los asuntos a tratar.
Mientras tanto, Estados Unidos intimida con aranceles a quien no cumpla con sus exigencias, una amenaza que México no ha conseguido conjurar y que predispone a la presidenta a ceder para no avivar el afán intervencionista del norte. También ahí coinciden los representantes del sector agrario, que creen que el sacrificio del campo mexicano en favor del campo texano debe verse recompensado. “Lo justo es que esa afectación que estamos pagando para evitar aranceles sirva para apoyar a los agricultores”, consideran. La batalla será larga: todavía restan otros 737 millones de metros cúbicos por entregar del ciclo anterior, más los 2.158 millones del actual.
