Las denuncias por abuso sexual ocupan hoy un lugar central en la agenda judicial y mediática argentina. Con razón: se trata de delitos gravísimos que dejan huellas profundas en quienes los padecen y que durante décadas permanecieron invisibilizados. Sin embargo, junto con ese avance en la visibilización y en la ampliación de los canales de acceso a la justicia, emergió un debate sensible: el de las denuncias falsas.
Quienes transitamos los tribunales a diario sabemos que mencionar este tema genera incomodidad. Muchos interpretan la sola referencia como una forma de relativizar la violencia sexual o de poner en duda a las víctimas reales. Tampoco puede desconocerse que denunciar implica atravesar obstáculos importantes: miedo, dependencia económica, presión familiar o revictimización institucional. Pero un sistema penal serio también debe admitir que existen abusos del proceso y que una imputación injustificada por este tipo de delitos puede arruinar reputaciones, vínculos familiares y proyectos personales en muy poco tiempo.
En el derecho penal argentino, la denuncia no equivale a condena. La Constitución y los tratados internacionales imponen la presunción de inocencia y la exigencia de prueba suficiente. Sin embargo, en la práctica, la apertura de una causa genera efectos inmediatos: exposición pública, medidas cautelares, restricciones de contacto o consecuencias laborales. Allí aparece una de las tensiones más delicadas del sistema: cómo proteger a la presunta víctima sin adelantar una sanción social irreversible sobre quien aún no ha sido declarado culpable.
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Esta problemática se vuelve especialmente compleja cuando el proceso penal se cruza con conflictos laborales, familiares o litigios civiles, como divorcios o disputas por el cuidado personal de niños. Esa superposición exige una mirada prudente. El derecho penal no puede ser usado como herramienta estratégica en otros conflictos, pero tampoco puede partir de la sospecha sistemática hacia quien denuncia. El desafío es doble: evitar la instrumentalización del sistema y, al mismo tiempo, no desalentar denuncias legítimas.
Desde la política criminal, las respuestas simplistas resultan riesgosas. Endurecer penas por denuncias falsas puede generar un efecto inhibidor si se percibe como una amenaza generalizada. En sentido contrario, negar su existencia erosiona la confianza pública y deja sin respuesta a quienes fueron acusados injustamente.
La alternativa está en fortalecer la calidad de las investigaciones: protocolos claros para recibir testimonios, pericias rigurosas, abordajes interdisciplinarios y resoluciones judiciales fundadas. Un proceso serio protege mejor a todos: a quien denuncia de buena fe y a quien es acusado sin sustento.
Salir de la lógica binaria es indispensable. No se trata de creer ciegamente o desconfiar por sistema, sino de sostener un principio básico del Estado de Derecho: investigar con seriedad, juzgar con pruebas y recordar que la función del proceso penal no es satisfacer demandas inmediatas de castigo, sino acercarse lo más posible a la verdad. Solo así podrá construirse una justicia que ampare a las víctimas reales, repare a los inocentes y conserve su legitimidad ante la sociedad.
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