El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo , fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
El magistrado señaló al ex funcionario por haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis para enriquecerse. Y aseguró que también integrarían esa banda, en calidad de jefes, Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian, a quienes procesó. Calvete (quien está preso por otra causa) y Atchabahian, vinculados a droguerías y que se desempeñaron como funcionarios en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la Andis desde afuera, en coordinación con las autoridades oficiales, según el fiscal Franco Picardi. La Justicia afirma que hubo licitaciones digitadas y sobreprecios.
Este lunes Casanello procesó a Casanello a 19 personas entre ex funcionarios y empleados de la Andis y privados que habrían participado de las maniobras para defraudar al Estado. A todos, además, les trabó embargo sobre sus bienes. El embargo más alto fue el de Spagnuolo, de 202.828.725.464 pesos.
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Los ajustes en discapacidad buscan convertir al sistema en asistencialista
Según el juez, durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirma el fallo de Casanello, al que accedió PERFIL.
El juez advierte que hay que profundizar la investigación, que tiene delegada en el fiscal Franco Picardi. En la sentencia que se conoció este lunes indica que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”. «El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (…). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados», afirma.
El patrón de regresividad sistemática en discapacidad
En los audios que se conocieron en el mes de agosto, Spagnuolo aseguraba que un porcentaje de los retornos obtenidos por parte de las droguerías, el 3%, sería para la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Y decía que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando. Apuntaba como responsable de la maniobra al asesor del Presidente, Eduardo «Lule» Menem.
Dichos audios no fueron usados como prueba por el fiscal del caso, Franco Picardi, ni por el juez Casanello.
La defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker (de la droguería Suizo Argentina), a cargo de Martín Magram, había planteado que el origen de las las grabaciones era ilícito y reclamó que toda la causa fuera declarada nula. Otros defensores se sumaron a ese planteo. Este lunes, en paralelo con los procesamientos, Casanello rechazó esos pedidos de nulidad.
