El default de Bioceres S.A. dejó de ser una noticia financiera para convertirse en una batalla legal de alto voltaje. La confirmación de que la empresa no puede honrar sus deudas de más de USD 50 millones precipitó una ofensiva judicial por parte de los tenedores de acciones, quienes convocaron a una asamblea clave para el próximo 25 de febrero de 2026.
El dato que cambia la ecuación es político: los apuntados, Federico Trucco y Manuel Alberto Sobrado, ya no forman parte del día a día del Directorio de la entidad local en crisis (Sobrado renunció en octubre de 2025 y Trucco concentra su actividad en la controlante global). Por ello, el objetivo de la asamblea no es pedir renuncia, sino ejecutar sus patrimonios personales.
Los accionistas sospechan que orquestaron una maniobra de ingeniería societaria para transferir los activos valiosos al holding internacional (Bioceres Crop Solutions) y dejar en la firma local solo los pasivos incobrables.
La convocatoria: un ultimátum legal
El llamado a Asamblea General Ordinaria expone esta estrategia de confrontación final. El Orden del Día, redactado con frialdad jurídica, incluye en su tercer punto la herramienta más agresiva que permite la Ley de Sociedades: «Acción social de responsabilidad contra el Sr. Federico Trucco, y contra el Sr. Manuel Alberto Sobrado. Informe a los Sres. Accionistas. Curso de acción a adoptar, medidas complementarias y/o conexas».
La cita será virtual a través de la plataforma Zoom, a las 10. Allí se definirá si la compañía, impulsada por sus socios perjudicados, demanda a sus exadministradores.
Qué buscan con la «Acción de Responsabilidad»
Al no estar los acusados en funciones operativas dentro de esta sociedad específica, la figura legal del artículo 276 de la Ley 19.550 cambia su sentido práctico. Expertos en derecho comercial explican que la aprobación de este punto habilita el reclamo indemnizatorio directo.
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La tesis de los accionistas rebeldes es clara: atribuyen el default a una conducta dolosa o de «culpa grave» de la administración anterior. Sostienen que Trucco y Sobrado vaciaron la «vieja» Bioceres S.A. para blindar el negocio global, perjudicando a los inversores locales que quedaron atrapados en un cascarón vacío y endeudado. Si la asamblea vota a favor, se abre la vía para embargar bienes y perseguir la fortuna personal de los ejecutivos para cubrir el agujero financiero.
El frente Rizobacter y la alerta de FIX
El colapso de la casa matriz local ocurre en simultáneo con el deterioro de la «joya» operativa del grupo, Rizobacter. La firma de microbiología también enfrenta su propia crisis de liquidez y debió sentarse a renegociar con acreedores tras incumplir vencimientos.
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El contexto financiero quedó plasmado en el último informe de la calificadora de riesgo FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings), que decidió bajar la nota crediticia de Rizobacter. La agencia fundamentó su decisión en la «flexibilidad financiera restringida» y el impacto negativo del actual «proceso de refinanciación» de deuda.
Para FIX, la interdependencia entre las empresas del grupo es un factor de riesgo: la insolvencia de la sociedad madre (Bioceres S.A.) contamina la capacidad de crédito de sus controladas. Este reporte técnico servirá el 25 de febrero como prueba documental para los accionistas que denuncian el manejo irresponsable de las finanzas corporativas.
ML
