La madrugada del 20 de febrero de 2019, El Paisa aparcó el Nissan Sentra negro frente al hogar familiar de Samir Flores en Amilcingo, un pequeño pueblo al este de Morelos. Azael Martínez, Salvador Aparicio y Javier Rosendo Pareja bajaron y llamaron al activista a gritos, desde la entrada de terracería, fuera de la luz de la puerta principal. Querían poner un anuncio en la radio comunitaria que había fundado. Samir salió, lo agarraron y arrastraron hacia la oscuridad. Sonaron cuatro disparos. Dos impactaron en su cabeza. Los sicarios entraron en el coche y huyeron a toda velocidad por los caminos de tierra.
Seis años y 361 días después de su asesinato, tras la ejecución de Azael Martínez, la desaparición de Salvador Aparicio, que nadie sepa el nombre real de El Paisa y que tres de los testigos clave estén también muertos o desaparecidos, arranca el juicio contra el presunto gatillero Javier Rosendo Pareja. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Quién mató a Samir Flores? Pese a los indicios de que el crimen fue un encargo debido a su oposición al Proyecto Integral Morelos—una infraestructura gubernamental que consta de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en los Estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos—, esa línea de investigación nunca se caminó.
EL PAÍS reconstruye la investigación y sus falencias sobre una de las primeras muertes violentas de un defensor del medio ambiente tras la llegada al poder de Morena, con víctimas, testigos, abogados y los documentos de la carpeta de investigación elaborada por la Fiscalía General del Estado de Morelos. El asesinato de Flores ocurrió tras varias peleas con autoridades locales, estatales y federales, dentro de una contradicción entre las promesas de campaña y la acción de Gobierno por parte del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras comprometerse en sus 12 años de campaña a detener el Proyecto Integral Morelos, cuando llegó al poder lo defendió.
Un Nissan negro y cuatro balazos
Esa madrugada, Samantha Cesar, activista y vecina de Samir Flores, estaba despierta. Acababa de nacer su hijo y estaba amamantando. Escuchó los balazos—“las cuatro detonaciones”— y supo lo que había pasado. Salió a la puerta y pasó ante su cara el coche negro. Samantha recuerda, además de gritarles “¡malditos!”, llegar a leer la mitad de la matrícula y quedarse para ver hacia qué lado torcía el carro. Luego corrió a la casa de Samir, donde su mujer, Liliana Velásquez, lloraba ante la agonía de su marido. Le llevaron a un hospital cercano, pero no hubo nada que hacer y a los minutos Liliana se convirtió en viuda. Ahí acudió la policía estatal y Samantha les describió, por primera vez, el vehículo negro, la placa parcial y la dirección en la que había huido.
La búsqueda de este Nissan Sentra fue, de acuerdo a la carpeta de investigación, torpe en el mejor de los casos. El mismo día del asesinato, un agente sin identificar reportó que habían visto un coche con esas características en el crucero de Huazulco, a escasos dos kilómetros de donde dispararon a Samir Flores. Acuden un par de patrullas, no lo encuentran y dejan de buscarlo. Las cámaras de seguridad que podrían haber seguido el trayecto las van pidiendo a cuenta gotas, días y semanas después, y los análisis no llegan hasta casi un mes del asesinato.
No es hasta más de cuatro meses después que piden un estudio de las posibles rutas de escape de los criminales y solicitan que se busque un coche de esa marca y con esa matrícula parcial. Aunque, para ese momento, uno de los testigos, un policía local, había acudido a la fiscalía a declarar que el Nissan Sentra negro pertenecía a Azael Martínez. “Lo tenemos identificado como malandro que se dedica a matar y secuestrar sin que se le haga nada, supongo que porque es allegado del presidente municipal de Temoac”, cita la carpeta. Se refiere a Valentín Lavín Romero, que en 2024 volvió a ese mismo cargo por el Partido Verde y acaba de pedir licencia después de un intento de asesinato. Amilcingo pertenece a ese municipio. Según otro de los testimonios, este grupo criminal se siguió moviendo en la zona con ese vehículo.
Lo mismo ocurrió con otras pruebas. Se perdió una cartulina que los criminales dejaron tras disparar contra Samir Flores, uno de los casquillos tuvo un problema en la cadena de custodia, la Fiscalía acudió a buscar pruebas a la escena del crimen meses después del día de los hechos y no investigó las inconsistencias de las declaraciones policiales hasta octubre de 2019.
A principios de 2021 se cerró la investigación, ya con órdenes de captura contra los tres sospechosos. Para entonces, Azael Martínez había sido asesinado en Puebla, Salvador Aparicio desapareció y de él nunca más se supo, y a finales de 2021, coincidiendo con la inauguración del Proyecto Integral Morelos, la Fiscalía anunció que había detenido a Javier Rosendo Pareja. Días después se descubrió que, en realidad, llevaba en prisión más de un año por otro delito.
Liliana, la viuda de Samir, cuenta que al ver llegar a los agentes de la Fiscalía a intentar encontrar casquillos y nuevas evidencias cuando ya había pasado casi un año, sentía que se estaban burlando. Tanto ella como Samantha, su amiga y vecina, dudan de la calidad de la investigación de la Fiscalía, y piensan que no hay interés real por encontrar a los culpables. “La cuestión no es quién disparó a Samir, sino quién le mandó matar”, enfatiza Samantha, “y esa es la pregunta que no quieren contestar”.
La Patrona
La propia carpeta de investigación tiene un hilo para buscar una respuesta. De acuerdo a la declaración de un informante, la sentencia de muerte para Samir Flores se dictó el viernes 14 de diciembre de 2018. Ese día, el líder de la Central Campesina Cardenista en Morelos y enemigo jurado de Samir Flores, Humberto Sandoval, se reunió en el municipio de Temoac con una mujer a la que identifican como La Patrona. Sandoval preguntó que cuánto le costaba que mataran a Samir Flores, ya que andaba haciendo “mucha protesta” por lo de la termoeléctrica. La Patrona es el apodo criminal de una extesorera del municipio y también familia del presidente municipal Lavín Romero, que ha sido detenida en varias ocasiones por extorsión, narcomenudeo, secuestro y homicidio, y es vinculada con el grupo criminal de Los Aparicio. Este testigo está desaparecido.
La Patrona llamó a Salvador Aparicio y le dijo que se encargara de Samir. Este le pidió tiempo para preparar el asesinato. La madrugada del 20 de febrero de 2019, según otro testigo que trabajaba para este grupo, los cuatro gatilleros se reunieron en una casa en obra negra en Temoac. “Se tomaron unas cervezas, se drogaron y como a las 5 cargaron sus armas”, se lee en el documento. “Azael Marrínez dijo, ‘vamos a reventar al puto de Samir’”. Este testigo fue asesinado.
También la realidad fue dando pistas que se dejaron abandonadas. En septiembre de 2020, el entonces gobernador, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, dijo que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sabía quién asesinó a Samir Flores pero que no quería revelarlo por miedo. Un año largo después, tras la publicación de una fotografía de Blanco con tres de los principales líderes criminales de Morelos, una mañana apareció una narcomanta en la plaza central de Oaxtepec. Entre insultos al gobernador, le advertían contra saltarse “los acuerdos” y que, si esto ocurría, se darían los “datos exactos de la muerte de Samir”. Además mandaban saludos al político evangélico Hugo Eric Flores, que había tenido peleas públicas con Samir Flores. EL PAÍS pidió entrevistas con Blanco, Flores y Sandoval, pero a cierre de edición no habían contestado.
El abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y que acompaña a la familia de Samir Flores, ironiza que el trabajo de la Fiscalía General de Morelos ha sido “muy inteligente”. En agosto de 2020, a petición de Peña y su equipo, el juez obligó a la Fiscalía a buscar la declaración de Hugo Eric Flores, Humberto Sandoval y La Patrona. Cuatro meses después, sin que los agentes hubieran logrado localizar a ninguno de ellos, cerraron la investigación. “Se cuidaron de tener elementos suficientes para poder avanzar en un juicio pero que, a la vez, no permitieran subir un nivel superior al de los autores materiales”, reflexiona Peña.
En agosto de 2023, la Fiscalía General de la República, a petición de la familia, le quitó el caso a Morelos y lo llevó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Coincidió con la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por obstrucción de la justicia en el caso de una mujer asesinada en Ciudad de México pero que su cadáver fue abandonado en Morelos. Desde la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México se acusó a Carmona de “encubrir el feminicidio por presuntos vínculos con una de las personas implicadas”.
La investigación del asesinato de Flores mereció hasta una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que calificó la actuación de la Fiscalía de “irregular y negligente”, sin haber explorado “las líneas de investigación relacionadas con el activismo y la defensa de la tierra”. Se pidió hablar con la Fiscalía de Morelos, sin haber recibido una respuesta al momento de publicación.
El caso, dice Peña, técnicamente no está en la impunidad. “Hay órdenes de aprehensión, culpables identificados, un detenido… pero todo se da dentro de un teatro, una escenografía para poder decir que está resuelto”, reflexiona. Pone como muestra la tardanza en detener a los culpables materiales. “Si actúas de forma más rápida, puedes obtener más información que probablemente no puedas controlar”, acusa.
“Lo único que hizo la Fiscalía local fue reconstruir la autoría material”. Se buscó el quién, el cuándo y el dónde… pero no el por qué. La pregunta, también para Peña, es quién mató a Samir Flores.
Desde la muerte de Samir Flores, al menos otros 210 activistas por el medio ambiente y defensores del territorio han sido asesinados—o desaparecidos—en México, de acuerdo a un análisis realizado por EL PAÍS de noticias publicadas e informes de asociaciones. Cinco Estados concentran el 65% de las víctimas: Oaxaca con 43 casos, seguido de Guerrero con 33, Chiapas con 21 y cierran la lista Michoacán y Sonora con 20 cada uno. El peor año fue 2021, con 47 activistas asesinados o desaparecidos. La inmensa mayoría de estos crímenes quedan impunes.
Hay también 17 eventos de asesinatos múltiples, como cuando el mes de mayo de 2024, en la Sierra Madre de Chiapas, fueron asesinadas nueve personas junto al matrimonio de catequistas Ignacio López e Isidra Sosme Temich por criticar el crimen organizado y oponerse a que explotara una mina de barita cercana.
Tampoco que un caso gane tracción mediática garantiza nada. Hace tres años que Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia fueron secuestrados en el contexto de una lucha legal contra una minera y, pese a que hubo hasta pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas, no hay rastro de los activistas y solo están detenidos parte de los autores materiales. Para el homicidio de Homero Gómez, defensor del Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán, fue necesario estrenar un documental en Netflix para que las autoridades reactivaran la investigación.
El asesinato de Samir Flores es un molde para el resto de los homicidios de activistas. El presunto sicario lleva detenido y acusado desde hace ya cinco años, pero el juicio no ha comenzado hasta ahora por un rosario de impugnaciones, amparos y aplazamientos. Todo ha llevado a que el proceso comience la misma semana que se cumplen siete años de esa madrugada en la que un Nissan Sentra negro aparcó frente a su hogar familiar.
Liliana Velásquez sigue viviendo en la misma casa, donde se siente enjaulada entre cámaras de seguridad. Al salir a trabajar, pasa por el lugar donde vió morir al padre de sus cuatro hijos. Samantha Cesar dejó Amilcingo por la inseguridad y volvió a Ciudad de México. David Peña encara estoico el juicio contra el presunto gatillero. Ninguno respalda el trabajo de la Fiscalía de Morelos. Están de acuerdo que pueden ser los actores materiales, pero los sicarios son los brazos ejecutores de otra voluntad. Los tres se hacen la misma pregunta. ¿Quién mató a Samir Flores? Ninguno confía en que la justicia les vaya a dar una respuesta.
